Weretilneck y la Fiscalía de Estado presentaron un amparo por los «cráteres» de la Ruta 40
El senador y gobernador electo impulsó la medida a la que se suman más instituciones y organismos de Río Negro y El Bolsón. Plantean una medida cautelar con varias acciones urgentes.
El mal estado de la Ruta Nacional 40 entre Bariloche y El Bolsón. Foto: archivo
El senador Alberto Weretilneck, la Fiscalía de Estado de Río Negro, la Defensoría del Pueblo provincial y el Concejo Deliberante de El Bolsón, entre otros, presentaron en el Juzgado Federal de Bariloche un recurso de amparo para reclamar el Gobierno nacional reparar la Ruta Nacional 40 entre El Bolsón y Bariloche, y como medida cautelar pidieron que se instrumenten desvíos y cartelería de advertencia del calamitoso estado de la traza.
Fuentes ligadas al senador y gobernador electo señalaron a Diario RÍO NEGRO que se eligió la vía del amparo por tratarse de una acción más ágil en la respuesta y se nuclearon diversas instituciones y organismos por la afectación de derechos vinculados a la salud, el trabajo, la economía de El Bolsón y de los rionegrinos en general.
Se trata de la segunda acción política en las últimas horas que se produce en la cordillera vinculada al mal estado de la Ruta 40. Ayer intendentes de la región, entre ellos Bruno Pogliano de El Bolsón y el electo de Bariloche, Walter Cortés, se reunieron para elaborar un pedido de informes y reclamar en conjunto medidas urgentes.
Este diario consultó con Vialidad Nacional en Río Negro pero el organismo no ofrecerá declaraciones oficiales respecto de la problemática, solo se limitaron a informar que se realizan tareas de bacheo en frío en la traza, luego del avanzado deterioro que se produjo por las intensas lluvias del invierno. Por ahora, no hay proyecto ejecutivo de una obra de repavimentación, como reclaman los intendentes y autoridades regionales, ni tampoco está incluida una obra de magnitud en el presupuesto 2024.
Piden una medida cautelar urgente para la Ruta 40
Según informó el senador, el amparo presentado lleva su firma, como había anunciado la semana pasada luego de recorrer la ruta, y lo acompañan el fiscal de Estado de Río Negro, Gastón Pérez Estevan; la defensora del Pueblo, Adriana Santagatti; el Concejo Deliberante de El Bolsón; la Cámara Comercial Industrial y Agropecuaria Regional de El Bolsón; la Asociación Bomberos Voluntarios de esa ciudad; y la Cámara de Turismo de El Bolsón, entre otros.
Como primera medida, la presentación judicial pide una medida cautelar a la Justicia para que se instrumente de inmediato. Consiste en exigir “la urgente la señalización del calamitoso estado de la Ruta Nacional 40 en el tramo que va desde Bariloche a El Bolsón; realizar los desvíos necesarios para evitar accidentes y/o la rotura de los vehículos que transitan; realizar tareas de bacheo y/o relleno de los principales y más grandes pozos (cráteres) existentes en la ruta”, reza el escrito.
También solicitan que se realiza una «campaña informativa que advierta al conductor de vehículos y a todo aquel que transite por el citado tramo de la Ruta 40 que la misma se encuentra en un deplorable estado, evitando así el acaecimiento de daños inmediatos a las cosas y a las personas; se disponga planificar un mantenimiento provisional y preventivo para los próximos meses en los que se mantendrá la alta demanda turística y hasta tanto se puedan realizar las obras de mejora definitivas de la cinta asfáltica, que hacen al objeto principal de la presente acción”.
En el amparo, los firmantes señalan que existe un “absoluto estado de abandono” que provoca rotura de vehículos y accidentes. Indican que hay «ausencia de señalización, deformaciones de calzada, cráteres».
Para los amparistas, motorizados por Weretilneck, “el deplorable estado de la ruta afecta seriamente la cobertura del servicio público de salud en el área en cuestión. Inadmisible”.
También menciona el perjuicio económico por la afectación del turismo en la región y que pone en peligro vidas humanas. También esgrimieron que el mal estado de la traza afecta servicios públicos de salud, educación, turismo, seguridad, lucha y prevención de incendios SPLIF, transporte, asistencia social (Plan Calor), y vulnera el derecho de los ciudadanos de trabajar y ejercer el comercio.
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