Corrupción de menores: el caso Iud paralizó actividad legislativa
En un mes, sólo se reunió una comisión. Asoman legisladoras que reclaman su licencia. Las Mujeres del FpV postergan Jornadas, denominadas el “fortalecimiento del feminismo”.
La paralización legislativa es el primer efecto institucional de la causa por corrupción de menores que involucra al legislador del FpV, Javier Iud. Ya no habrá sesión en octubre y, en el último mes, solamente una comisión parlamentaria deliberó, casualmente, la de Derechos Humanos.
La negación, el silencio y la protección fue un inicial reflejo de los legisladores. Despuntan las acusaciones, la Legislatura continúa inmovilizada pero aparecen voces parlamentarias reclamando -por lo menos- que Iud tome licencia.
La última sesión se cumplió el 24 de septiembre. En el mes transcurrido, sólo se registró la reunión de la Comisión de Derechos Humanos, programada para la conformación del Comité contra la Tortura. Participan siete legisladores.
Un resguardo parlamentario similar se advirtió en el 2017 cuando se conoció de la denuncia contra Rubén López, de Juntos, por abuso sexual. Aún con la licencia adoptada por el legislador, el oficialismo no posibilitó ninguna sesión en marzo (más allá de la apertura del Periodo) y esquivó todo escenario que posibilitara los cuestionamientos del bloque del Frente para la Victoria, entonces ferviente censor de la conducta del parlamentario investigado.
En este caso, Iud no requirió licencia y las bancadas mayoritarias comparten -en los hechos- el objetivo de desactivar cualquier encuentro parlamentario. Claramente, en esta ocasión, la actitud corporativa es mayúscula.
La muestra correspondió al apoyo público a Iud del bloque del FpV mientras quedaron en borradores aquellos intentos del oficialismo por una postura contraria, lo cual, requirió de labores de parte del presidente del bloque de Juntos, Alejandro Palmieri. Marta Milesi sólo se salió -un momento- de esa línea cuando incluso requirió la licencia de Iud. Su par María Gemignani compartió esa evaluación tras firmar un posicionamiento con ediles de JSRN de San Antonio y el legislador Adrián Casadei.
Ya en el FpV se reconoce del costo de la inicial postura asumida por la bancada, respaldada por el titular de la fuerza, Martín Soria. Aún así, la imputación fiscal derivó en un análisis distinto y existían opiniones en el bloque que se distanciaban de la estrategia impuesta por el legislador acusado. Por caso, las dirigentes peronistas -incluyendo las legisladoras- se vieron obligadas a la postergación de las Jornadas programadas para este fin de semana en Viedma. Es entendible. Su objetivo y lema propuesto: “Fortalecimiento del feminismo en el Fpv”.
Simultáneamente, una decena de agrupaciones de mujeres reclamaron a “toda la dirigencia política” un posicionamiento en el caso y alertaron al colectivo en referencia a que “nuestra lucha vaya más allá de un color político partidario”.
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