Piden que coloquen tobilleras a los condenados por lesa humanidad

La fiscalía y la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) pidieron tobilleras para el control electrónico de los condenados por desapariciones y torturas en Neuquén.

La mayoría de los condenados por delitos de lesa humanidad se encuentran en prisión domiciliaria por su edad, y en algunos casos, hubo desconfianza respecto del cumplimiento de la permanencia en sus casas, como el caso de Luis Farías Barrera, sospechado de salir sin vigilancia desde su vivienda del barrio neuquino Alta Barda.

La querella de la APDH pidió la utilización de tobilleras electrónicas para mejorar control de los condenados que están precisamente en prisión domiciliaria.

La fiscalía hizo el mismo pedido, y solicitó por ejemplo, que “continúe con el sistema de vigilancia electrónica”, para uno de los detenidos, Néstor Rubén Castelli, que ya venía siendo controlado con el sistema de pulsera desde Tucumán, donde un tribunal federal lo tiene bajo proceso en la causa por el “Operativo Independencia”.

Castelli fue interventor de Río Negro durante la dictadura, uno de los mandos jerárquicos en el batallón de Bariloche cuando allí funcionó un centro clandestino y fue condenado durante el cuarto juicio de “La Escuelita” por secuestros y torturas en Bariloche, aunque ese proceso aún se encuentra en la etapa de apelaciones.

La APDH exigió los dispositivos electrónicos para que “sean cumplido de manera efectiva” los fallos en los que se condenó por delitos de lesa humanidad. “Implica que los condenados que se encuentran cumpliendo su condena bajo el dispositivo de prisión domiciliaria deben contar con un control permanente por parte del Estado, no pudiendo quedar el cumplimiento librado al puro arbitrio del imputado”.

Las solicitudes, hechas por la fiscalía y la APDH, apuntan a garantizar el cumplimiento de las prisiones domiciliarias ante la sospecha de que fueron vulneradas.

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Las solicitudes, hechas por la fiscalía y la APDH, apuntan a garantizar el cumplimiento de las prisiones domiciliarias ante la sospecha de que fueron vulneradas.

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