Rebelión contra la torpeza
Como si fuera cuestión de escenas de una vieja película de la clase que se repitió una y otra vez durante décadas antes de la restauración democrática de diciembre de 1983, de repente el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se ha visto ante una virtual sublevación protagonizada por hombres de la Prefectura Naval y de la Gendarmería, además de suboficiales de la Armada y un grupo conformado por agentes de la Policía Bonaerense, no sólo en la Capital Federal y alrededores sino también en muchas ciudades del país. Para hacer frente a esta crisis totalmente imprevista, la presidenta tuvo que adelantar su regreso desde Lima, donde había participado de una reunión de dirigentes de países latinoamericanos y árabes. Aunque, como corresponde en circunstancias como éstas, todos los bloques parlamentarios cerraron filas enseguida para solidarizarse con el gobierno, exhortando a los miembros de las distintas fuerzas de seguridad para que “adecuen sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación de las autoridades legalmente constituidas”, parecería que, a diferencia de lo que sucedía con tanta frecuencia en épocas ya superadas, los reclamos de los uniformados son apolíticos, puesto que, como sindicalistas, están protestando contra la reducción drástica, por error, de sus haberes. Así lo entendió el flamante secretario general de la CGT oficialista, el metalúrgico Antonio Caló, al afirmar que “todo lo que sea un reclamo de los trabajadores lo vamos a apoyar. Cuando hay un reclamo salarial la CGT lo va a tener que acompañar”, reivindicando de tal modo un principio que, de aplicarse sistemáticamente, no podría sino hacer estallar “el modelo” kirchnerista. Si bien, al dar marcha atrás, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, atribuyó la situación alarmante que se ha creado a “una maniobra” por parte de los oficiales jerárquicos presuntamente motivada por la voluntad de “generar un caos para usar a los de abajo para seguir aprovechando los beneficios de los de arriba”, todo parece ser la consecuencia de la torpeza apenas concebible de funcionarios del gobierno mismo. Al fin y al cabo, deberían estar al tanto de lo que está sucediendo en las estructuras bajo su mando. No tardaron en presentar sus respectivas renuncias los jefes de la Prefectura Naval y la Gendarmería –luego relevados– por saberse claramente incapaces de mantener un mínimo de disciplina en las fuerzas. Sería lógico que también lo hicieran la ministra de Seguridad Nilda Garré y el jefe auténtico de la repartición, el teniente coronel Sergio Berni, que se desempeña como secretario de Seguridad, por tratarse de los responsables formales del desaguisado que se ha producido, pero en vista de la resistencia de Cristina a brindar la impresión de estar dispuesta a ceder ante presiones de cualquier tipo, es de suponer que ambos conservarán sus empleos. Según se informa, al cobrar sus salarios los efectivos de la Prefectura se encontraron, sin explicación alguna, con más del 30% –en algunos casos el 60%– menos que el mes anterior, de suerte que no es nada sorprendente que tantos hayan reaccionado con indignación incrédula. Aunque los voceros gubernamentales han dado a entender que todo se debió a un error imputable a lo difícil que resultaba “blanquear” un esquema de pagos “por códigos” absurdamente complicado, es imperdonable que las autoridades hayan permitido que la situación llegara al extremo así supuesto. Por lo demás, no es ningún secreto que muchos integrantes de todas las fuerzas de seguridad sientan malestar por el muy bajo nivel de sus remuneraciones y por condiciones laborales humillantes, además de la conciencia de que los desprecian los funcionarios “militantes” del gobierno de Cristina que los vinculan con la dictadura militar más reciente. Por supuesto, en la etapa de vacas flacas que ya se ha iniciado no será posible aumentar mucho los salarios de quienes cumplen tareas a menudo ingratas en defensa de una sociedad muy preocupada por la falta de seguridad, pero así y todo es legítimo exigir que las autoridades los traten con más respeto, lo que, entre otras cosas, les significaría hacer un esfuerzo genuino por racionalizar un sistema salarial que, tal y como están las cosas, parece ser obra de una burocracia imaginada por Kafka.
Como si fuera cuestión de escenas de una vieja película de la clase que se repitió una y otra vez durante décadas antes de la restauración democrática de diciembre de 1983, de repente el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se ha visto ante una virtual sublevación protagonizada por hombres de la Prefectura Naval y de la Gendarmería, además de suboficiales de la Armada y un grupo conformado por agentes de la Policía Bonaerense, no sólo en la Capital Federal y alrededores sino también en muchas ciudades del país. Para hacer frente a esta crisis totalmente imprevista, la presidenta tuvo que adelantar su regreso desde Lima, donde había participado de una reunión de dirigentes de países latinoamericanos y árabes. Aunque, como corresponde en circunstancias como éstas, todos los bloques parlamentarios cerraron filas enseguida para solidarizarse con el gobierno, exhortando a los miembros de las distintas fuerzas de seguridad para que “adecuen sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación de las autoridades legalmente constituidas”, parecería que, a diferencia de lo que sucedía con tanta frecuencia en épocas ya superadas, los reclamos de los uniformados son apolíticos, puesto que, como sindicalistas, están protestando contra la reducción drástica, por error, de sus haberes. Así lo entendió el flamante secretario general de la CGT oficialista, el metalúrgico Antonio Caló, al afirmar que “todo lo que sea un reclamo de los trabajadores lo vamos a apoyar. Cuando hay un reclamo salarial la CGT lo va a tener que acompañar”, reivindicando de tal modo un principio que, de aplicarse sistemáticamente, no podría sino hacer estallar “el modelo” kirchnerista. Si bien, al dar marcha atrás, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, atribuyó la situación alarmante que se ha creado a “una maniobra” por parte de los oficiales jerárquicos presuntamente motivada por la voluntad de “generar un caos para usar a los de abajo para seguir aprovechando los beneficios de los de arriba”, todo parece ser la consecuencia de la torpeza apenas concebible de funcionarios del gobierno mismo. Al fin y al cabo, deberían estar al tanto de lo que está sucediendo en las estructuras bajo su mando. No tardaron en presentar sus respectivas renuncias los jefes de la Prefectura Naval y la Gendarmería –luego relevados– por saberse claramente incapaces de mantener un mínimo de disciplina en las fuerzas. Sería lógico que también lo hicieran la ministra de Seguridad Nilda Garré y el jefe auténtico de la repartición, el teniente coronel Sergio Berni, que se desempeña como secretario de Seguridad, por tratarse de los responsables formales del desaguisado que se ha producido, pero en vista de la resistencia de Cristina a brindar la impresión de estar dispuesta a ceder ante presiones de cualquier tipo, es de suponer que ambos conservarán sus empleos. Según se informa, al cobrar sus salarios los efectivos de la Prefectura se encontraron, sin explicación alguna, con más del 30% –en algunos casos el 60%– menos que el mes anterior, de suerte que no es nada sorprendente que tantos hayan reaccionado con indignación incrédula. Aunque los voceros gubernamentales han dado a entender que todo se debió a un error imputable a lo difícil que resultaba “blanquear” un esquema de pagos “por códigos” absurdamente complicado, es imperdonable que las autoridades hayan permitido que la situación llegara al extremo así supuesto. Por lo demás, no es ningún secreto que muchos integrantes de todas las fuerzas de seguridad sientan malestar por el muy bajo nivel de sus remuneraciones y por condiciones laborales humillantes, además de la conciencia de que los desprecian los funcionarios “militantes” del gobierno de Cristina que los vinculan con la dictadura militar más reciente. Por supuesto, en la etapa de vacas flacas que ya se ha iniciado no será posible aumentar mucho los salarios de quienes cumplen tareas a menudo ingratas en defensa de una sociedad muy preocupada por la falta de seguridad, pero así y todo es legítimo exigir que las autoridades los traten con más respeto, lo que, entre otras cosas, les significaría hacer un esfuerzo genuino por racionalizar un sistema salarial que, tal y como están las cosas, parece ser obra de una burocracia imaginada por Kafka.
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