Preventivas para resguardar a nenas prostituidas

Marcelo Ochoa

VIEDMA (AV).- Los cuatro hombres y la mujer que fueron procesados y detenidos por presuntos hechos de corrupción de menores seguirán en esa situación. Se trata de Nazario Contín, Omar Ledesma, Bonifacio Cabeza, Jorge Morón y Andrea León, a quienes se les imputó haber promovido actos de corrupción sexual en concurso ideal con promoción a la prostitución de menores de 18 años. A los hombres se les adjudicaron entre dos y cuatro hechos a cada uno con las mismas niñas, de 13 y 16 años, mientras que a la mujer se la acusa de haber intermediado entre las niñas y algunos de los imputados para que mantuvieran relaciones sexuales a cambio de dinero, del cual una parte era para ella. La Cámara Criminal de esta capital confirmó la resolución dictada por el juez Favio Igoldi y rechazó las apelaciones planteadas por las defensas de los acusados. Además, los camaristas Jorge Bustamante, Daniela Zágari y Carlos Reussi recomendaron profundizar las medidas protectivas para salvaguardar a las víctimas menores de edad y producir a la brevedad posible otras medidas de prueba sugeridas. Además solicitaron que tanto el fiscal como el juez analicen la posibilidad de extraer testimonios de esta causa para remitirlos a la justicia de Patagones, por hechos similares que habrían tenido lugar en un hotel alojamiento de esa ciudad bonaerense. El poder del dinero Los jueces sostuvieron las preventivas para preservar la marcha del proceso y proteger a las víctimas, “teniendo en cuenta que nos encontramos ante hechos delictuales donde ha imperado el poder (del dinero) sobre la necesidad de las niñas”, concluyeron. “Puede afirmarse que existe el peligro que, encontrándose los imputados en libertad, pudieran amedrentar, vulnerar nuevamente con dinero o de cualquier forma obstaculizar la normal marcha del proceso, actuando sobre las niñas o los testigos a los fines de atemperar su situación procesal”, sostuvieron los jueces. Los camaristas tuvieron también en cuenta la gravedad de los delitos imputados, que tiene una pena mínima de 10 años de prisión, lo que podría implicar que los imputados procuren “entorpecer la investigación o directamente evadirla”. El Tribunal consideró que el abuso sexual de los niños “es la forma en que los adultos investigados satisficieron sus deseos sexuales utilizando el poder del dinero”, asegurando que las niñas víctimas “están imposibilitadas de dar un consentimiento válido, y por sus necesidades, su vulnerabilidad social económica ejercen la prostitución como una forma de conseguir dinero”. Puntualizó que las paupérrimas condiciones de vida de las víctimas fueron el campo propicio para la consumación de los hechos delictivos, mientras que la situación de institucionalización de las niñas fue lo que permitió el conocimiento de los hechos, ya que al enterarse algunos de los operadores (de Promoción Familiar de esta capital) dieron cuenta de ello a la autoridad. En otro tramo el fallo el tribunal destacó que en este caso “los imputados son personas de alrededor de 60 años que se han aprovechado de la minoridad y vulnerabilidad de las víctimas para tener relaciones sexuales con las niñas”.