Programa nacional ya otorgó 250.000 microcréditos en la Argentina

Pretenden estimular el desarrollo integral de las personas, los grupos de escasos recursos y el fortalecimiento institucional de organizaciones no lucrativas de la sociedad civil que colaboren en el cumplimiento de las políticas sociales.





alcances de la promoción y regulación

Miguel Ángel Fuks

miguelangelfuks@yahoo.com.ar

Cuando una integrante del Mercado de la Estepa de Río Negro recibió el préstamo número 250.000 del “Programa nacional de microcrédito para la economía social”, el 29 de mayo pasado (ver aparte), era previsible que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) mencionara a Alicia Kirchner, ministra de Desarrollo Social. Y eso porque cuando su cuñada era senadora, “trabajó mucho” –dijo– para que se sancionara la correspondiente ley, que permite otorgarlos a “todos aquellos que no son sujetos de crédito”.

Si hay que atenerse a los datos oficiales, existen 1.647 organizaciones que los coadministran y ya beneficiaron a 165.000 unidades productivas, que generaron 247.000 puestos. Unos 5.820 promotores brindan acompañamientos, asistencias técnicas y vinculaciones territoriales.

La titular del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) resaltó que “acá no se regala nada, la gente tiene que devolver las cosas, porque es parte de una cultura del esfuerzo y el trabajo”.

La ley nacional 26117, de “Promoción del microcrédito para el desarrollo de la economía social”, se sancionó en julio del 2006 y fue impulsada por la entonces senadora Alicia Kirchner. El propósito fue establecer “la promoción y la regulación del microcrédito, a fin de estimular el desarrollo integral de las personas, los grupos de escasos recursos y el fortalecimiento institucional de organizaciones no lucrativas de la sociedad civil que colaboren en el cumplimiento de las políticas sociales”. Para ello se crearon la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social (Conami) y el Registro Nacional de Instituciones de Microcrédito.

Los préstamos debían estar orientados a capitales de trabajo (mercaderías e insumos) y activos fijos (máquinas y herramientas) y sus montos variaban según las características de los emprendimientos y fluctuaban desde 500 pesos –o menos– hasta 12 salarios mínimos, vitales y móviles. En el primer momento, se fijó una tasa máxima de interés del 6% anual. Por los escasos incumplimientos, el índice de recupero fue del 92%, en promedio.

Existen 22 leyes provinciales de adhesión a la 26117 (en un momento dado se dijo que no lo hicieron San Luis y la ciudad autónoma de Buenos Aires) y muchas municipalidades crearon áreas específicas para aplicar la herramienta.

Esa norma propuso que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación dispusiera los actos necesarios para las asignaciones de los recursos del Fondo Nacional de Promoción del Microcrédito, con las partidas presupuestarias fijadas para la administración nacional anualmente y las herencias, donaciones, legados de terceros, cualquier otro título y fondos provenientes de organizaciones y agencias públicas o privadas de cooperación.

Además, decidió que se diseñaran financiamientos, asistencias técnicas y capacitaciones a favor de las entidades inscriptas en el citado registro. La cartera debía establecer, asimismo, topes máximos para las tasas y los cargos y sancionar los incumplimientos.

Sobre la base de la idea del paquistaní Akhter Hameed Khan, los microcréditos surgieron en la década del 70 del siglo pasado.

Muhammad Yunus, economista de Bangladesh que se doctoró en la Universidad de Vanderbilt y fue profesor en la de Tennessee (ambas de los Estados Unidos), al regresar descubrió que en su aldea natal Chittagong la gente se moría de hambre en las calles. Al recorrerlas con alumnos, descubrió que en esa franja de la población había emprendedores que carecían de oportunidades para salir de la pobreza porque los bancos consideraban que no eran sujetos de créditos por no tener garantías que ofrecer. Yunus empezó a dar pequeños préstamos a los pobres –a título personal y excluyendo a compañías y pequeñas empresas–, comprobando que el sistema funcionaba y que quienes se encontraban en esa situación eran mejores pagadores que aquellos que accedían a los préstamos tradicionales. En 1974 encaró la Fundación Grameen en Bangladesh y dos años más tarde creó el Grameen Bank, con el propósito de tratar de asegurar a gran escala, por otra parte, la educación, salud y pensiones de los más pobres.

En cierto momento se dijo que el “banco de los pobres” benefició a más de 7,5 millones de personas, propietarias ellas mismas del banco. Mayormente eran mujeres que, reunidas en grupos de cinco o más, por ser solidarias y responsables devolvieron 9 de cada 10 pequeños préstamos.

Yunus fue galardonado con los premios “Simón Bolívar”, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (Unesco), en 1996; “Príncipe de Asturias de la Concordia”, en 1998, y el 5º de la Fundación por la Justicia, en el 2005, por su contribución a la erradicación de la pobreza y la defensa de los derechos humanos. Yunus y el Grameen recibieron el Nobel de la Paz en el 2006 por su lucha para lograr una economía justa para los pobres.

No obstante, el Banco Central de Bangladesh removió a Yunus de su cargo de director general del Grameen, en el 2006. Primero, por una supuesta evasión fiscal, pero los asesores legales de la entidad comunicaron que había cumplido con todas las regulaciones; después fue acusado de violar una cláusula del reglamento de la entidad, referida a las condiciones de su nombramiento, y finalmente le insistieron en que debía jubilarse por tener 70 años, ya que la edad para que lo hicieran los directores de los bancos comerciales era de 60… Sus seguidores insistieron en que intentaban desacreditarlo por causas políticas.

Las garantías sociales de los microcréditos se basaron en la formación de grupos de cinco personas, en cada uno de los cuales dos los recibían y las demás aguardaban que fueran abonados y llegaran sus turnos. Esto se verificó, fomentó presiones y responsabilidades en cada grupo, pues si uno de sus miembros dejaba de pagar, todo el grupo perdía las posibilidades de obtener nuevas ayudas. Por eso se los considera créditos solidarios para que las personas sin recursos puedan emprender negocios independientes y productivos.

El bautizado como “Banco de los pobres” opera en la Argentina desde 1999 a través de la Fundación Grameen y consiguió mayores adhesiones tras la crisis del 2001. Presta una reducida cantidad que debe devolverse en cuotas semanales y con una tasa de interés baja que le permite cubrir sus costos operativos.

La argentina Máxima Zorreguieta, princesa de los Países Bajos, estuvo en el país el 6 de diciembre del 2005, “Año internacional del microcrédito” como lo definió la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La entidad la invitó a formar parte de sus asesores para promocionar y fomentar el sistema en todo el mundo, con el propósito de que las personas con escasos recursos se incorporen al mercado laboral. Aquí se reunió con integrantes de la Red Argentina de Instituciones de Microcrédito (Radim), donde no hace mucho se estimó que un millón de personas estaría en condiciones de recibir esos préstamos.

Entre tantas entidades que actúan localmente se encuentran el Banco Popular de la Buena Fe; Avanzar (en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires) y Pro Mujer (en Salta, Jujuy y Tucumán). De los bancos que incursionan están los estatales Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires y diversos privados, como el Patagonia, Santander Río y Credicoop.


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