Río Negro podrá aplicar el retiro voluntario de empleados públicos: se aprobó la ley
El Gobierno tuvo un fuerte respaldo con los votos de 40 legisladores contra cinco rechazos. A pesar del aval, muchos pusieron el foco en criticar que las gestiones de JSRN incrementaron la planta de personal.
La Legislatura, en una maratónica sesión, aprobó esta tarde con amplia mayoría el proyecto de desvinculación voluntaria de agentes públicos. Foto: Marcelo Ochoa
Por amplía mayoría, el proyecto de desvinculación (retiro) voluntaria para el personal del Poder Ejecutivo fue aprobado por la Legislatura esta tarde en una maratónica sesión. Los votos positivos fueron 40 frente a cinco rechazos, que correspondieron a los legisladores de la bancada de Vamos con Todos.
En el debate, el oficialismo aceptó dos modificaciones: los cuotas de la indemnización tendrán sus actualizaciones (vinculadas a las variaciones de la última categoría del agente) y la docencia será exceptuada de la imposibilidad de regresar a la administración pública para quienes adhieran al régimen.
La fundamentación parlamentaria recayó en la legisladora Marcela González Abdala que enumeró en detalle la propuesta, destacó los “beneficios posteriores” para el empleado y para quienes a futuro lo contraten en el sector privado y sentenció: “Es una oportunidad para mejorar el sistema, el funcionamiento y la eficacia en las respuestas del Estado. La sociedad es otra y por lo tanto el Estado también debe serlo”.
Con este proyecto, que es voluntario y con condiciones especiales, están en condiciones de adherir 11.810 agentes del estado provincial, según se informó.
El proyecto tuvo amplio apoyo, pero a pesar de acompañar muchos bloques pusieron el foco en el incremento de la planta de personal estatal en los últimos 12 años que fue gobierno Juntos Somos Río Negro y las incorporaciones como medida de negociación en procesos electorales.
“Hay sobredimensión de empleados, muchas veces por conveniencias políticas, muchas veces llegan las elecciones e ingresan al Estado una cantidad exorbitante de personas”, cargó Javier Acevedo (CC-ARI).
Juan Martín (PRO) enumeró cada uno de los pases a planta permanente de las anteriores gestiones de Alberto Weretilneck y Arabela Carreras, una cifra que asciende a unos 10.000 agentes y cuestionó que se realizaron con acuerdos con el gremio ATE. También Leandro García (PJ-Nuevo Encuentro), Ayelén Spósito (Vamos con Todos), María Frei (PRO), pusieron el foco en el incremento de personal en la última década.
El presidente de la bancada oficialista, Facundo López, respondió a esas críticas al cierre del debate: “No es verdad el aumento de la planta, son trabajadores que tenían un estatus jurídico transitorio y les dimos estabilidad”, indicó y enumeró que en esos años se crearon hospitales, escuelas, comisarías que necesitaban personal.
También López aceptó algunos cambios propuestos, como la actualización del pago en cuotas, sugerido por Acevedo y García, una aclaración con el tema de los pensionados y que se exceptúe de regresar a la función pública a quienes ejerzan la docencia. Hubo otros pedidos de modificaciones, como subir la indemnización que no fue considerado.
El rechazo al proyecto solo fue del bloque Vamos con Todos. “Para nosotros es despido en este contexto”, remarcó Magdalena Odarda al aludir a la situación del país, aunque de su bloque se explayó Ayelén Spósito quien cuestionó el monto que recibirían los trabajadores que acepten la desvinculación haciendo un cálculo de un promedio de 10 millones de pesos. “Con 10 millones de pesos el que quiera invertir en algo no alcanzaría, no llegamos ni a comprar un vehículo para ponerlo a trabajar de taxi”, señaló.
Spósito cuestionó que se mencione una exención en Ingresos Brutos del posible futuro empleados del agente estatal retirado cuando “en el sector privado están echando gente, no contratando” y cargó contra el concepto de “achicar el Estado y una vez más se pone a los trabajadores como el gran problema del Estado (…) no nos cierran los números en la provincia y planteamos que los trabajadores se queden en la calle”, enfatizó.
Los puntos destacados de la desvinculación de personal
– Alcanzará a personal de planta del Poder Ejecutivo y organismos de control interno. Se invita a los otros Poderes y municipios.
– Se excluye al personal condenado o sumariado, y funcionarios superiores. Tampoco podrán adherir policías, docentes y penitenciarios.
– No se permitirá a los estatales en “condiciones” de jubilarse o ingresen en los cinco años para cumplir con los requisitos previsionales.
– La indemnización ofrecida será el pago de 1,2 sueldos por cada año de antigüedad o fracción mayor a seis meses. Mantendrán la cobertura del Ipross por un año.
– Su cancelación será totalmente al contado en los agentes de menos de cinco años.
– El resto será al contado y cuotas, con el siguiente esquemas: 6 a 10 años se abonarán seis sueldos al desvincularse y el saldo en tres cuotas mensuales; de 11 a 15 años se abonará el 50% al contado y en seis cuotas; y superiores a 16 años se cancelará la mitad al contado y en 12 cuotas. El financiamiento será con actualización de acuerdo a los aumentos recibidos en la categoría en la que se retiró, según se modificó en la sesión.
– Los estatales que adhieran no podrán ingresar nuevamente como agente público del Sector Público Provincial, excepto quienes ejerzan docencia.
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