Río Negro: los descuentos por planillas en los haberes estatales llegan al 80%

Las retenciones por planillas en los estatales rionegrinos alcanzan el 80% de sus haberes y el gobierno provincial no pudo todavía implementar el normado límite del 50%.

Cesiones por unos 140 millones mensuales, miles de agentes públicos tienen fuertes quitas en sus sueldos en favor de gremios, mutuales o financieras por órdenes de compras o, directamente, por préstamos de dinero.

La Provincia no logró el ordenamiento de las autorizaciones de descuentos, planteado en un decreto del 2018 -N° 1485- que establece un tope del 50% en “la deducción” de esos pagos.

Ese esquema tenía su sostén en un centro de autorización, que el gobierno todavía no instrumentó y, por consiguiente, llegan descuentos por encima de lo proyectado y la Función Pública retiene hasta el 80% de las remuneraciones. Consecuentemente, hay cupos para las organizaciones acreedoras.

Los reclamos mayores parten de AMVI y la Mutual Policial. La primera se quejó -recientemente- al gobierno porque acumula moras mensuales por encima del 50%.

En diálogo con RÍO NEGRO, la secretaria de la Función Pública, Liliana Arriaga admite que el límite del 50% es hoy de “imposible cumplimiento” por las cesiones voluntarias y el endeudamiento existente de los estatales. Planteó su complejidad porque un forzado tope derivaría que las organizaciones transforme sus créditos en demandas judiciales y el problema sería mayor.

La carencia de una previa autorización determina el otro problema: entidades que no logran cobrar totalmente las cesiones de sus asociados.

Esas transferencias -dice Arriaga- se generan por un cómputo del nivel de otorgamiento de cada entidad. Alude que ese sistema, con sus cálculos, arroja la suma para transferir y no hay intervención de la Función Pública. Entiende el reclamo de incorporar otros parámetros en la distribución, como los servicios ofrecidos, y cuenta que “se trabaja en reformas” en ese sentido.

También, Arriaga recordó el decreto que sólo permitía pagar “obligaciones dinerarias” hasta “el 50% del haber neto” y la postergación de su aplicación. “Hoy es de imposible cumplimiento”, resaltó. La suspensión de aquel mandato se formalizó con el decreto N° 1.186 de octubre pasado “hasta tanto el Sistema Integrado de Gestión de Recursos Humanos cuente efectivamente en el modulo liquidador de haberes” y la información de cada agente”. Ese registro “permitirá instrumentar y gestionar el sistema de centro de autorización y así controlar el porcentaje” máximo del 50% de retenciones.

UPCN y UPAM concentran cesiones y transferencias estatales. El gremio mantiene una multiplicidad de servicios, desde órdenes por compras o prestaciones hasta préstamos. La otra – Unión Provincial Asociación Mutual- es una entidad santafesina centrada en asistencia crediticia.

Los permisos simultáneos de empleados para aplicar retenciones derivan en altos porcentajes de los haberes comprometidos, que se facilita por la inexistencia de un centro de autorización. Algunas organizaciones -como UPCN- dispone de su propio cruzamiento y limitaciones.

El año pasado, la irrupción de la pandemia y la dispuesta cuarentena profundizó el endeudamiento del personal estatal por préstamos con mutuales o financieras que disponen de códigos de descuento en Río Negro. Los policías son los más afectados y numerosos con retenciones de hasta el 80%. Su reducción en los ingresos se explica -seguramente- con la eliminación de adicionales por la baja de los espectáculos y encuentros públicos.

Mutual del Valle Inferior alude que sólo cobra el 50% de lo presentado

La Mutual del Valle Inferior (AMVI) transmitió al gobierno su “preocupación por la quita en la distribución de cupos”, lo cual, se “traduce en una mora de más del 50% ”de lo presentado “al cobro por descuento por planilla”.

Esa organización -con centros en Viedma y Luis Beltrán- recuerda sus “24 empleados” y “servicios de salud con más de 30 profesionales y prestaciones de “diagnostico por imágenes y laboratorio de análisis químicos”.

En la nota, su presidente Mario Morón advierte que “se hace prácticamente inviable la continuidad por el desfasaje financiero”. Pide medidas para seguir “con los servicios de salud”, “sin resentir ni tener que adoptar medidas en detrimento de la función social que la mutual brinda”.

Insiste que AMVI “no puede afrontar” un desfasaje de esta magnitud”. En febrero -agrega- se presentaron al cobro casi 34 millones y se cobraron 16,2 millones, resultando impagos unos 17,7 millones. La mora fue del 52,17%. Recordó que “desde setiembre” empezaron los “valores impagos” por unos 9,8 millones: un 38,9% de los 25 millones presentados.