Reforma judicial: el oficialismo sale a buscar el apoyo de los gobernadores

Con la reforma judicial avanzando en forma rápida sobre el Senado, el oficialismo apunta ahora a lograr consensos en la Cámara de Diputados, donde ya se estima que la discusión llegará a octubre para negociar todo este paquete junto al proyecto de Presupuesto 2021.

El tratamiento ahí será mucho más duro ya que, por ahora, no cuentan con la mayoría necesaria para avanzar. 

Desde el Gobierno saben que para lograr el apoyo en la Cámara Baja es clave volver alinear a los mandatarios provinciales detrás del proyecto. Acordando con ellos, gran parte de los legisladores terminarán por respaldar la iniciativa. 

El Ejecutivo ya dio la primera señal. Ayer resolvió prorrogar por el plazo de 45 días corridos el vencimiento del pago de capital de los préstamos por los desembolsos del año 2016, conforme los Acuerdos Nación-Provincias. Entre las beneficiadas se encuentran Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

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De esta manera la Nación difiere poco más de 24.000 millones de pesos (de un total de 120.000 millones de pesos) que vencían a fin de mes. Las provincias le habían solicitado al presidente Fernández llegar a un acuerdo argumentando la caída en los ingresos y los aumentos de los gastos por los efectos generados en la pandemia. En el caso específico de Río Negro, logró postergar poco más de 700 millones de pesos (ver más información en página 12) mientras que para Neuquén esa cifra es un poco más baja.

Pero el oficialismo no solo esta ofreciendo fondos para poder sostener las debilitadas cuentas provinciales, también están haciendo participes a los Gobernadores de los “beneficios” colaterales que se obtendrán con la reforma judicial. En la letra chica del proyecto se crean nueve salas o cámaras de apelaciones, una instancia de revisión de los juzgados federales que hasta ahora estaba en manos de varias provincias.

En concreto se estima para el interior la creación de numerosos cargos de jueces de Cámara, uno de los sueldos más altos en la estructura judicial, y decenas de cargos de funcionarios y empleados. Pero también se generan nuevas estructuras de cámara en el Ministerio Público.

Todo un movimiento de recursos y personal que las Provincias podrán manejar con un alto grado de discrecionalidad.

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Las cuentas públicas de las administraciones provinciales están pasando por un difícil momento. La mayoría presenta rojos estructurales que, sin la ayuda que hoy perciben de Nación, ni siquiera podrían hacer frente a la liquidación de los sueldos de sus empleados públicos.

Las transferencias que llegan de la administración Fernández son clave para sostener la gobernabilidad en las provincias. Pero la reciente historia de nuestro país muestra que esta dependencia económica con el poder central termina en alineamientos y cambios de favores que poco tienen que ver con las necesidades reales de la ciudadanía que los votó. La reforma judicial se encuadra dentro de este esquema.

El kirchnerismo fue, en sus doce años al frente del gobierno, quien usó con mayor intensidad este tipo de coerción contra los gobernadores a través del envío de fondos discrecionales para obras públicas y políticas sociales. No es casual que el proyecto de reforma judicial se termine de definir en Diputados junto al del Presupuesto 2021, donde se termina por decidir qué partidas se orientarán para las provincias.