Quieren impulsar la revocatoria de mandato de los concejales oficialistas

Quieren impulsar la revocatoria de mandato de los concejales oficialistas

Los opositores al contrato de concesión del cerro Catedral criticaron con dureza a los concejales que en la sesión de hoy pasaron al archivo la iniciativa popular y ya preparan nuevas acciones judiciales para revertir esa decisión.

Otra de las derivaciones podría ser una campaña para promover la revocatoria de mandatos de los concejales que votaron la prórroga directa de la concesión y después le cerraron el paso a la iniciativa.

“La declaración de ´no admisibilidad´ del proyecto está bastante floja de papeles. Tenemos confianza en que la Justicia lo va a revertir” dijo esta tarde Juan Frattini, uno de los abogados que participa del grupo de Vecinos por un Cerro para Todos.

Explicó que el argumento de que la iniciativa popular (que llegó al Concejo con más de 5.000 firmas) “deroga el canon de la concesión” en Catedral es falso, porque el texto en cuestión “no regula tasa alguna ni afecta aspectos presupuestarios”.

Más información: “El oficialismo puso fin a la iniciativa popular por el cerro Catedral”

En un principio, los impulsores de la iniciativa que busca evitar la firma del nuevo contrato con la empresa Capsa pedirán por nota al intendente Gustavo Gennuso que “abra los libros” para completar la junta de firmas, como manda la Carta Orgánica, y que desembocaría en un llamado a referéndum.

Frattini dijo que la declaración de “no admisible” no está prevista y los concejales sólo tienen potestad para pronunciarse por la aceptación o el rechazo de la iniciativa. “Lo que hicieron hoy en realidad es rechazar, por lo que corresponde que el Ejecutivo continúe con el trámite”, explicó.

Señaló que el planteo que preparan es un nuevo recurso contencioso administrativo y a su entender “los jueces van a hacer lugar” al planteo, porque irá en la misma línea del que ya presentaron semanas atrás y consiguió frenar la firma del contrato.

Otra de las posibilidades evaluadas por el grupo de vecinos y organizaciones era la de recurrir a la Justicia Penal con una denuncia penal por incumplimiento de deberes de funcionario público. Pero Frattini la desaconsejó porque los antecedentes juegan en contra. “En general los incumplimientos de deberes de funcionario no prosperan y el camino adecuado es la Justicia Civil, que ya hizo lugar a una cautelar por este tema”, argumentó.

Los plazos para la presentación no son apremiantes, explicó el abogado, porque tienen 30 días para impugnar el acto administrativo.

El presidente del Frente Grande, Julio Accavallo, dijo que los caminos a seguir en lo jurídico se definirán la próxima semana y señaló que la fuerza que representa “más algunos adherentes” de otros grupos trabajan en paralelo para una presentación más política, que apuntará a desplazar a los concejales de Juntos y del Pro por revocatoria de mandato.

Para lograrlo necesitan también abrir el proceso con las firmas del 3% de los empadronados (unos 2.700) y luego alcanzar el 10% para convocar a un referéndum revocatorio.

La razón sería que los representantes “violaron su propia plataforma electoral” en la que se comprometían a favorecer los mecanismos participativos de democracia directa y semidirecta.