La muerte de Diego: Hoy edición especial y póster

Provincias, no feudos




Las tristísimas imágenes de Abigail, la nena de 12 años que tuvo que ser transportada en brazos de su padre para poder ingresar a su provincia, Santiago del Estero, tras estar varias horas retenidos en control sanitario en el límite con Tucumán debido a la tozuda negativa de las autoridades a autorizar su ingreso, mostraron otra vez las arbitrariedades y violaciones a derechos básicos de las personas en esta pandemia.

La situación fue un claro ejemplo de lo denunciado esta semana por Unicef en el Día Mundial de la Infancia: ha sido el sector más perjudicado por la pandemia, que ha agravado la vulneración de sus derechos al afectar la educación, acceso a la salud, nutrición y bienestar de millones de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo, incluyendo nuestro país.

Abigail tiene cáncer y su familia debió trasladarla a Tucumán, ya que su provincia no le garantizaba el tratamiento necesario. A su regreso, la policía le prohibió el ingreso, con el argumento de la falta de una autorización expresa del Comité de Emergencia, que antes no se había requerido. Los retuvieron por más de dos horas en un puesto sanitario, al rayo del sol en medio del calor y una nube de insectos. Perdiendo la paciencia, su padre advirtió a los agentes: “Me voy a llevar a mi hija aunque sea caminando” y procedió a cruzar el límite provincial a pie, con la pequeña en brazos y llorando.

Fue quizás el más dramático, pero no el único caso. Ya a principios de la semana se conoció el fallo de la Corte Suprema que ordenó al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, permitir el ingreso a más de 8.000 coprovincianos varados en el límite jurisdiccional, muchas familias completas viviendo a la vera de la ruta, en precarias condiciones sanitarias e higiénicas desde hace meses, debido al estricto cierre de las “fronteras” ordenado por el gobierno provincial. El máximo tribunal consideró “irrazonables” para la autonomía personal y violatorias a la libre circulación establecida en la Constitución las restricciones establecidas por el gobierno y le dio 15 días de plazo para poner fin a esta situación.

En estos meses de pandemia han sido recurrentes las denuncias de arbitrariedades y abusos cometidos por autoridades y fuerzas de seguridad de varias provincias, con el argumento de aplicar las restricciones a la circulación establecidas a causa de la pandemia de coronavirus. El amplio margen de discrecionalidad dejado por Nación a las administraciones locales para adaptar las medidas permitió que muchos distritos establecieran protocolos innecesariamente duros y polémicos para ingresar a sus territorios, más allá de cualquier criterio razonable.

Las denuncian incluyen también a las fuerzas policiales y de seguridad. Entre marzo y agosto la Secretaría de Derechos Humanos recibió más de 531 denuncias de abusos policiales, incluyendo 25 muertes, contra solo 71 denuncias entre diciembre de 2019 y marzo de 2020, según la organización Human Rights Watch. Casos emblemáticos como el de Facundo Astudillo Castro en Buenos Aires o Luis Espinoza en Tucumán siguen sin resolverse.

No es casualidad que los casos más polémicos vengan de provincias donde los gobernadores reeligen indefinidamente y se denuncian autoritarismo, corrupción, falta de división de poderes y de libertad de expresión desde hace años. Todo ello tolerado desde gobiernos nacionales que necesitan de los votos de esos distritos para las elecciones nacionales y del apoyo de sus legisladores a menudo claves en el Congreso.

Los elevados niveles de autonomía que establece nuestro sistema federal no pueden ser tomados como una carta blanca para que ciertas administraciones se comporten como verdaderos feudos con poder sin límites, al margen de la Constitución Nacional y el Estado de derecho. Los estados provinciales que violen derechos fundamentales deben ser penalizados y las víctimas recibir la Justicia y reparación que merecen.


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Provincias, no feudos