Chocó a un motociclista al cruzar en rojo y acordó una reparación millonaria para evitar el juicio en Neuquén
Un conductor acusado de causar lesiones graves a un motociclista en un choque ocurrido en 2023 acordó una reparación económica de $12 millones. El convenio fue homologado por la Justicia de Neuquén y contempla reglas de conducta durante dos años.
Un hombre imputado por provocar lesiones graves a un motociclista en un siniestro vial ocurrido en la ciudad de Neuquén evitó llegar a juicio luego de alcanzar un acuerdo con la víctima y el Ministerio Público Fiscal. La propuesta, que incluye una reparación económica de 12 millones de pesos y el cumplimiento de diversas reglas de conducta durante dos años, fue homologada por un juez de garantías.
El hecho ocurrió el 15 de abril de 2023, cerca de las 16:50, en la intersección de las calles Mosconi y Linares. Según la acusación fiscal, el conductor atravesó el cruce sin respetar la luz roja del semáforo y colisionó contra una motocicleta que circulaba con prioridad de paso.
Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió una fractura en el brazo derecho que requirió una intervención quirúrgica y un prolongado tratamiento de recuperación. Los informes médicos determinaron que las lesiones demandaron más de 60 días de curación e incapacidad laboral.
Una causa que atravesó años de negociaciones
La investigación calificó el hecho como lesiones graves culposas doblemente agravadas por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor y por la violación de la señalización semafórica.
Durante una audiencia realizada esta semana, la defensa presentó una propuesta consensuada con el fiscal del caso, Andrés Azar, y la querella. El acuerdo contempla el pago de una reparación económica total de 12 millones de pesos, que será abonada en 24 cuotas mensuales.
Al fundamentar su postura, Azar explicó que el expediente atravesó numerosas instancias de mediación y negociación desde que ocurrió el hecho. El fiscal señaló que existieron múltiples intentos para arribar a una solución consensuada y remarcó que finalmente se logró un entendimiento entre las partes.
Además, destacó que el imputado no posee antecedentes penales condenatorios, circunstancia que fue valorada al momento de acompañar el pedido de suspensión del proceso a prueba.
Las condiciones impuestas por la Justicia
Uno de los aspectos analizados durante la audiencia fue la inhabilitación para conducir, una medida habitualmente prevista en este tipo de delitos. Sin embargo, el fiscal consideró que las particularidades del caso permitían reemplazar esa exigencia por la realización de un curso de manejo defensivo.
Entre los argumentos mencionó el tiempo transcurrido desde el siniestro, los reiterados intentos de conciliación y la ausencia de antecedentes penales.
La víctima, representada por un querellante particular, prestó conformidad con el acuerdo alcanzado. Su abogado destacó el trabajo realizado para arribar a una solución consensuada y acompañó las condiciones pactadas.
Antes de que se resolviera el planteo, el propio imputado tomó la palabra ante el juez y pidió disculpas por lo sucedido.
Dos años bajo probation
El juez de garantías Marco Lupica Cristo homologó el acuerdo y otorgó la suspensión del proceso a prueba por el plazo de dos años.
Además de cumplir con el pago de la reparación económica, deberá realizar un curso de manejo defensivo, completar 96 horas de tareas comunitarias, presentarse cada dos meses ante Población Judicializada, fijar y mantener domicilio, abstenerse de consumir estupefacientes y moderar el consumo de alcohol.
Al resolver, el magistrado destacó el trabajo realizado por las partes para alcanzar una salida consensuada después de varios años de negociaciones. También recordó que el beneficio podrá ser revocado si el imputado incumple cualquiera de las condiciones impuestas o si comete un nuevo delito durante el plazo fijado.
En ese caso, la causa retomará su curso hacia la etapa de juicio.
Un hombre imputado por provocar lesiones graves a un motociclista en un siniestro vial ocurrido en la ciudad de Neuquén evitó llegar a juicio luego de alcanzar un acuerdo con la víctima y el Ministerio Público Fiscal. La propuesta, que incluye una reparación económica de 12 millones de pesos y el cumplimiento de diversas reglas de conducta durante dos años, fue homologada por un juez de garantías.
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