Primer amparo contra nuevo decreto de venta de tierras a extranjeros
La medida eliminaría el monitoreo de la UIF y la AFIP en esas operaciones inmobiliarias y facilitaría la venta de terrenos con espejos de agua.
El concejal de Lago Puelo, Alejandro Marqués, y el diputado Blas Meza Evans (ambos del FpV), presentaron ayer ante el Juzgado Federal de Rawson el primer amparo contra el gobierno nacional pidiendo que “se deje sin efecto el Decreto 820/16 y declare su nulidad absoluta e insanable, por su ilegalidad y arbitrariedad manifiestas, ya que modifica las exigencias previstas para la participación de extranjeros en la adquisición de campos”.
Recordaron asimismo que la medida “elimina el monitoreo de la UIF y la AFIP en esas operaciones inmobiliarias y facilita la venta de terrenos con espejos de agua”.
El edil cordillerano puso como ejemplo “la realidad del departamento Cushamen -en el noroeste chubutense-, donde el porcentaje de extranjerización supera el 30%, según el informe de 2015 del Registro Nacional de Tierras Rurales”.
De igual modo, advirtió “sobre las políticas extractivas que quieren imponer, principalmente la minería”, al tiempo que recordó la presencia la semana pasada, en Puerto Madryn, del ministro de Ambiente, Sergio Bergman, quién pidió “discutir el modelo de minería que quiere Chubut, cuando todo el mundo sabe que esta provincia ya lo debatió y se pronunció en contra”.
Sobre los principales contenidos del Decreto 820/2016, Marqués reiteró que “abre la puerta a que se puedan realizar transferencias de acciones y se extranjerice con solo ‘comunicar al Registro’.. Incluso dice expresamente: ‘No deberá solicitar certificado de habilitación… si la persona controlante supera los límites del Art.10 de la Ley 26.737 (cuerpos de agua y 1000 hectáreas o su equivalente en otra zona del país) tiene 90 días para readecuarse a la ley, transmitiendo a través suyo o de sociedades controladas la propiedad de la tierra o modificando el tipo de explotación”.
A su criterio, la nueva norma “demuestra un acabado desconocimiento de las realidades regionales, las facultades de ordenamiento territorial (cambios de uso de suelo, zonificaciones, fiscalización ambiental), que son eminentemente provinciales y en algunos casos transferidas a los municipios. La iniciativa macrista no trata solamente de modificar el criterio tuitivo de la Ley 26.737, sino que intenta perpetrar ese despojo al pueblo de la Nación Argentina mediante un simple decreto presidencial”, castigó.
A su turno, Blas Mesa Evans agregó “las profundas consecuencias para el desarrollo futuro de los mercados alimentarios, en especial de los países emergentes, así como la preservación de recursos naturales, escasos y no renovables”.
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