Villa Mascardi: hubo varios intentos de diálogo con mapuches y ninguno resolvió el conflicto
La fiscalía federal detalló cada una de las convocatorias que se hicieron para llegar a un acuerdo con la comunidad Lafken Winkul Mapu, pero sin resultado positivo. Criticó la intervención del gobierno nacional que frenó el inicio de un juicio contra 9 imputados por la usurpación de un predio de Parques Nacionales.
El 4 de octubre pasado efectivos de la Policía Federal desalojaron a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, que mantuvo durante casi 5 años varios predios usurpados en Villa Mascardi y detuvieron a un grupo de mujeres. (foto de archivo de Alfredo Leiva)
Varias veces se intentó resolver mediante mesas de diálogo el conflicto por las usurpaciones de predios de la Administración de Parques Nacionales (APN) y de particulares a manos de integrantes de la denominada comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu. Nunca prosperaron. Al contrario, solo generaron expectativas que no resolvieron el problema.
Ahora, hay un nuevo intento. Esta vez, convocado desde el gobierno nacional tras la reunión que el presidente Alberto Fernández mantuvo la semana pasada con representantes de comunidades y organizaciones mapuches.
La convocatoria surgió cuando era inminente el inicio del juicio contra 9 miembros de la comunidad mapuche, que son casi todos integrantes de la familia Colhuan Nahuel, que al mismo tiempo está registrada como comunidad desde 2012. Los 9 están imputados por la primera usurpación de un predio de Parques Nacionales en Villa Mascardi, que ocurrió el 10 de noviembre de 2017.
La fiscal federal interina de Bariloche Cándida Etchepare, hizo un pormenorizado detalle de todos los intentos por resolver el conflicto mediante el diálogo, en su dictamen que envió al juez federal Hugo Greca. En ese documento al que RÍO NEGRO accedió, expresó su malestar por esta nueva convocatoria que interfiere y frena el juicio.
“Una vez más, se me corre vista con el objeto que me expida en torno al nuevo intento defensista por evitar el inicio del juicio que otrora hubieran reclamado que se realice. No existe ya a estas alturas, a entender de este Ministerio, duda alguna en cuanto a que la dilación tiene por solo objeto evitar ad eternum el cierre definitivo de estas actuaciones y, en un futuro, lograr la prescripción de la acción penal que, en mi carácter de representante de la acusación pública, tengo la obligación de resguardar”, sostuvo Etchepare.
“A esto se suma que la inmiscusión del Poder Ejecutivo dentro de ámbitos propios del poder judicial torna, cuanto menos, peligrosa”, señaló la fiscal.
“Para dar cuenta de ello, recordaré que, en los albores de esta pesquisa, existieron diversas mesas de diálogo de tinte político llevadas a cabo por distintos organismos y actores de la sociedad y, más adelante, por el Ministerio de Justicia de la Nación -primero- y por el Ministerio de Seguridad de la Nación -después-”, recordó. “Esos infructuosos intentos de diálogo llevaron a la continuidad del proceso”, agregó.
Más intentos impulsados por la fiscalía
“Pese a esto, y tras la entrada en vigencia de ciertos artículos del Código Procesal Penal Federal, fue esta Fiscalía la que por primera vez convocó a un proceso de diálogo a tenor de lo normado por el artículo 22 del CPPF”, mencionó en el dictamen.
Indicó que esa convocatoria fue en la causa que se investiga la usurpación de uno de los predios contiguos al de Parques Nacionales usurpado en noviembre de 2017. “Dicho proceso se inició el 19 de marzo de 2021, hace ya prácticamente dos años. Para ello, se llevaron a cabo tres audiencias a lo largo de tres meses a las que se convocó al imputado Colhuan junto con sus letrados defensores, Laura Taffetani y Eduardo Soares, a la víctima Fernando Raúl Uribe Oyarzo y al presidente de la Unión Personal Superior del Gas (gremio propietario de los predios en cuestión) Ricardo Serafini”, mencionó.
“También se dio participación a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo del Sr. Horacio Pietragalla Corti, puesto que ese organismo se ofreció a interceder en las conversaciones y al Intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, ya que la zona en cuestión se encuentra bajo su órbita en los términos de la Ley 22.351”, reveló.
“A ello se sumó la participación de María Nahuel en su calidad de representante designada por la Lof Lafken Winkul Mapu, entre otros actores convocados”, destacó.
“Debo decir, en cuanto a la participación del Ministerio Público, que en la última de las audiencias se citó también al entonces titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, Dr. Mario Sabas Herrera (en su representación compareció el Dr. Sebastián Gallardo) y al titular de la Fiscalía General 3 ante la Cámara Federal de Casación Penal, Dr. Javier De Luca”, aseveró.
“La intención fue lograr una mirada integral y conjunta de la acusación pública hacia el conflicto, de modo tal de contar con la mayor cantidad de opciones para poder intentar una solución al caso”, explicó Etchepare.
Sin puntos de acuerdo
“A lo largo de los tres encuentros no fue posible lograr posturas intermedias que acercaran a las partes, hasta que las posiciones se hicieron irreconciliables y el diálogo se dio por finalizado”, puntualizó.
“Pese a ello, esta Fiscalía volvió a intentar una nueva convocatoria ahora en este expediente, la que fue rechazada por escrito el 10 de agosto del 2021 por los mismos abogados que ahora piden nuevamente la interrupción del proceso, quienes en aquélla oportunidad exigieron la realización del juicio”, planteó la fiscal.
“Tras ello, y ante la imposibilidad de diálogo, se remitió la causa a la siguiente etapa, en donde comenzó su intervención, señor Juez (por Greca), quien volvió a intentar, por tercera vez (repito, sin contabilizar las mesas de diálogo extra judiciales a las que hiciese referencia), un acuerdo entre partes”, comentó.
“En ese sentido, recuerdo entonces (porque ahora todos parecen haberlo olvidado), que el 2 de marzo del año en curso, previo a citar a juicio, convocó a todos los actores al diálogo: El 11 de marzo se llevó a cabo la primera audiencia y, a pedido de la Secretaría de Derechos Humanos, se suspendió la continuidad del proceso por quince días para intentar acercar a las partes. Ello, pese a la oposición de este Ministerio Público Fiscal que veló infructuosamente por la continuidad del mismo”, observó.
“Como era de supuesto, dicho organismo pidió una segunda prórroga, la que fue conferida por quince días (el recurso presentado por esta sede en contra de la decisión fue rechazado).
Transcurrido el segundo lapso de quince días, y ante el silencio de la Secretaría, se le solicitó un informe, en el que volvió a pedir una prórroga. Es importante mencionar que, durante ese tiempo, las gestiones que aquélla decía estar llevando a cabo eran expresamente desconocidas por Parques Nacionales”, aseguró Etchepare.
Indicó que se fijó una segunda audiencia para el 22 de abril. En el acta de esa audiencia se consignó que APN había presentado una propuesta concreta, “que se componía del ofrecimiento de un lugar específico, pero ella fue rechazada”. Después, la APN hizo un “ofrecimiento mejorado”. Sin embargo, la segunda propuesta “tampoco satisfizo las expectativas de la comunidad”.
“Fue entonces que se dio por concluido este tercer intento de diálogo y se continuó con el proceso”, enfatizó Etchepare.
Intervención del Ejecutivo sobre otro Poder
La fiscal sostuvo que en un nuevo intento dilatorio, “aquéllos abogados que otrora solicitaran la realización del juicio, ahora pidieron una reunión nada menos que con el Presidente de la Nación quien, inmiscuyéndose en ámbitos que le están vedados por el principio republicano de gobierno que sostiene nuestra Constitución Nacional, encomendó a la ya citada Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para que iniciara nuevamente un proceso de diálogo. Reitero: esta Secretaría interviene infructuosamente en estos intentos dialoguistas desde marzo de 2021”.
“Es claro que la defensa no desea realmente una solución no judicial al caso, solo quiere evitar un juicio: La comunidad ha dicho en reiteradas oportunidades que no aceptará ninguna solución que no implique la entrega de los lotes que ocupara (y de los que actualmente fuera judicialmente desalojada). Esto puede verse en las reiteradas audiencias que han sido filmadas y en todas las declaraciones públicas de sus miembros”, aseguró la fiscal.
“Una vez más vengo a recordar aquí que, en la última de las oportunidades, Parques Nacionales ofreció a la Comunidad la entrega de tierras cercanas a las objeto de esta disputa, en la conocida como “veranada del Torrontegui”, a escasos kilómetros de allí. Sin perjuicio de las explicaciones que esa Administración tenga que posteriormente dar en torno a los fundamentos en base a los cuales entrega tierras públicas a personas acusadas judicialmente de la comisión de un delito, lo cierto es que ese ofrecimiento también fue rechazado por las y los imputados”, rememoró.
“Considero que el dislate es total, no solo porque la administración de justicia, y Usted mismo Señor Juez, ya intentó una serie de vanos procesos de diálogo, sino por que en esta oportunidad es claramente el Poder Ejecutivo Nacional el que aparece intercediendo en un proceso judicial que no debería ser interrumpido”, concluyó la fiscal en su dictamen. El juez no tuvo en consideración el pedido de la fiscalía de seguir adelante y empezar el juicio. Al contrario, resolvió posponer el juicio hasta el 13 de febrero del año próximo.
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