Revertir la política educativa actual es prioritario

Marcelo Mango*

El “macrismo” expresa una continuidad en materia de políticas educativas con respecto a los procesos de las dictaduras y de la larga década de los noventa que dificultaron enormemente el ejercicio del derecho educativo en Argentina.

Los procesos de transferencia sin financiamiento y ajustes (ley de Transferencia, ley Federal de Educación y ley de Educación Superior) fueron los mecanismos utilizados por estos gobiernos neoliberales para justificar la disminución del PBI asignado a educación, en el marco del abandono de políticas públicas inclusivas y el empeoramiento general de las condiciones de vida del pueblo argentino.

Estas políticas, que destruyeron la educación argentina, recién empezaron a ser revertidas entre 2003 y 2015 con políticas cuyos ejes fundamentales, establecidos en la nueva ley de Educación Nacional 26206, son la inclusión, la igualdad y la calidad educativa.

El sostenido aumento del porcentaje del PBI destinado a la educación pública, la ciencia y la tecnología (que pasó del 3,77% en 2003 al 6,47% en 2012) se concretó en miles de edificios construidos y otros tantos reparados; en millones de netbooks y libros entregados; en políticas socioeducativas y en planes de mejora. Las leyes de Educación Técnica, de Financiamiento Educativo y de Educación Nacional (LEN) fueron la nueva base normativa de un proyecto federal de recuperación de la escuela argentina.

No solo se recuperaron derechos, sino que también se ampliaron. La obligatoriedad de la Educación Secundaria (derecho conquistado recién en este siglo XXI) es un ejemplo de la importancia de las resoluciones que tomó el Consejo Federal en este sentido.

En el 2012 nuestra provincia aprobó la ley Nº 4819 –Orgánica de Educación Provincial– incorporando los principios y fines consagrados en la LEN, cuya meta es garantizar un piso de inclusión educativa y de justicia e igualdad escolar y curricular. Ya no se trata solo de mejorar la retención y disminuir el mal llamado “abandono” o “deserción” escolar –conceptos que culpabilizan al estudiante– sino que es el Estado quien debe asegurar que tod0s los rionegrines inicien a los cuatro años el jardín y finalicen a los 18/19 años la secundaria.

En los últimos años, lamentablemente, en Río Negro se desaceleró la incorporación temprana al nivel inicial de niños de los sectores más vulnerados, se frenó el desarrollo de las escuelas de jornada extendida/completa (cuyo objetivo también era mejorar condiciones de ingreso al nivel medio) y se abandonaron políticas socioeducativas, como por ejemplo el plan Conectar Igualdad.

Los procesos educativos necesitan tiempo y continuidad. Son los proyectos de inclusión y calidad, sostenidos en el mediano y largo plazo, los que permitieron mejorar la educación tanto a nivel nacional como provincial.
Si bien la ESRN tiene entre sus principales debates los niveles de retención, al analizar la eficacia del Estado en el cumplimiento de dicho objetivo, hay que tener en cuenta que la educación secundaria en Río Negro está conformada en un 50% por la ESRN, mientras que el otro 50% lo componen las escuelas técnicas y privadas, la educación de adultos y otros formatos como la educación virtual o el plan Fines.

La evaluación más rigurosa corresponderá hacerla con los datos del próximo censo y habiendo concluido la primer cohorte de la ESRN (2017-2021) pero durante el proceso hay elementos que no pueden pasar desapercibidos, como por ejemplo las grandes diferencias que existen entre los datos oficiales del Ministerio de Educación de la provincia y los datos del Observatorio Argentinos por la Educación. También es muy importante que se escuchen todas las voces: docentes, estudiantes y familiares que son parte de la comunidad educativa.

Sea cuando sea, el análisis de los datos debe realizarse relacionando inclusión, calidad y retención. No es lo mismo obtener indicadores de calidad con poca población escolarizada de sectores medio altos (y altas tasas de deserción) que lograr mejores aprendizajes para toda la población en edad escolar y sin abandono. El desafío no puede dejar de ser ni más ni menos que garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso de todas, todos y todes.

El crecimiento del desempleo, la pobreza y la indigencia; la emergencia alimentaria; las restricciones severas al consumo de bienes y servicios; las limitaciones al acceso a la cultura y al deporte de les jóvenes; la destrucción del aparato productivo; etc., atentan profundamente contra las posibilidades educativas.

A su vez, durante este gobierno no se construyeron escuelas con fondos nacionales (Macri no terminó siquiera un jardín en Río Negro), se eliminó la paritaria nacional docente, se rebajó en un 30% el poder adquisitivo de los salarios y se frenaron los planes de mejora y equipamiento para las escuelas.

Revertir la política del “macrismo” en educación es fundamental, pero es solo el primer paso. Hay que diseñar nuevas estrategias federales: una nueva ley de financiamiento educativo, recuperar la paritaria nacional, destinar mayores recursos federales para el sostenimiento educativo provincial y para planes nacionales de infraestructura educativa y, por supuesto, cambiar las condiciones sociales, laborales y económicas de las familias para que sus hijes puedan estudiar y aprender dignamente.

Las políticas educativas adoptadas entre 2003 y 2015 mostraron que se podía recuperar y mejorar el sistema educativo. El macrismo objetivamente lo empeoró. Una mejor educación es ciertamente posible en un país que vuelva a estar mejor.

*Exdirigente de Unter, actual legislador por el FpV