Proyecto de comité contra la tortura

Hace nueve años que organizaciones de Derechos Humanos de la región, entre ellas ADPH y Zainuco, impulsan la creación de un comité provincial contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Sin embargo el tema nunca se trató en el recinto. Esta semana diecisiete diputados, del más amplio espectro político, volvieron a insistir con aquella iniciativa. El único bloque que hasta ahora no firmó el proyecto de ley fue el del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

La función del comité es realizar visitas de inspección a los lugares de detención, ya sea cárceles, comisarías, o cualquier lugar dónde haya personas privadas de su libertad, con carácter periódico o extraordinario, sin aviso previo, con acceso irrestricto a todo el espacio edilicio o instalaciones de los mismos. Además está previsto que sus integrantes reciban denuncias y confeccionen una base de datos, con el objeto de llevar un registro de casos.

“En general los gobiernos no quieren ser controlados y este es un instrumento de control del abuso en lugares de detención. Neuquén tiene la particularidad de que no hay servicio penitenciario, sino que directamente es la policía de seguridad la que hace el control de las cárceles. Entonces hay como una reticencia a aceptar este control. También se ha evidenciado un poco que, en principio, el proyecto no lo ha firmado nadie del bloque oficialista (MPN)”, aseguró Fernando Diez, defensor público penal y referente de la Asociación Pensamiento Penal, capítulo Comahue, impulsor del proyecto.

Explicó que la creación del comité es una obligación legal internacional que busca “darle transparencia y porosidad a instituciones que son por naturaleza cerradas”. “La Argentina se comprometió en el año 2006 a constituir esos mecanismos, porque firmó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura que establece la creación de mecanismos de prevención de la tortura en cada uno de los países que son firmantes”, detalló.

Agregó que la Argentina recién constituyó, a fines del año pasado, el mecanismo nacional. “Recién ahora está empezando a funcionar y como es un país federal, y además es un país muy extenso, es imposible que el mecanismo nacional abarque todo el territorio, y sea efectivo en ese cumplimiento”, enfatizó Diez.

El proyecto propone que el comité esté compuesto por diez miembros, cuyo mandato durará dos años, y percibirán una remuneración. Serán designados por el poder Legislativo, a través de una selección de postulantes propuestos por organizaciones de Derechos Humanos.

Demora