Quiénes son las víctimas de los dos militares procesados

Los hechos ocurrieron en Bariloche durante la dictadura. El coronel Luis César Perlinger estuvo preso varios años. También arrestaron a sus hijos Alejandro y Gustavo, y dos amigos de ellos.

“Estábamos esperando esto desde hace mucho tiempo. Iniciamos la presentación con la familia de Perlinger hace unos siete años”. Así se refirió el abogado Pablo Llonto al reciente procesamiento del juez federal Daniel Rafecas de los subtenientes del Ejército, Francisco José Maqueda y Ricardo Beltrán Balestrino, por los allanamientos ilegales en la casa del coronel Luis César Perlinger y el secuestro de cuatro jóvenes en Bariloche durante la última dictadura militar.

Llonto representa a Martha Eva Conde Cordero, la esposa de Perlinger, en los hechos que ocurrieron en su vivienda a la altura del kilómetro 11 de la avenida Bustillo, días después del golpe militar de 1976.

El abogado querellante explicó que Perlinger estaba a cargo de la administración de la línea aérea Austral que en ese momento, tenía una oficina en Bariloche.

“Fue perseguido por la dictadura, acusado de tener una ideología peronista. Otros militares eran acusados de ser de izquierda”, resumió Llonto.

Relató que la persecución contra este coronel comenzó a pocas horas del golpe militar. “Fueron a su casa en Bariloche y secuestraron a dos de sus hijos y dos amigos. Por esos hechos están imputados Maqueda y Balestrino”, indicó.

El coronel Perlinger fue secuestrado en Zapala. Permaneció detenido durante varios años en la prisión militar de Magdalena y luego, accedió a la “libertad vigilada” hasta fines de la dictadura.

En los inicios de la democracia, Perlinger impulsó la conformación del Cemida (Centro de Militares para la Democracia Argentina).

Esto puede llevar un año. Si la Cámara Federal confirma el procesamiento, la causa volverá al juez que la elevará para hacer un juicio oral

Pablo Llonto, abogado querellante

La detención de los jóvenes

Los hijos de Perlinger (Alejandro y Gustavo) y sus dos amigos (Daniel Colombo y Emilio Ramírez) fueron trasladados a la Escuela Militar de Montaña. Permanecieron secuestrados durante varios días en la cancha de pelota paleta que funcionaba como centro clandestino de detención en el kilómetro 9 de la avenida Bustillo.

Llonto especificó que “la denuncia se tramitó en el Juzgado Federal de Rafecas porque el delito se originó en Buenos Aires. Fue una orden directa de los altos mandos del Ejército en ese momento, ejecutada por los grupos de tareas en Bariloche”.

Respecto a los jóvenes secuestrados en el 76, especificó que en la causa “declararon cómo entró la patota a la casa, cómo se los llevaron y contaron cómo fueron los interrogatorios sobre la actividad política del coronel. La documentación con ese contenido nunca apareció”.

Llonto desestimó que el procesamiento de Maqueda y Balestrino esté vinculado con el contexto político. Advirtió que desde su asunción como juez en 2004, “Rafecas es el que más causas tiene de delitos por lesa humanidad. Ha sido el más serio y profundo en el análisis de una gran cantidad de hechos durante los gobiernos de Néstor, Cristina, Macri y ahora”.

Guillermo Vélez, a cargo del Centro de Jubilados de ATE, también estuvo detenido en la Escuela Militar de Montaña allá por 1976 cuando tenía 25 años. Relató que Perlinger era amigo de su padre ya que ambos “eran justicialistas”. “A su hijo, Gustavo, lo conocí estando detenidos en la cancha de pelota paleta. Había también gran cantidad de gente en las celdas pero ahí no teníamos acceso”, recordó.

Respecto al procesamiento de Rafecas, Vélez fue contundente: “Tiene que haber memoria, verdad y justicia. La justicia es peor que una tortuga renga pero a veces, llega”.

El ciudadano ilustre que fue procesado

Maqueda, uno de los dos militares procesados, vive en el barrio Las Chacras de Bariloche y en mayo fue declarado “ciudadano ilustre” de la ciudad. En esa ocasión, por una iniciativa del bloque de concejales de Juntos Somos Río Negro se distinguió a 56 excombatientes de la guerra de Malvinas.

Previamente a la distinción, un excombatiente, José María Rodríguez, había advertido a los ediles sobre “los riesgos” del homenaje. Pero no fue tenido en cuenta y por lo tanto, decidió no concurrir al acto.

“Les dije que me parecía mal entregar algo así sin investigar quién era cada persona. No planteé ningún caso puntual. Hablé en general. Pero estaban apurados por el 3 de mayo, día del aniversario de la ciudad”, recalcó Rodríguez.

Y agregó: “Lo que necesitamos los excombatientes no es una placa sino contención, que paren los suicidios”.


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