Repudian que la Corte otorgue el “dos por uno” en un delito de lesa humanidad

La Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén repudió la resolución de la Corte Suprema de Justicia por la que benefició con el “dos por uno” a un civil condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Para la APDH “la aplicación retroactiva de una ley ya derogada no tiene otro propósito que consagrar la impunidad” y “echa por tierra la normativa y la jurisprudencia nacional e internacional en materia de crímenes contra la humanidad”.

La organización consideró que el fallo de la Corte es un agravio contra la lucha de sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos, además de constituirse como un antecedente “peligroso” porque los jueces federales podrían adoptar el mismo criterio, dejando “a buena parte de los condenados en sus casas”.

La APDH, las Madres de Plaza de Mayo filial Neuquén y Alto Valle, Zainuco, Hijos y la Ceprodh realizarán, mañana, una conferencia de prensa para manifestar su postura sobre el “escandaloso” fallo de la Corte.

Se trata de Máximo Maldonado, condenado por secuestro y torturas. Su liberación no está vinculada a la reciente resolución de la Corte Suprema.

El 26 de abril se produjo la primera liberación de un condenado por delitos de lesa humanidad en la región, por el cumplimiento de la pena.

Los jueces Orlando Coscia y Eugenio Krom consideraron que, como ya estuvo detenido los 8 años y 9 meses que se le impuso por condena por el secuestro y torturas de una detenida – desaparecida en Neuquén, Máximo Maldonado “ha agotado la totalidad de la pena impuesta”, pese a que aún se encuentra en apelación ante la Cámara Nacional de Casación.

La consideración de que se agotó la pena no está vinculada a a la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia que declaró aplicable la ley del “dos por uno”, que reduce el cómputo de los años de prisión, en el caso de un civil, Luis Muiña, condenado en 2011 a 13 años de prisión por secuestros y torturas durante la dictadura.

El acusado integró el destacamento 182 del Ejército, en Inteligencia. Fue detenido en la cárcel el 8 de julio de 2008 y permaneció en el penal hasta el 31,y en agosto logró la prisión domiciliaria hasta el juicio en 2012.

A partir de 2013, le otorgaron la excarcelación. Su condena inicial fue 7 años, pero el tribunal debió imponerle una pena más alta porque Casación admitió el planteo de los querellantes de que la sentencia era “exigua” y no se condecía con los delitos de lesa humanidad.

La liberación del integrante del grupo de tareas que funcionó en Inteligencia del Ejército en 1976 es el primer caso de un condenado al que se le “declara agotada la pena” en los juicios neuquinos, porque no deberá responder ante la justicia por otros casos de secuestros y desapariciones durante la dictadura.

En 2008 hubo condenas de 20 y 25 años para los jefes militares que aún está en vigencia, y si bien hubo un suboficial que tuvo menor condena porque sólo se lo responsabilizó por los padecimientos de una víctima, después de finalizar su condena de 7 años y medio, seguía sujeto a otros juicios por otras víctimas.

De los jefes militares condenados en 2008, sólo Oscar Lorenzo Reinhold y los oficiales de Inteligencia Jorge Molina Ezcurra y Sergio San Martín continúan cumpliendo la pena y esperando nuevos juicios, ya que a varios de los acusados y condenados con sentencias que se su momento se consideraron “ejemplares”, se les suspendió el proceso por las enfermedades que llegaron con la senilidad.

Así se evaluó al general Enrique Olea, jefe del Batallón neuquino en 1976, Luis Farías Barrera, responsable de los detenidos – desaparecidos ante el Comando, el médico militar Hilarión Sosa y el jefe del destacamento de Inteligencia, a cargo de los interrogatorios en el centro clandestino, Mario Gómez Arenas.

De los 4 juicios “La Escuelita”, sólo la primera sentencia está en firme.