Procesados y condenados, juntos y revueltos

Sólo en Viedma y en Pomona se respeta la separación de internos condenados y procesados. En el primer caso porque la alcaidía de procesados funciona en un edificio independiente del Penal 1, aunque en el mismo predio, y en el segundo porque la cárcel de Pomona es desde su origen un establecimiento creado para los internos que están en la etapa final de sus condenas y gozando del régimen de salidas transitorias y para “condenados primarios por delitos de penas leves”. En el resto de las cárceles rionegrinas están juntos y revueltos. La gravedad del asunto es clara: los procesados son personas inocentes; están sospechadas pero no han sido juzgadas y por lo tanto no pueden pagar con un castigo anticipado una pena que la Justicia no les impuso. Los condenados, en tanto, son personas con derecho a un “tratamiento penitenciario” encaminado a su educación, su formación laboral y el fortalecimiento de sus vínculos, de manera que su paso por la cárcel debería ser de resocialización y reconciliación consigo mismo y con su comunidad. Es un principio que lleva más de dos siglos escrito y es política de Estado declarada, pero aún no se convierte en realidad. La Justicia rionegrina intimó varias veces al Ejecutivo provincial a cumplir con esta manda, sin lograr resultados. ¿Cuáles son los principales factores que lo impiden? El diseño arquitectónico de las cárceles rionegrinas y la falta de celadores. La más moderna de las unidades rionegrinas –el Penal 5 de Cipolletti– se construyó en el 2007 sin aplicar lo aprendido de otras cárceles a fuerza de motines y asesinatos. Se diseñó pensando sólo en personas condenadas pero ya tiene procesados. Tanto el protocolo de trabajo como la experiencia de los jefes indican que es imposible garantizar la convivencia y la seguridad en celdas habitadas por más de seis personas. Pero en Cipolletti construyeron, con un presupuesto de más de 30 millones de pesos, seis celdas para seis personas, ocho para 16 y dos grandes áreas para 36 detenidos en cada una. El fracaso se podía oler antes de la inauguración. Hoy el penal tiene ocupado sólo el 70% de sus plazas reales y está colapsado. Es imposible utilizar todas las camas disponibles sin asumir el riesgo permanente de enfrentamientos gravísimos y revueltas de consecuencias impredecibles. El motín de principios de septiembre, que terminó con un interno asesinado, fue la cabal demostración. El mismo problema de distribución de espacios presenta la cárcel de Roca, con celdas de hasta 16 plazas cada una de las que sólo se puede utilizar un máximo de ocho para mantener el control rejas adentro. En este sentido, las cárceles de Bariloche y Choele Choel son menos aptas aún para separar a los internos condenados de los procesados porque ni siquiera tienen estructuras bien definidas ni una distribución regular de los espacios. En cuanto a la falta de celadores –cabe señalar que son agentes civiles del Servicio Penitenciario y los únicos autorizados por la ley para estar en contacto directo con los internos–, el gobierno no suministró precisiones sobre cuántos trabajan en cada unidad y cómo se distribuyen sus turnos, por razones de seguridad. Sin embargo, admitió tener un “déficit de personal de aproximadamente un 30%”, que “se cubre mediante el recargo de horas extras y servicios adicionales del personal policial y penitenciario”. A esa insuficiencia deben sumarse altísimos índices de ausentismo, que llevan a prever una reducción diaria mínima del 20% de los trabajadores en cada penal. Por ejemplo, cuando en la cárcel de Roca se desató el descomunal motín de fines de octubre las autoridades admitieron que esa noche había sólo tres celadores para cuatro pabellones habitados por 180 hombres. Seis agentes de la celaduría interna habían faltado en ese turno. Y al día siguiente del conflicto inédito en el penal de Cipolletti, ocurrido a principios de septiembre, en la cárcel de Roca faltaron todos los celadores del turno, con excepción de uno. Según datos recabados por “Río Negro”, en el Penal 5 hay un total de 70 empleados y cuatro celadores por turno que cumplen horarios rotativos de 12 horas de trabajo por 36 de descanso para la vigilancia de 15 celdas. En Roca los celadores del SPP son 56 y los policías, 96. En promedio hay dos celadores por pabellón y seis agentes “de muralla” en la guardia. La Unidad 3 de Bariloche cuenta con 29 agentes penitenciarios y 33 policías. Hay cuatro guardias internas diarias que rotan en turnos y las tareas de vigilancia externa son policiales.