Que manden los militantes
SEGÚN LO VEO
Puede que el gobierno de Cristina no se haya propuesto liberar los restos de la economía nacional de las garras del mercado para que los manejen los muchachos de La Cámpora, de tal modo asegurando que todos reciban lo que a juicio de los funcionarios les corresponde, pero muchos opositores sospechan qué es lo que tiene en mente, de ahí las advertencias opositoras acerca del avance del totalitarismo y la falta de respeto por la propiedad privada, a excepción de la que ya está en manos kirchneristas.
La reedición de la ley de abastecimiento isabelina por quienes nunca han ocultado su voluntad de ir por todo es preocupante. Aun cuando Axel Kicillof jure que nunca se le ocurriría permitir “un exceso de estatismo ni de sovietismo”, los hay que temen que, so pretexto de impedir que las empresas grandes, aquellos “poderes concentrados” cuya mera existencia motiva tanta indignación en la Casa Rosada, aumenten desmedidamente los precios, militantes kirchneristas se sientan con derecho a desplazar a los CEO actuales.
La alusión al “sovietismo” de Kicillof, el marxista keynesiano o keynesiano marxista que se ha erigido en el primer superministro de la era K, no tranquilizó a los asustados. Incluso una versión atenuada, sin “excesos”, del fenómeno así calificado tendría consecuencias desafortunadas para un país que ya está en vías de depauperarse una vez más. Es que el fracaso espectacular del “experimento soviético” que había mesmerizado a generaciones de izquierdistas contrarios a la tiranía del mercado se debió precisamente a la convicción de que sería posible obligar a los “formadores de precios” a acatar las órdenes de líderes políticos.
Los revolucionarios trataron como subversivos a quienes se resistían a obedecerlos, a menudo por razones que no tenían nada que ver con sus eventuales preferencias políticas. Para que aprendieran, los castigaron no con las multas, amonestaciones presidenciales o juicios engorrosos que prevén los kirchneristas sino con brutalidad creciente, asesinándolos o enviándolos al gulag siberiano donde los esperaban largos años de esclavitud. Huelga decir que tales esfuerzos por disciplinar el mercado no brindaron los resultados previstos. La Unión Soviética dinámica de las estadísticas oficiales nunca fue mucho más que una ficción. Cuando por fin se desplomó bajo el peso de sus propias contradicciones, dejó atrás un montón colosal de cachivaches. Como dijo alguien, se asemejó a “Alto Volta con misiles nucleares”. Por fortuna, no hay ningún peligro de que el gobierno K vaya tan lejos como el soviético, pero cuando de la economía se trata hasta un grado mínimo de intimidación suele resultar contraproducente.
La China nominalmente comunista comenzó a salir de la miseria colectiva cuando, en 1979, el entonces presidente Deng Xiaoping decidió que sería mejor dejar que el mercado hiciera lo suyo de lo que sería continuar procurando mantenerlo bajo el control severo del Partido. A diferencia de sus antecesores, Deng entendía que era peor que inútil confiar en la sabiduría y eficacia de burócratas, por brillantes y aplicados que ellos fueran. Comparten la opinión del reformador chino no sólo los empresarios argentinos sino también muchos políticos que, si bien quisieran que el Estado desempeñara un papel más activo, saben muy bien que los organismos que aquí lo conforman no están en condiciones de administrar nada con un mínimo de solvencia.
A muchos les atrae el estatismo, pero pocos sienten aprecio por los estatales de carne y hueso. La mayoría propende a creerlos vagos que deben su empleo al favor de algún puntero o pariente. Una cosa es la idea seductora de que el país debiera contar con un conjunto de instituciones que sean capaces de promover la justicia social y proteger a la gente contra los ladrones, comerciantes inescrupulosos y corporaciones insaciables, pero otra muy distinta es la realidad de un Estado considerado a un tiempo elefantiásico y penosamente ineficaz.
De más está decir que, fuera de las filas de La Cámpora, nadie toma en serio la noción de que hacer de los militantes empleados públicos jerárquicos contribuiría a fortalecer una economía enclenque. Con razón o sin ella, muchos los ven como oportunistas más interesados en aprovechar una oportunidad acaso irrepetible para asegurar que su “lealtad” hacia la jefa les aporte un ingreso envidiable. Tendrán que apurarse: terminada la transición, quienes preferirían prescindir de sus servicios se pondrán a desalojarlos de los lugares en Aerolíneas Argentinas, YPF y otras dependencias gubernamentales que se las han ingeniado para ocupar.
No extraña, pues, que tantos camporistas estén esforzándose por encontrar un nicho cómodo antes de que sea demasiado tarde. A menos que el gobierno próximo se resigne a que el Estado siga acumulando más “capas geológicas”, descubrirán que en su caso particular la seguridad laboral es un mito. Algunos lograrán convencer a los nuevos jefes de que están en condiciones de hacer algo útil, pero otros no tendrán tanta suerte.
La Argentina dista de ser el único país en que un gobierno disconforme con la evolución de la economía se afirma resuelto a frustrar los designios perversos que atribuye al mercado. Algo parecido sucede en todas partes, hasta en la supuesta patria del capitalismo salvaje, Estados Unidos. De ser tibias las medidas adoptadas, pueden funcionar más o menos como previeron sus impulsores, pero los intentos vigorosos casi siempre fracasan, razón por la que ya es rutinario que gobiernos socialistas, como el del presidente francés François Hollande, terminen denostados como “neoliberales”.
Incluso el gobierno kirchnerista corre peligro de sufrir el mismo destino denigrante. Kicillof y su amigo de La Cámpora, Mariano Recalde, no dijeron “aerolínea que para, aerolínea que cierra”, pero los dos estuvieron a un tris de repetir una versión de la célebre amenaza que profirió Carlos Menem a los ferroviarios. Asimismo, Kicillof parece estar por poner en marcha un ajuste subrepticio pero así y todo bastante feroz porque, como suele ocurrir después de una lucha prolongada contra aquel monstruo odioso que es el mercado, las arcas gubernamentales se han vaciado. ¿Ayudaría la ley de abastecimiento a amortiguar el impacto de lo que está por suceder? Claro que no. A lo sumo le permitiría convencer a los más crédulos de que, sin la intervención salvadora de los militantes kirchneristas, el desastre económico en el que el país se ha precipitado tendrá un impacto aún más doloroso en millones de hogares.
JAMES NEILSON
JAMES NEILSON
