Reforma menor
Aunque el proyecto de reforma laboral que ha sido sancionado por la Cámara de Diputados mejoraría la arcaica legislación existente, no hay motivos para creer que luego de haber sido modificado por el Senado constituya un instrumento que sea capaz de «crear fuentes de trabajo», como pretenden sus impulsores, o de hacer todavía más precaria la situación de quienes tienen empleo, como prevén los detractores. Antes de enviar el proyecto al Congreso, el gobierno se había encargado de diluirlo para que resultara más apetecible para la oposición, pero es poco probable que las modificaciones de último momento que se introdujeron hayan incidido mucho en el ánimo de los legisladores. Para éstos, y también para los sindicalistas, el proyecto ya se había convertido en un mero pretexto para asumir posturas determinadas, de modo que la mayoría de los aliancistas votó en favor de una reforma que pocos meses antes hubiera rechazado con indignación por contraria a los intereses de los obreros, los peronistas la repudiaron por «dura» a pesar de que antes de las elecciones habían planteado cambios decididamente más drásticos, una parte de la CGT la aceptó en base a un arreglo nada transparente con el Poder Ejecutivo que fue sellado en una reunión celebrada en la Casa Rosada, y otra facción de la CGT, la encabezada por Hugo Moyano, la denunció con vehemencia no por creerla necesariamente mala, sino porque, a su entender, le convenía subrayar la intensidad de su oposición al Fondo Monetario Internacional.
Dicho de otro modo, para la clase política en su conjunto, lo que importaba no era la reforma laboral como tal, sino el provecho que sus integrantes esperaban sacar de la oportunidad brindada por su tratamiento legislativo. Tal actitud no era muy digna, pero es comprensible que muchos políticos y dirigentes sindicales hayan actuado con tanta ligereza porque la verdad es que nadie sabe muy bien cuáles serán los efectos concretos de la nueva ley en el mercado laboral, siempre y cuando los senadores peronistas la aprueben en su forma actual. Aunque parece evidente que de imperar la «flexibilidad» habría más puestos de trabajo -en este sentido, la experiencia reciente de los Estados Unidos ha sido muy convincente-, no lo es que estos puestos sean tan bien remunerados como los ya existentes. En el corto plazo por lo menos, tanto los empleos como los salarios dependerán del estado actual de la economía: de reanudarse el crecimiento, aumentará la oferta laboral, pero los obreros no compartirían los beneficios porque es grande la reserva constituida por los desempleados. Sin embargo, si se agotara la reserva de trabajadores empleables, los salarios no tardarían en subir. Bien que mal, la ley de la oferta y la demanda no ha perdido su vigencia, de modo que los intentos políticos de manejar el mercado laboral no pueden brindar los resultados presuntamente deseados.
La desocupación masiva figura desde hace casi cinco años como el problema número uno del país, pero no obstante los millones de palabras que han pronunciado políticos y sindicalistas sobre el tema, nadie cree que una «solución» esté a la vista. Pero sería un error atribuir esta realidad lamentable sólo a las deficiencias de nuestros políticos. En Europa occidental, sus equivalentes están debatiendo el problema supuesto por una tasa de desempleo «estructural» superior al diez por ciento -en toda España es más del quince por ciento y en Andalucía es más del treinta- desde hace más de tres lustros, para llegar a una posición similar a la alcanzada aquí. De más está decir que esta exhibición notable de inoperancia constituye un argumento muy poderoso en favor de la «flexibilidad», pero en muchos países, entre ellos la Argentina, los políticos son contrarios por instinto a dejar un asunto tan importante en manos del mercado y, por motivos similares, la opinión pública comparte su actitud. Así las cosas, no sorprenderá que la desocupación masiva siga siendo un problema gravísimo tanto en el 2004 como en el 2008, ni que el eventual sucesor del presidente Fernando de la Rúa también discuta con los sindicalistas una «reforma» tan insulsa como la que ya aguarda el veredicto del Senado.
