Procesan a abogados y funcionarios rionegrinos

VIEDMA (AV)- Por los delitos de «peculado de servicios» e «incumplimiento de los deberes de funcionario público» fueron procesados un matrimonio de abogados y el ex jefe de la Policía de Río Negro. Además a Francisco Sánchez en su calidad de asesor letrado de la Policía y a su esposa Sandra Bombardieri, ex jefa del servicio Técnico de la Fiscalía de Estado se les trabó un embargo de 500.000 pesos a cada uno, al igual que al ex jefe policial Rogelio Lardapide actual subsecretario de Gobierno. También fue procesado como partícipe necesario de «peculado de servicios» el abogado viedmense Juan José Zalesky, trabándosele un embargo por medio millón de pesos.

El juez Penal subrogante de Viedma Alejandro Moldes dispuso además «habida cuenta el significativo crecimiento patrimonial evidenciado por Francisco Sánchez y Sandra Bombardieri» enviar las actuaciones a la fiscalía para que evalúe la posible comisión de algún ilícito penal.

Respecto del ex fiscal de Estado, Sergio Ceci, el juez dictó la falta de mérito. Igual determinación resolvió para el matrimonio Sánchez-Bombardieri en relación con el segundo hecho que se les imputó en esta causa vinculado a la falta de presentación de declaración jurada patrimonial.

En tanto el juez Moldes continúa ahora la investigación de la otra causa por el presunto delito de «estafa» que se desprendió de ésta y en la que se evalúan los honorarios presuntamente mal cobrados por los profesionales imputados o que habría pagado demás la Fiscalía de Estado en la no despreciable suma que superaría los dos millones y medio de pesos. La falta de control en este pago por todos los organismos que tienen la obligación de hacerlo forma parte de esta investigación, así como una eventual negociación de bonos con los policías clientes.

 

Prueba suficiente

Para el juez Moldes las pruebas reunidas a esta altura del proceso permiten establecer que Francisco Sánchez, mientras se desempeñaba como asesor letrado de la Policía procuró, tramitó y obtuvo mandato de aproximadamente 1.200 policías para iniciar juicio contra la provincia tendiente a la devolución de los aportes extraordinarios a la Caja de Previsión dispuestos por las Leyes 2.502 y 2.990. Para ello confeccionó las correspondientes cartas poder a favor de Zalesky y para lograr ese cometido utilizó el servicio del correo interno de la institución –saca policial–, así como las dependencias y personal a su cargo para obtener poderes a favor de Zalesky, entre otros beneficios.

El magistrado sostuvo que en esa empresa Sánchez contó con la participación necesaria de Zalesky, quien se prestó a figurar como apoderado y a promover las acciones judiciales correspondientes y sin cuya participación no se hubiera podido realizar la maniobra, «pues Sánchez estaba impedido de litigar contra el Estado dada su condición de subcomisario, funcionario dependiente de la provincia».

Consideró además que contó con la colaboración o anuencia del entonces jefe de la Policía, Rogelio Lardapide, destacando que «sin ayuda de terceras personas, superiores, dada la estructura funcional de la Policía, un subcomisario no hubiera podido recolectar entre 1.000 y 1.200 poderes a nombre de otra persona (Zalesky) de una manera descubierta y durante más de un año».

Para Moldes también está probada la participación «indebida» en estos hechos de Sandra Bombardieri, quien «no pudo no saber que los juicios tramitados por Zalesky en realidad eran iniciados por Sánchez –su marido–». En este sentido puntualizó que «aparece con meridiana claridad la incompatibilidad de toda la negociación llevada a cabo por Bombardieri para dar finiquito a esos juicios en todos aquellos procesos en que interviniera Zalesky, pues éste y Sánchez no eran sino la misma representación profesional, como socios o asociados».

El magistrado sostuvo que «no quedan dudas del manejo que Bombardieri hacía de la Fiscalía de Estado como tampoco de su conocimiento y participación en todo lo que ocurría en ese organismo de control».

Los imputados pasan a la ofensiva

La defensa de Sánchez, Bombardieri y Zalesky pasó rápidamente a la ofensiva y ayer mismo presentó el pedido de nulidad de la resolución judicial, planteando el apartamiento del juez Moldes y el fiscal Falca.

Nelson Echarren -quien defiende a esos tres procesados- denunció «evidente y visible incompatibilidad» ya que Zalesky representó en una ocasión a Falca en un reclamo salarial y ese abogado también fue conjuez en una causa contra el hoy magistrado Moldes por «una cuestión familiar de cuota alimentaria».

El ex vocal del STJ manifestó que esta documentación y el pedido de nulidad fueron presentada ayer por la mañana. Esta situación -agregó en declaraciones periodísticas- «las teníamos en carpeta y esperábamos que la sensatez del fiscal determinará el apartamiento de la causa».

Además, Echarren manifestó que sus defendidos permanecieron en silencio durante un año «frente a una avalancha mediática, promovida por el fiscal, pero ahora vamos a ejercer la defensa con fuerza frente a un conjunto de errores y falsedades».

Echarren se quejó porque el juez no le entregó todavía la totalidad de las copias del expediente aunque concurrieron «entre ocho y nueve veces al juzgado. Puedo tener más precisiones cuando el juez se digne entregar las copias», aclaró.

En sus afirmaciones, Echarren expresó que «es inexacto que Bombardieri cobró honorarios de Zalesky. Este estudio no pagó un sólo peso a la Fiscalía de Estado por las causas de este expediente y, además, Bombardieri no intervino en estas causas. No sé de dónde saca eso el juez». También desestimó que a Sánchez se «le impute la concurrencia a tribunales ya que es cómo imputarle a un médico que vaya al hospital. Sánchez va a tribunales para ejercer su profesión de abogado». (AV)