“¿Por qué le cae a Martín Soria?”
El problema de los estafados por House Vial / IPPV le cae al intendente de Roca por la sencilla razón de que es el único funcionario que exige que se cumpla la ley, mientras todos los demás tratan de encontrar la forma de gambetearla o de no aplicarla. En efecto, el IPPV (léase Poder Ejecutivo provincial) desearía tener muchas casas, darle una a cada uno y todos contentos. Sería una solución también para la Justicia, no debería, así, comprometerse con esa ¿desagradable? tarea de ordenar el desalojo de los ocupantes ilegales de las viviendas. Claro, una solución de este tipo sería hacer precisamente lo que imaginaron quienes están procesados por la estafa: que el Estado provea; o sea, se saldrían con la suya. Para quien no conozca el asunto, le cuento que hace más de veinte años el Estado se desentendió de dar soluciones habitacionales a la población, canalizando los fondos del Fonavi a través de sindicatos, cooperativas, etc., pero siguió conservando el IPPV que se queda con una tajada de dichos fondos para solventar gastos corrientes. Así, cada metro cuadrado de una vivienda social termina costando más que una vivienda de lujo. En ese orden de cosas, unos protegidos del gobierno radical organizaron la cooperativa House Vial, usando el sello del sindicato vial. Vendieron más lotes y más casas de lo que realmente disponían y llegado el momento no podían entregar a cada uno lo suyo. Saltó el escándalo, los tipos fueron presos y la gente quedó estafada. Algunos de los damnificados ejercieron justicia por mano propia ocupando las viviendas y perjudicando a la mayoría. Lo que correspondería sería que los que usurparon devuelvan las casas y que el IPPV adjudique entre todos y luego, en tanto responsable solidario, el Estado indemnice a los que queden afuera y los estafadores y los funcionarios, que debieron controlar el destino de los fondos públicos, que afronten sus responsabilidades en la Justicia. Pero claro, este es el camino legal, el atajo aparece como más fácil para todos. ¿Por qué la Municipalidad de General Roca va a tener ahora que solucionar un problema creado por la deficiente gestión de otros? Problema que tiene solución legal en tanto y en cuanto los organismos del Estado, Justicia incluida, hagan lo que se debe. Valoro la firme actitud de un intendente que no se deja ganar por la anomia y el facilismo. Daniel Solaro DNI 10.499.703 General Roca
Daniel Solaro DNI 10.499.703 General Roca
El problema de los estafados por House Vial / IPPV le cae al intendente de Roca por la sencilla razón de que es el único funcionario que exige que se cumpla la ley, mientras todos los demás tratan de encontrar la forma de gambetearla o de no aplicarla. En efecto, el IPPV (léase Poder Ejecutivo provincial) desearía tener muchas casas, darle una a cada uno y todos contentos. Sería una solución también para la Justicia, no debería, así, comprometerse con esa ¿desagradable? tarea de ordenar el desalojo de los ocupantes ilegales de las viviendas. Claro, una solución de este tipo sería hacer precisamente lo que imaginaron quienes están procesados por la estafa: que el Estado provea; o sea, se saldrían con la suya. Para quien no conozca el asunto, le cuento que hace más de veinte años el Estado se desentendió de dar soluciones habitacionales a la población, canalizando los fondos del Fonavi a través de sindicatos, cooperativas, etc., pero siguió conservando el IPPV que se queda con una tajada de dichos fondos para solventar gastos corrientes. Así, cada metro cuadrado de una vivienda social termina costando más que una vivienda de lujo. En ese orden de cosas, unos protegidos del gobierno radical organizaron la cooperativa House Vial, usando el sello del sindicato vial. Vendieron más lotes y más casas de lo que realmente disponían y llegado el momento no podían entregar a cada uno lo suyo. Saltó el escándalo, los tipos fueron presos y la gente quedó estafada. Algunos de los damnificados ejercieron justicia por mano propia ocupando las viviendas y perjudicando a la mayoría. Lo que correspondería sería que los que usurparon devuelvan las casas y que el IPPV adjudique entre todos y luego, en tanto responsable solidario, el Estado indemnice a los que queden afuera y los estafadores y los funcionarios, que debieron controlar el destino de los fondos públicos, que afronten sus responsabilidades en la Justicia. Pero claro, este es el camino legal, el atajo aparece como más fácil para todos. ¿Por qué la Municipalidad de General Roca va a tener ahora que solucionar un problema creado por la deficiente gestión de otros? Problema que tiene solución legal en tanto y en cuanto los organismos del Estado, Justicia incluida, hagan lo que se debe. Valoro la firme actitud de un intendente que no se deja ganar por la anomia y el facilismo. Daniel Solaro DNI 10.499.703 General Roca
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