Prepagas, en capilla
El gobierno kirchnerista, con el apoyo entusiasta del grueso de la clase política nacional, eliminó de golpe los fondos jubilatorios privados, medida que motivó el aplauso de todos salvo los que, presuntamente engañados por los empresarios, habían confiado más en las AFJP que en la Anses. Si bien muchos políticos entendieron que el sistema previsional estatal era y seguiría siendo una estafa vergonzosa, la mayoría era contraria por principio a permitir que empresarios aprovecharan las necesidades de la gente y no vaciló en aprobar lo que en otras latitudes fue tomado por una medida encaminada a mantener llena la caja gubernamental. Pues bien: la actitud tanto del gobierno como de buena parte de la oposición ante la medicina prepaga es similar. Saben que el sistema público deja mucho que desear, pero no les gusta para nada que quienes están en condiciones de hacerlo confíen más en el sector privado, razón por la que 190 diputados votaron a favor del proyecto oficial, 29 se abstuvieron y ninguno se animó a votar en contra. Aunque en esta ocasión el gobierno, acompañado por los diputados, no optó por declarar ilegales las prepagas, fijó un “marco regulatorio” destinado a asfixiarlas al prohibirles tomar en cuenta la edad o el estado de salud de los interesados en afiliarse. No se trata de un detalle menor. Si bien puede considerarse antipática la resistencia de las prepagas a aceptar a todos, incluyendo a enfermos que requieran largos años de tratamiento sumamente costoso, si no pueden hacerlo no tardarán en quedarse sin recursos. Con optimismo un tanto ingenuo, los directivos de las empresas afectadas esperan que la Justicia intervenga para rescatarlas, pero no es demasiado probable que los jueces encuentren motivos para declarar anticonstitucional el esquema planteado por los poderes Ejecutivo y Legislativo aun cuando resulte ser inviable. Al fin y al cabo, en nuestro país tales pormenores nunca han incidido en el accionar de líderes políticos acostumbrados a subordinar todo lo demás a sus “principios”. Como los voceros de las prepagas han señalado, en adelante sería lógico que los únicos dispuestos a gastar dinero asegurándose sean los ya enfermos que, de curarse, podrían salir para afiliarse nuevamente en el caso de que experimenten una recaída. Sería como si una persona contratara un seguro contra incendio después de perder su casa en uno a sabiendas que la empresa se vería obligada a resarcirlo. Es de suponer que siempre habrá algunos jóvenes solventes de salud robusta que seguirían abonando las cuotas por si sufrieran un accidente, pero habrá muchos más que preferirían correr el riesgo de tener que depender de los servicios –en algunos lugares más que adecuados, en otros terriblemente deficientes– de los hospitales públicos. Mal que bien, para que el sistema privado funcione es necesario que a través de los años algunos abonen más de lo que terminan “consumiendo” y otros menos: así las cosas, regularlo a fin de reducir los aportes de los primeros y aumentar drásticamente los costos equivale a una condena de muerte lenta. No sorprendería, pues, que en los meses próximos algunas prepagas cayeran en bancarrota. La situación sería distinta si el sistema de salud pública fuera tan bueno que sólo a los ricos se les ocurriría contratar un seguro privado, pero por desgracia no se destaca por su eficiencia ni por su calidad. Tampoco constituyen una alternativa genuina las prepagas sindicales que, como es notorio, sirven de cajas para los dirigentes vitalicios que dominan el “movimiento de los trabajadores” y que, lo que es peor aún, han sido acusadas últimamente de prestarse a los negocios criminales de “la mafia de los medicamentos” adulterados. La verdad es que, como sucede en educación y, hasta hace poco, en lo concerniente a las jubilaciones, hay una franja amplia que procura defenderse contra la inoperancia, corrupción, desidia y politización del sector público trasladándose al sector privado. Por motivos que es de esperar son meramente ideológicos, el gobierno kirchnerista, respaldado por radicales, peronistas, izquierdistas y otros, está decidido a frenar la migración así supuesta, pero así y todo la coalición “progresista” que se ha formado no parece tener interés alguno en mejorar el desempeño del sector público.
