Por la voracidad de Temux, “el BPN estaba a punto de quebrar”

QUÉ QUIERE QUe LE DIGA

JORGE GADANO jagadano@yahoo.com.ar

El legislador provincial Ariel Kogan (PJ) advirtió en una declaración que este diario publicó hace un par de semanas que el Banco Central de la República Argentina, a principios del 2004, “detectó que el BPN estaba a punto de quebrar” cuando Temux pidió 35,5 millones de pesos, “lo que superaba todo el capital del banco, como límite de crédito”. Ése era, según el diputado, el monto total de la operación del desfalco que él mismo denunció y que sólo llegó a 22 millones de pesos a raíz de la intervención del BCRA. Menos mal. La solicitud de asistencia crediticia fue presentada el 31 de marzo de 2004 por Guillermo Brocca, presidente de la Cooperativa de Crédito Santa Elena, una de las empresas satélites de Temux. El escueto “detalle” de la asistencia solicitada fue desglosado en: a) línea de crédito: descuento de valores, monto solicitado 30 millones mensuales; b) línea de crédito: venta de facturas, monto solicitado cinco millones mensuales; c) línea de crédito: descubierto en cuenta corriente, monto solicitado 500.000 mensuales. Como quien pide al fiado en el almacén del barrio, Brocca explicó en pocas palabras el destino de los fondos. “Cabe aclarar –decía– que el destino de los montos solicitados es para cumplimentar con mayor eficiencia el objeto establecido en el Estatuto de esta Cooperativa”. (Lo de la “eficiencia” se comenzó a advertir un año después, cuando estalló el escándalo que involucra, hasta hoy, a ejecutivos de la empresa y del banco). Kogan entregó al juez penal Marcelo Muñoz, que ya lleva más de cinco años a cargo de la investigación, correos electrónicos y notas manuscritas intercambiados entre funcionarios del banco. Esos papeles “probarían que las distintas maniobras que se realizaron a través de las cuentas del grupo Temux, así como su insolvencia, eran del pleno conocimiento del directorio y la línea gerencial de la entidad crediticia”. Como de costumbre las autoridades del BPN callaron. Una de las notas, presumiblemente escrita entre abril y mayo del 2004, figura al margen de un acta que Alberto Cáceres, de la sucursal Buenos Aires e imputado en la causa, dirige a la entonces gerente de Créditos del BPN, Gabriela Naimo. El texto dice que “de acuerdo con lo conversado le remito un papel de la administración TEMUX del concurso CEPA donde el BNA le aprueba una ejecución del crédito”. CEPA, en concurso de acreedores, era el frigorífico que procesaba las carnes que Temux exportaba, y lo llamativo es que un funcionario de la sucursal Buenos Aires hiciera de informal intermediario entre la empresa y la gerente de Créditos del banco, mientras al propio tiempo la empresa gestionaba créditos por más de 35 millones de pesos. En los mismos días hay un correo dirigido a “Gabriela” por Andrés Primac, de la sucursal Buenos Aires, que da un detalle de los cheques de caución “que está entregando la firma Temux”. Son cuatro de la Cooperativa de Crédito Santa Elena (empresa del grupo Temux), del Banco Industrial de Azul, y tres de Kayders SA, del Banco de Galicia. Otro correo de Gabriela Naimo al gerente de la sucursal Buenos Aires, Carlos Herrera, dice así: “Carlos, acaba de llamar Andrés Primac a Daniel Merodio por la operación de caución de valores de la empresa de referencia (Temux)”. Sigue un severo reproche: “Yo te dije que verificaran los valores a los efectos de que cumplan con la normativa interna y no nos pase lo del otro día, que en una operación de $ 360.000 vino un cheque de $ 202.000 devuelto”. Para Kogan, “queda claro que desde el 31 de marzo de 2004 el grupo Temux estaba pidiendo al BPN 35.500.000 pesos en asistencia crediticia, y que a partir del primero de abril, sin que siquiera el grupo tuviera la calificación crediticia correspondiente, ya se le estaban acreditando millonarios fondos mediante distintas operatorias con la intervención de los gerentes y el directorio”. Los integrantes del directorio eran Luis Manganaro –su presidente, hoy residente en su campo de La Pampa–, Carlos Sandoval, Raúl Oliva, Néstor del Campo, Juan Pablo Bugner y Rubén Andrián. El gerente general era José Oser . El directorio actual del banco, que ha sido indulgente con los jerarcas imputados por un fraude de 20 millones y severo con los empleados de la sucursal Rivadavia sancionados por la desaparición de un bolsín que contenía alrededor de 15.000 pesos, aprobó el 18 de junio pasado un Reglamento de Investigaciones Internas. El personal fue notificado por correo electrónico enviado diez días después por la gerencia de Recursos Humanos a cargo de Gustavo Cartier. Hay una “advertencia” inicial sobre que la información del correo es “privada”, como también que “puede tener carácter confidencial y/o estar amparada por el secreto bancario, por lo que su uso inadecuado puede derivar en responsabilidad civil y/o penal”. Por las dudas, Cartier previene a quien hubiere recibido el e-mail por error que debe informar al respecto “reenviando inmediatamente el correo electrónico y eliminándolo de su sistema”. Tampoco “deberá copiar el mensaje ni divulgar su contenido a persona alguna”. Mucho menos, digo, si esa persona es un periodista. Conocido el artículo 2 del flamante Reglamento los empleados se empezaron a mirar de reojo y con una cierta desconfianza, porque los obliga a denunciarse unos a otros si supieren “de hecho o hechos que pudieren configurar irregularidades en el marco del presente reglamento”. El informante deberá comunicar lo que sabe, por escrito y con su firma, “al responsable máximo del área en cuestión”. Prevé el artículo que, “cuando el responsable máximo sea la persona denunciada, se elevará la denuncia en el plazo de 24 horas a la gerencia general”. No prevé que “el área en cuestión” sea el mismo banco y que, por consiguiente, al “responsable máximo” haya que buscarlo en la gerencia general, el directorio y la presidencia.