Reclamaron en Neuquén para que no se extradite a Jones Huala

Integrantes de la comunidad Mapuche junto a organizaciones políticas y sindicales se juntaron frente al consulado chileno y repudiaron la decisión de la Corte Suprema de Justicia que ratificó el dictamen de extradición del lonko Facundo Jones Huala. Además entregaron una nota donde argumentaron que debe ser juzgado por la justicia argentina y denunciaron que se trata de una persecución política.

“Repudiamos toda la situación que está viviendo el pueblo nación mapuche ahora específicamente con la extradición del lonko y venimos a entregar una carta donde esta todo nuestro argumentos judiciales de cómo pasaron por arriba las leyes en relación con la aprehensión del lonko que es nuestro referente hoy en día en la recuperación de territorio”, señaló Rubén Huani, asistente social y quien fue investigado por supuestos vínculos con la RAM, algo que además criticaron .

Manifestó que tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que ratificó la extradición, teme por su vida “teniendo en cuenta lo que es la Justicia de Chile”.

Señalaron que en Chile “se está acusando a todos los peñi, que están haciendo recuperación del territorio a través de la ley antiterrotista, que está en contra de todos los derechos humanos”.

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Los argumentos que plantean en la nota es que Facundo Jones Huala “tiene nacionalidad argentina y tiene que ser juzgado por la Justicia argentina” y que “no hay necesidad que sea juzgado allá (en Chile).

Por otro lado, Huani recordó que el referente mapuche tiene otras causas “y según la Justicia tendría que primero pasar todos esos procesos”.

La acusación al dirigente mapuche es por delitos de incendio en lugar habitado y tenencia ilegal de arma de fuego de fabricación artesanal.

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Rubén Huani expuso que teniendo en cuenta lo que dice la Corte Suprema que “se tenga y se compute los días de aprehensión que esta acá en Argentina ya tendría que estar suelto si se lo juzga allá en Chile”.

Por su parte, Nadia Paris, militante de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, señaló la decisión del máximo tribunal del país como “una grave violación a los derechos humanos, a un pueblo preexistente a los estados argentinos y chilenos” y la calificó como “una persecución política”.