Que sean transparentes
Sería más fácil intentar determinar quiénes financian a los partidos, que procurar limitar drástica-mente tales aportes.
Lo mismo que aquellas personas que a pesar de declarar un ingreso modesto se las ingenian para vivir como multimillonarios, los partidos políticos suelen gastar bastante más de lo que según los contadores reciben, de ahí la gran cantidad de escándalos relacionados con la financiación de las actividades políticas que se producen tanto aquí como en el resto del mundo. En un intento de poner fin a la corrupción así supuesta, el gobierno aliancista quiere fijar topes a las sumas aportadas, con las personas viéndose limitadas a 40.000 pesos y las empresas a 200.000, pero es de prever que esta propuesta comparta el destino de tantas otras. Por afinidad ideológica, temor a lo que podría suceder de llegar al poder un político considerado peligroso o el deseo de disfrutar de los favores del gobierno eventualmente elegido, son muchos los dispuestos a «invertir» decididamente más en política y, obvio es decirlo, también abundan los políticos que no vacilarían un solo momento en aprovechar al máximo la generosidad de sus amigos del sector privado.
Bien que mal, modificar esta situación no será nada sencillo. Si incluso en países no considerados muy corruptos como Alemania, un ex canciller de la talla de Helmut Kohl puede caer en desgracia a raíz de su voluntad de aceptar donaciones clandestinas, la posibilidad de que la clase política argentina se resigne a las penurias que le supondría la legislación planteada por el gobierno sería escasa. Además, aunque las autoridades contaran con los medios necesarios para obligar a los partidos a conformarse con menos dinero -y cuesta creer que la Justicia tal como está conformada sería capaz de realizar una tarea de tanta complejidad-, con un poco de ingenio los deseosos de ayudarlos encontrarían la forma de hacerlo sin violar la letra de la ley.
De todos modos, en la actualidad los problemas vinculados con el financiamiento de la política tienen menos que ver con las dimensiones de los aportes personales y empresariales, que con la falta casi absoluta de transparencia del sistema imperante. Por razones comprensibles, ni los empresarios donantes ni los políticos quieren hacer pública su relación, aquéllos porque podría arruinar sus posibilidades de ganar licitaciones y éstos porque les gusta hacer pensar que su accionar depende exclusivamente de su compromiso con ciertos principios nobles. Forzar a todos los involucrados a someterse a una auditoría exhaustiva para que la ciudadanía se entere de quiénes financian a los movimientos no sería fácil, pero con toda seguridad sería menos difícil de lo que sería procurar limitar drásticamente los gastos políticos, medida que bien podría resultar contraproducente al hacer aun más importantes que antes las llamadas «cajas», es decir, el empleo perverso de organismos públicos o cuasi públicos.
Esta práctica es claramente peor que la supuesta por los aportes privados excesivos. Es más: podría argüirse que sería mejor que aumentaran las donaciones privadas, porque en tal caso podría reducirse al mínimo los «aportes» irregulares sustraídos al sector público. Casi todos los escándalos políticos de los años últimos han tenido su origen en la costumbre de tantos políticos de tomar el PAMI, las obras sociales de los sindicatos, los fondos reservados de la Presidencia y de las legislaturas por «cajas», o sea, por fuentes de dinero que nadie se animaría a controlar, y en la proliferación de «ñoquis» que viven a costillas del contribuyente cuando en verdad están al servicio de un movimiento político. Además de fomentar la corrupción, la dependencia de los políticos no de patrocinadores del sector privado sino del Estado ha contribuido mucho a inutilizar instituciones como el PAMI, con el resultado de que los aportes a la política de los integrantes más pobres de la sociedad argentina son con toda seguridad tan significativos como los de los más ricos aunque, es innecesario decirlo, la influencia de los jubilados, afiliados sindicales y otros que sin saberlo ayudan a asegurar que los «dirigentes» sigan gozando de las comodidades a las cuales algunos se han acostumbrado, es decididamente menor que aquélla de los grandes grupos empresarios.