Recalculando tarifas: libertad vs. igualdad

Desde finales del siglo XVIII, en el mismo inicio de la Revolución Francesa (1789), la humanidad ha debatido sobre la supremacía entre “libertad” e “igualdad”. Dos siglos después el devenir político en cada nación forjó su propia interpretación de los principios, y alternó supremacías. La “razón” fue el fundamento de las más tajantes verdades de época. Libertad o igualdad son en definitiva prevalentes según quien bajo criterios políticos ostentó la razón en cada tiempo.

El servicio eléctrico, derecho social y económico, no es ajeno al derrotero, y su tarifa ha sido en cada pincelada de historia producto de razones temporales. Desde el desarrollo en manos extranjeras, pasando por subsidios, crisis, estatizaciones, privatizaciones, hasta marcos normativos semipúblicos.

Sea cual fuera su análisis, la Argentina de hoy tiene en su agenda pública el servicio eléctrico.

La gestión nacional sintetiza su visión política de la energía eléctrica como una actividad económica, donde deben prevalecer realidades de costos, inversiones, usos para el intercambio internacional y cuidado del ambiente.

Una visión que implicó para gran parte de la población civil, comercial, empresaria e industrial un sendero de reducción de subsidios (incluyendo la quita de la tarifa social) y un encarecimiento de los costos de producción dentro y fuera de la matriz energética nacional.

Así, la libertad en su forma de “libertad económica” le ganó a la igualdad en su forma de “igualdad de oportunidades”. El mercado de producción de energía eléctrica normalizó variables, existe competencia, precios, contratos, previsión y seguridad jurídica; las libertades han recuperado terreno en la economía. Por el contrario la igualdad ha sido derrotada.

Argentina debe comenzar a tener otras “razones” en el sector eléctrico, aquellas que incorporen la igualdad de oportunidades. Los usuarios del servicio de energía eléctrica no son meros componentes de un mercado ficticio, son ciudadanos con distintas realidades, oportunidades diversas y futuros disímiles; unificarlos en el “precio” de un servicio esencial no parece propio de esta época. No es igual un comerciante que compite con importadores, ni aquellos que fungen distintos eslabones en su oferta, o ninguno. No son semejantes la industria automotriz y la agroindustria. Los usos por estacionalidad también son diferentes. Créase o no es en esa diversidad donde reside la solución.

Todos queremos sistemas integrados, precios estables, universalidad, calidad, etc., pero esos dogmas deben admitir prioridades, razones socioeconómicas dentro del umbral de la igualdad y la prosperidad. La energía eléctrica es un servicio público de alcance universal, por ende no puede haber en la primera franja de consumo domiciliario (entre 300/500 kW/mes según la región del país) impedimento económico que prive su acceso.

En definitiva todos los productores energéticos explotan recursos de la nación, bajo licencias públicas; esa aseveración lleva implícito el deber de no excluir a ningún argentino de su rédito. El comercio y la industria tiene diversidades de incidencia, no contemplarlas conspira contra el propio conjunto.

No puede fracasar la industria electrónica manufacturera por los costes de energía, arrastraría empleos y capitales; ni puede ser causa de éxito la producción de los servicios de frío por el bajo coste del kW/h, por cuanto a corto término abundará la competencia y se colapsará el mercado.

Si los gobiernos logran poner en perspectiva esas realidades, muchos son los cambios posibles. Conceptualizar la diversidad en búsqueda de igualdad parecería un recorrido contradictorio hacia una solución poco probable, pero no es así. La igualdad reside en la identidad de condiciones, no en su amontonamiento.

La producción energética tiene su diversidad reconocida, no es lo mismo una hidráulica de punta que la nuclear o la eólica del programa RenovAr.

Debemos recorrer ahora el camino de la diversidad tarifaria para el usuario final, profundizándolo, aunque debamos superar obstáculos legislativos (como la prohibición de subsidios cruzados), tecnológicos (para facilitar la medición) y de auditoría (políticas de clasificación y seguimiento de usuarios). No parece imposible frente a un sistema que le falta oxígeno social.

La clave está en la regulación. Hay razones para que el servicio eléctrico contemple en paridad el principio de libertad económica y el de igualdad de oportunidades. Es la política a través de la regulación la que debe hacer que esto ocurra. En un mundo moderno de “razones múltiples”, con “libertades consolidadas”, el objetivo “ha de ser alcanzar la igualdad de oportunidades” en la diversidad. El servicio eléctrico no es una excepción a dicho razonamiento.