Rechazo a una ley que habilita al TSJ porteño a apelar fallos nacionales

Fue aprobada por 38 votos. Habilita a ampliar las competencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño para que tenga injerencia en causas del ámbito nacional. Duras críticas de magistrados, oposición y organizaciones, que advierten que se busca impunidad.

Legislatura porteña

La aprobación en la Legislatura porteña de un proyecto de ley de reforma judicial que busca ampliar las competencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la ciudad de Buenos Aires para que tenga injerencia en causas del ámbito nacional, fue repudiado por la oposición y la Asociación de Magistrados. Ayer, organizaciones políticas, sindicales y sociales denunciaron en una marcha que el oficialismo porteño «busca garantizar la impunidad» del expresidente Mauricio Macri con la nueva ley.

La iniciativa había sido presentada por el bloque oficialista de Vamos Juntos (VJ). Se titula «Modificación de la Normativa vigente en materia de Audiencias Administrativas y Judiciales”. No obstante, uno de los artículos modifica la ley 402, de «procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad», con el objeto de que los recursos ordinarios de apelación ante el TSJ de la ciudad puedan proceder «contra las sentencias emanadas de los tribunales de la ciudad de Buenos Aires o los integrantes de la Justicia nacional de la Capital Federal».

La semana pasada el oficialismo porteño logró aprobar el proyecto, con 38 votos a favor, de los bloques Vamos Juntos, UCR-Evolución, Partido Socialista y GEN, y 20 en contra, del Frente de Todos y la Izquierda.  Así, quedó sancionada la modificación a la ley 402 de procedimientos ante el TSJ y lo habilita a expedirse sobre fallos de juzgados nacionales que tengan sede en la Capital Federal.

La marcha de repudio, realizada ayer en CABA.

En un comunicado, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn) definió al proyecto de ley como «otro avasallamiento pretendiendo vulnerar las competencias de nuestra Constitución Nacional». Subrayaron: “La ciudad de Buenos Aires, aun con su régimen de gobierno autónomo, no es una provincia de las que constituyeron la Federación, sino un territorio federalizado en 1880 como traumática culminación del proceso de organización nacional».

«Rechazamos enfáticamente los proyectos de ley que se han presentado ante la Legislatura porteña, pretendiendo erigir al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en ‘Tribunal Superior de la Causa’ en procesos que tramitan ante la Justicia Nacional».

En tanto, la legisladora Claudia Neira, diputada porteña del Frente de Todos (FdT) advirtió que “al darle al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad la posibilidad de tener la última palabra sobre recursos que provienen de juzgados nacionales, lo que busca el oficialismo porteño es un control político-jurídico sobre determinadas causas judiciales, tal como el caso del Correo Argentino”.  Y agregó: “Le otorga herramientas que el TSJ ya ha implementado, pero que al no ajustarse a derecho sólo sirven para demorar el proceso, porque los juzgados nacionales no aceptan las decisiones del TSJ en estas condiciones». Desde su óptica “pretenden disfrazar de autonomía algo que es una aberración jurídica. Siempre he sido una ferviente defensora de la autonomía de la Ciudad, pero esto está muy lejos de esa reivindicación. Se parece más a un gesto de (Horacio) Rodríguez Larreta para salvar a (Mauricio) Macri, dándole una herramienta que le permitiría seguir demorando el proceso judicial en el caso del Correo Argentino».


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La aprobación en la Legislatura porteña de un proyecto de ley de reforma judicial que busca ampliar las competencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la ciudad de Buenos Aires para que tenga injerencia en causas del ámbito nacional, fue repudiado por la oposición y la Asociación de Magistrados. Ayer, organizaciones políticas, sindicales y sociales denunciaron en una marcha que el oficialismo porteño "busca garantizar la impunidad" del expresidente Mauricio Macri con la nueva ley.

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