Rechazaron un planteo de la comunidad Buenuleo para llegar a la Corte
La Cámara de Roca desestimó un recurso que había presentado el abogado de los mapuches. Pretendían que el máximo tribunal prohíba cualquier intento de desalojo de las tierras que ocupan, en Bariloche.
La lof mapuche Buenuleo se instaló en un predio al pie del cerro Ventana en septiembre de 2019. Archivo
Los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Roca, Mariano Roberto Lozano y Richar Gallego, le bajaron el pulgar al recurso extraordinario que el abogado de la comunidad mapuche Buenuleo había presentado, para tratar de que la Corte Suprema revisara el fallo, que desestimó una medida cautelar para frenar un posible desalojo de las tierras que ocupa la comunidad en Bariloche.
El abogado Matías Schraer presentó un amparo en octubre del año pasado en el juzgado federal de Bariloche, con el objeto de que se dispusiera el inmediato reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras “que tradicionalmente ocupa” la comunidad Buenuleo.
Junto con el amparo, solicitó una medida cautelar para que se prohíba cualquier intento por desalojar a la comunidad de las tierras, que están ubicadas al pie del cerro Ventana, a unos 10 kilómetros del centro de Bariloche.
El pedido se hizo a raíz de la orden de desalojo que había ordenado el juez de garantías de Bariloche, Sergio Pichetto, en septiembre pasado, en una causa penal en la que hay varios miembros de la comunidad Buenuleo imputados por el delito de usurpación.
Schraer recordó ayer que el juez federal subrogante de Bariloche Gustavo Zapata desestimó la cautelar solicitada. Y explicó que si bien no rechazó la acción de amparo, todavía no lo resolvió.
Tras el rechazo de Zapata, el abogado de la comunidad impugnó ante la Cámara Federal de Apelaciones de Roca, que desestimó el recurso de apelación. Los jueces de Roca confirmaron la decisión del juez de Bariloche que no admitió la medida cautelar.
Lozano y Gallego recordaron en su resolución que el juez de Bariloche había juzgado que era inadmisible la pretensión de la comunidad “pues, al relacionarse con el trámite del desalojo dispuesto en la causa provincial, cualquier decisión que pudiese adoptarse fuera del marco de ella importaría una intromisión indebida en la jurisdicción del magistrado interviniente”.
El abogado volvió a la carga y presentó ante la Cámara de Roca un recurso extraordinario para tratar de que la Corte Suprema revise la resolución que denegó la cautelar.
Advirtió que en el caso de que se dictara una sentencia que tenga por objeto el desalojo, “la comunidad se vería obligada a dejar las tierras que tradicionalmente ocupa”.
Agregó que esa situación “afecta la libre determinación a la autonomía del pueblo mapuche al causarle la pérdida del espacio donde poder desarrollar su cultura preexistente al Estado, su economía, sus instituciones políticas, su espiritualidad, su casa habitación y su alimentación, tanto a nivel individual como colectivo”.
El abogado aseguró en el recurso extraordinario que “ya no hay impedimento para dictar la medida cautelar solicitada para proteger e impedir toda orden de desalojo en contra de la comunidad«. Observó que el desalojo que había ordenado el juez Pichetto fue suspendido.
Lozano y Gallego dijeron en la sentencia que dictaron el 2 de julio pasado, que el obstáculo para admitir el recurso extraordinario radica en que la resolución impugnada (que rechazó la cautelar) no es una sentencia definitiva.
Recordaron que el criterio de la Corte es que las resoluciones referidas a medidas precautorias, ya sea que las ordenen, modifiquen o extingan, no autorizan el otorgamiento del recurso extraordinario. El abogado aseguró ayer que irá en queja ante la Corte.
La causa en la justicia provincial
El juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata, resolvió a principios de mayo pasado no aceptar la competencia atribuida al Juzgado Federal de Primera Instancia de Bariloche por los jueces del Tribunal de Impugnación de Río Negro.
En consecuencia, Zapata dispuso remitir el expediente de la causa a la fiscalía de Bariloche para que siga adelante el proceso penal. El expediente se originó a partir de la denuncia que Emilio Roberto Friedrich presentó contra miembros de la comunidad mapuche Buenuelo por el delito de usurpación.
Friedrich denunció en la fiscalía de esta ciudad que el 10 de septiembre pasado miembros de la comunidad Buenuleo se instalaron en el lote que poseía hasta ese momento y ocuparon la vivienda que había construido en ese lugar.
Los Buenuleo argumentaron que se trataba de un acto de recuperación de lo que consideran parte del territorio de la comunidad. Esa jornada hubo incidentes y los mapuches denunciaron que personas que respondían a Friedrich los amenazaron con armas en su afán de que abandonen el terreno.
Pocos días después, los fiscales de Bariloche Martín Lozada, Tomás Soto y el adjunto Gerardo Miranda formularon cargos contra un grupo de miembros de la comunidad Buenuleo. Les atribuyeron el delito de usurpación porque despojaron a Friedrich y a otros particulares del lote.
El juez de garantías Sergio Pichetto admitió los cargos, entendió que había pruebas como para avanzar con la investigación y ordenó restituir el lote a Friedrich, que presentó documentación para demostrar que había comprado el lote.
La defensa de los mapuches cuestionó la legalidad de esa documentación y planteó que la justicia provincial era incompetente para resolver el conflicto y que debía ser la justifica federal la que interviniera.
Los miembros de la comunidad imputados impugnaron la resolución y el desalojo quedó en suspenso. El juez Marcos Burgos revisó la decisión de Pichetto y la confirmó. También, ratificó la orden de desalojo.
La defensa de los mapuches recurrió ante el Tribunal de Impugnación de la Provincia que admitió a principios de diciembre último el recurso y resolvió que la justicia provincial no era competente para intervenir en el conflicto. En consecuencia, el desalojo quedó sin efecto.
El expediente pasó al juzgado federal de Bariloche y Zapata dictó el fallo que rechazó asumir la competencia en la causa. Por eso, el expediente tenía que volver a la justicia provincial.
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