Tortoriello propone un proyecto que busca ampliar los alcances de la Ley de protección Integral para Mujeres

El proyecto presentado por el diputado busca que los organismos del Estado realicen un trabajo interdisciplinario entre las diferentes áreas que intervienen cuando una víctima denuncia violencia de género.

El diputado nacional de Río Negro, Aníbal Tortoriello, presentó en el Congreso un proyecto que busca establecer cambios a la Ley de Protección Integral para Mujeres Víctimas de Violencia. La Ley pretende optimizar el funcionamiento de los servicios que atienden a las mujeres víctimas de violencia de género haciendo hincapié en que el servicio de justicia resulte sencillo y eficaz.  

Según el diputado de Juntos por el Cambio, Aníbal Tortoriello «se busca abordar con seriedad las barreras que existen para tener herramientas legislativas reales y efectivas, que den respuestas concretas cuando se busca resguardar y garantizar derechos tan esenciales como vivir una vida libre de violencias». 

El proyecto propone mejoras en algunos artículos. En el inciso 5.1 del artículo 11 se busca crear los Cuerpos de Abogados y Abogadas para el asesoramiento integral, legal y el patrocinio jurídico gratuito de las víctimas para que las mujeres tengan las debidas garantías cuando van a denunciar violencia. Tortoriello dijo que «un número importante de las víctimas de estos delitos no denuncian debido al temor, la vergüenza, las represalias que se produce en el marco de una investigación». 

También, señaló que «los operadores de organismos del Estado tienen la obligación de capacitarse en perspectiva de género, además de garantizar un trabajo intersectorial».  

La normativa busca que se asegure una asistencia integral en igualdad de oportunidades para las mujeres. Tortoriello explicó que esto implica que Justicia, Salud y todas las partes involucradas realicen actuaciones interdisciplinarias que respondan a los requerimientos de las víctimas y que resulten accesibles.  

En los fundamentos del proyecto se hace hincapié, especialmente, en la adopción del «principio de celeridad» en los procedimientos judiciales y administrativos, lo que implica actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar el daño ocasionado por los agresores, de modo que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo al resarcimiento y reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces.  

El diputado dijo que «al reconocer la violencia contra las mujeres como un problema de todos, podremos cambiar. Por eso, es imprescindible que esta problemática sea el centro no sólo de las mujeres sino de una cuestión social». 


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