Vamos con Todos impulsará el juicio político contra los jueces del STJ y el procurador de Río Negro

Odarda -que ya denunció penalmente a los magistrados- dijo que será una de las metas iniciales en la nueva Legislatura.

La legisladora electa Magdalena Odarda anticipó ayer que el futuro bloque de Vamos con Todos impulsará el juicio político contra los cinco jueces del Superior Tribunal de Justicia y contra el procurador general del Poder Judicial de Río Negro, Jorge Crespo.

“Están teñidos por un condicionante: sus vinculaciones con el poder político”, sostuvo la exsenadora, que volverá al parlamento provincial desde el próximo 10 de diciembre.

El 30 de octubre pasado Odarda denunció penalmente a los jueces del STJ, Liliana Piccinini, Ricardo Apcarián, Sergio Barotto, Sergio Ceci y Cecilia Criado. Fue por la presunta simulación, alteración o falsificación de documento público en el sorteo de jueces que dictaron sentencia el 31 de agosto de este año y por la cual se descartó el camino de Tacuifi, dejando como única vía de acceso al Lago Escondido.

Ayer la dirigente profundizó sus críticas hacia la cúpula judicial de la provincia, asegurando que en sus figuras se encarna “la entrega del patrimonio natural de Río Negro a un empresario británico (Joe Lewis), que está a punto de ir preso por sus delitos financieros”.

“Respeto al Poder Judicial pero otra cosa es el STJ. Este STJ, junto con la Fiscalía de Estado de la provincia, se dedicó a proteger los privilegios de este empresario”, insistió la parlamentaria electa.

Odarda dijo que la denuncia para activar el mecanismo de juicio político formará parte de las primeras acciones del bloque de Vamos con Todos, que estará presidido por José Luis Berros y que tiene como integrantes también a la exdiputada nacional Ayelén Spósito, al actual intendente de Sierra Colorada, Fabián Pilquiano y al titular de Anses en Roca, Luciano Delgado. El secretario de esa bancada será el actual legislador Alejandro Marinao.

Los cinco representantes se reunieron el fin de semana en Sierra Colorada, desde donde afirmaron que ejercerán “una oposición responsable frente al gobierno de Juntos Somos Río Negro en el plano provincial”, con “una firme defensa de los derechos adquiridos por los argentinos y las argentinas en cuanto a lo nacional”.

El juicio político en la Constitución de Río Negro

El proceso de juicio político está detallado en el capítulo VI de la Constitución de Río Negro, donde se establece que “cualquier miembro de la Legislatura o habitante de la Provincia puede denunciar ante la sala acusadora el delito, falta o incapacidad a efectos de que se promueva juicio”.

Una vez formalizada esa denuncia, el caso debe ser abordado por la Sala Acusadora de la Legislatura, que se conforma siempre en la primera sesión del parlamento, cuando se asigna a los legisladores la pertenencia a la Sala Acusadora o a la Sala Juzgadora.

Los funcionarios que pueden ser denunciados son el gobernador, el vicegobernador, y sus reemplazantes legales cuando ejerzan el Poder Ejecutivo, los ministros, los magistrados del Superior Tribunal y los demás funcionarios que establezca esta Constitución y las leyes. Y las acusaciones pueden ser por incapacidad física o mental sobreviniente, por delitos en el desempeño de sus funciones, por delitos comunes o por falta de cumplimiento de los deberes a su cargo.

Es una comisión acusadora la que tiene la responsabilidad de investigar los hechos denunciados y en un plazo máximo de 40 días debe presentar dictamen a la Sala Acusadora, la que sólo puede aceptarlo por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.

Si eso ocurre, el funcionario acusado queda suspendido y se avanza con la intervención de la Sala Juzgadora, que tiene 30 días para emitir un fallo.

Sobre el caso particular de los miembros del STJ y del procurador, Odarda dijo ayer que “sabemos que hay un mecanismo de protección, porque son parte de un engranaje”.

En las declaraciones radiales donde anticipó su decisión dijo que hay un “modus operandi”, que “empieza con un dictamen del procurador a favor de las corporaciones, de los terratenientes”, que luego “va al STJ y todo termina con fallos que revocan sentencias de primera instancia, como pasó en el caso de la minería”.


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