Más rechazos a los aportes al clero

Dos legisladores nacionales por Neuquén apoyaron la iniciativa para revisar los fondos estatales que recibe la iglesia católica, que este año superarán los 130 millones de pesos. En el Congreso se analiza una propuesta para derogar los pagos.

No está solo el neuquino que presentó un escrito ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia (Inadi) para denunciar como discriminatorio el financiamiento estatal a la iglesia católica.

Diputados nacionales por la provincia de Neuquén manifestaron su respaldo a revisar las leyes que destinan aportes económicos para su sostenimiento y ratificaron la laicidad del Estado nacional.

El diputado de Cambiemos, Leandro López, dijo estar “totalmente de acuerdo” con la iniciativa presentada por Jorge Fouga porque manifestó que “hay que sacarle la ayuda del Estado a la iglesia católica”.

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“Creo que la gran mayoría de Cambiemos y aún de otros partidos van a estar a favor de terminar con este financiamiento que es injusto, más allá de la creencia personal de cada uno. Cuando administrás plata pública, tenés que representar a los contribuyentes y no todos son creyentes y, entre quienes son creyentes, no son todos son católicos”, planteó.

Desde el Frente para la Victoria, Alberto Ciampini, reconoció que “es un tema que va a estar en el ámbito de discusión del Congreso”, pero que todavía no hay una decisión concreta sobre el asunto.

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“Nosotros somos un país laico, esa es la realidad. Bajo ese contexto y en base a lo que pasó la semana pasada en el Senado -en referencia al tratamiento de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo- por ahí hay situaciones que se están manifestando con mayor fuerza”, indicó el legislador.

En marzo de este año, los diputados de Buenos Aires, Fernando Iglesias y Alejandro Echegaray, ambos de Cambiemos, presentaron en la Cámara de Diputados un proyecto para derogar los decretos leyes 21.540, 21.950, 22.162, 22.430 y 22.950. Las cinco normas fueron aprobados durante la última dictadura cívico militar y llevan las firmas de Rafael Videla y Reynaldo Bignone. Esas son las normas por medio de las cuales se financia el funcionamiento de la iglesia católica.

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El sostenimiento de culto católico representará este año un gasto de 130.421.300 pesos para el Estado, según indicó el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, ante una consulta en la Cámara de Diputados.

En el detalle, precisó que los obispos diocesanos reciben un importe mensual de 46.800 pesos, los obispos auxiliares y eméritos 40.950 pesos y los administradores apostólicos y diocesanos, 46.800 pesos.

En números

La discriminación de credos como eje

Hay cuatro leyes que plantean aportes estatales a la iglesia católica:

La Ley 21.950 dispone para los arzobispos y obispos residenciales una asignación mensual equivalente al 80% de la remuneración de un juez de primera instancia y un 70% para el caso de los obispos auxiliares. También contempla a los seminaristas mayores.

La Ley 21.540 prevé una asignación para los obispos eméritos equivalente al 70% de la remuneración de un juez de primera instancia y 60% para el caso de los auxiliares.

La Ley 22.162 impone el pago de una asignación para las parroquias de frontera o ubicadas en zonas desfavorables.

La Ley 22.430 plantea jubilaciones graciables, sin ningún aporte previo, para los sacerdotes carentes de otro beneficio previsional.

Datos

46.800
pesos le paga el Estado a los obispos diocesanos y 40.950 a los obispos auxiliares y eméritos.
10,8
millones de pesos representa por mes el aporte que el gobierno argentino realiza a
la iglesia católica.

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