Hay 36 presos en grupos de riesgo en Neuquén, a cinco ya le dieron domiciliaria

Según el gobierno de la provincia de Neuquén, en las cárceles está garantizado el derecho a la salud y no hay riesgo de contagio de coronavirus porque las personas privadas de la libertad no mantienen contacto con el mundo exterior y reciben elementos de higiene. Esos argumentos los sostiene la fiscalía para oponerse cada vez que la defensa pide prisión domiciliaria para algún miembro de la población penal que integra grupos de riesgo. Y son los que utilizan los jueces de Garantías y los Tribunales de Revisión para rechazar las solicitudes de domiciliaria.

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Sin embargo, cuando los casos llegan al Tribunal de Impugnación, el criterio cambia y la prisión domiciliaria se concede. Esos son fallos definitivos y por eso vale la pena prestarles atención. Con menciones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los jueces de impugnación vienen decidiendo invariablemente a favor del arresto domiciliario o la libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo, por su edad o por padecer enfermedades crónicas.

Hoy fue el caso de un detenido de 58 años con una EPOC. Le permitieron el arresto en el domicilio de un familiar donde le podrán brindar la asistencia con oxígeno que en la cárcel estaba impedido de recibir.

Además el médico recomendó que pase el tiempo en un ambiente libre de tabaco, algo que se tornaba ilusorio en un pabellón donde conviven 20 personas, o en una celda donde hay cuatro.

La información fue suministrada por la defensora pública de ejecución Luciana Petraglia, quien ya conoce el camino que debe recorrer hasta lograr la domiciliaria: ejecución, revisión, impugnación. «Cada caso son 15 días. Los jueces de garantías y de ejecución rechazan siempre, y los de impugnación hacen lugar siempre. No hay una directiva ni una bajada de línea, son sus criterios», dijo.

Según el relevamiento de la defensa pública, hay 36 personas privadas de la libertad que integran grupo de riesgo. Cinco ya recibieron la prisión domiciliaria, Petraglia está preparando los argumentos para solicitar el beneficio para otros diez.

Describió la situación carcelaria de «tensa». «No tenemos el problema de superpoblación de la provincia de Buenos Aires, donde llega al 50%, pero tenemos el 7%. Es para prestarle atención. Hay que tomar medidas preventivas, y hay jueces y fiscales que no se hacen eco».

«La capacidad de aislamiento en la cárcel es nula. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó bajar el porcentaje de ocupación al 70%», agregó.

Petraglia indicó que en las cárceles de la provincia «oficialmente no hay casos de coronavirus, pero tampoco conozco ningún preso al que le hayan hecho el test».

Pedido al Tribunal Superior

La semana pasada, el Capítulo Comahue de la Asociación Pensamiento Penal le pidió al Tribunal Superior de Justicia que «exhorte a los jueces de toda la provincia a que adopten decisiones teniendo en miras las recomendaciones formuladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud, por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Sra. Michelle Bachelet, entre las innumerables recomendaciones que se formularon en el
plano local por diversos organismos».

Cuando deban decidir sobre prisiones domiciliarias, «la evaluación de cada caso debe tender –por un lado- a la implementación de medidas alternativas del encarcelamiento para las personas en situación de riesgo y –por el otro- a la reducción de los niveles de sobrepoblación a fin de garantizar el acceso a la salud de los internos que no puedan ser protegidos con medidas alternativas», agregó el texto de la APP.

La nota la firmaron Cecilia Fanessi; Gerardo Nicolás García; Néstor Fabián Giménez; Pablo Lumerman y Pablo Matkovic.