“¿Quién avala las ocupaciones ilegales?”

Acompaño al intendente de Cipolletti, Abel Baratti, en afirmar que el gobernador Weretilneck avala las ocupaciones ilegales en la provincia con el decreto 649-12 que se titula “Protocolo de actuación ante la ocupación de inmuebles sin autorización”. Quien lea este documento entenderá que desde algún sector del gobierno provincial se lo impulsa, “en miras de la protección y garantía del derecho vital e integridad física de todos los ciudadanos” (sic) –los okupas, esto se interpreta claramente–. Y continúa: “que asimismo todas las autoridades actuantes en el presente protocolo tendrán que velar siempre por la seguridad integral y los derechos de todas las personas involucradas en la ocupación” (los okupas). Coincido con el intendente Baratti, que afirmó: “El primer paso para evitar nuevas tomas tiene que ser la modificación del protocolo de actuación que aprobó el gobierno mediante el decreto 649”, que es avalar las ocupaciones ilegales. Dice el decreto 649-12: “Entre los derechos humanos inalienables se puede mencionar el derecho a la privacidad de los datos personales, por lo que el censo a instrumentarse por medio del protocolo no deberá ser implementado de manera forzosa sino con expreso consentimiento de la persona censada” (los okupas). El censo de okupas se realiza una vez consolidado el asentamiento y quien no se quiere identificar no lo hace. La Policía, entre tanto, es pasiva. Recordemos que gran parte de los okupas son los que saquearon Bariloche el 20 de diciembre y el sector fue zona liberada, tal cual lo interpreta el juez penal actuante. Respecto del desalojo de okupas, dice el protocolo que, “siguiendo los lineamientos de la ONU, se deduce no promover el desalojo forzoso como una práctica común”. Ante este protocolo, el pensamiento liberal reacciona y ve marxistas en la intencionalidad ideológica. Personalmente pienso que están dejando que los asentamientos ilegales se consoliden, porque en la práctica el artículo V determina el inicio del procedimiento “…en los supuestos de ocupaciones de inmuebles sin autorización” (?) y “hasta tanto intervenga la Justicia”. El procedimiento indicado se realizará en el predio ocupado, en el que intervendrán distintos organismos del Estado. Este procedimiento puede demorar meses y la Justicia (tan cuestionada por el Ejecutivo provincial) no intervendrá hasta que se cumpla el protocolo. Coincido con el intendente de Cipolletti, el decreto 649-12 debe ser derogado porque fomenta y avala las ocupaciones ilegales. Julio E. Posse DNI 4.417.090 Bariloche

Julio E. Posse DNI 4.417.090 Bariloche