Río Negro Online / opinión

La Asamblea General de las Naciones Unidas no ha permanecido indiferente al muro con el cual se pretende avanzar con el despojo del territorio palestino. Prueba de ello resulta la resolución por la que solicita detener su construcción, aprobada por 144 votos a favor, 12 abstenciones y cuatro votos en contra. A su vez, el secretario general adjunto para Asuntos Políticos de la ONU, Kieran Prendergast, en nombre del propio Kofi Annan, sostuvo que su edificación se aparta de la línea de armisticio fijada en 1949 y contradice en forma manifiesta las reglas del derecho internacional. En junio del 2002 el gobierno de Israel decidió levantar un muro de grandes dimensiones a lo largo de la llamada “línea verde” para prevenir la entrada ilegal de palestinos provenientes de Cisjordania. Esta decisión se produjo después de una serie de atentados suicidas especialmente sangrientos que tuvieron lugar durante la primera mitad de ese año. Una vez finalizado, se estima que tendrá una longitud de 360 kilómetros y seis metros de ancho, tres veces más largo que el Muro de Berlín y dos veces más alto. Estará dotado de torres de vigilancia cada 300 metros, de sensores, alambrados y zanjas de dos metros de profundidad. Las áreas afectadas son las más fértiles y productivas de Cisjordania, con gran cantidad de recursos acuíferos, por lo que se deduce que el sector agrícola sufrirá un daño que repercutirá negativamente en la economía y en el desarrollo ya maltrecho del pueblo palestino. Según un informe elaborado por las Naciones Unidas y presentado en la Comisión para los Derechos Humanos, el muro “se está utilizando, en realidad, para expandir el territorio de Israel”. Unas 11.700 personas quedarán completamente encerradas entre la línea verde y el muro, y serán 128.500 los condenados a vivir en enclaves aislados al quedar sus poblaciones muy cercanas al muro y sin comunicación con el sector ubicado tras el mismo. De acuerdo con la organización Israelí Bt’selem, la construcción infringirá una serie de derechos humanos que van desde el derecho a la propiedad privada hasta el derecho a la asistencia médica. No obstante el elocuente voto de la Asamblea General, Israel prometió que continuará la construcción de la barrera en Cisjordania. Afirma que está llamada a impedir que los terroristas palestinos lleven a cabo atentados contra las ciudadanas y ciudadanos de su Estado. Es decir, que es planteado como un mecanismo de seguridad interior. Sin embargo, el derecho de Israel a defenderse no puede ser nunca incondicional ni ilimitado. En todo caso, no puede constituirse en una vía para hacer sufrir a un gran número de palestinos por los actos de violencia de una minoría, y menos aún servir de argumento para consolidar el despojo territorial iniciado en 1967. Los hechos sugieren que no se trata en realidad de resguardar a la ciudadanía israelí dentro de las fronteras reconocidas de su país, sino, en cambio, de proteger la ocupación y los asentamientos ilegales y contrarios a la legislación internacional. Todo indica, además, que la política de Sharon se encuentra dirigida a plasmar el sistema de “apartheid” para la Palestina ocupada, mediante la cantonalización paulatina de Cisjordania y Gaza. A tal fin se dirige también la aplicación de la política del “transfer”, es decir, del éxodo forzoso de población palestina, mediante goteo o masivamente, por presión militar y/o empobrecimiento económico. El muro no es un fenómeno aislado. Se trata más bien del resultado de un largo proceso que nació con la misma guerra de ocupación de 1967 y que se perpetuó luego con las divisiones entre israelíes y árabes a través de los ya acostumbrados check-points y bloqueo de carreteras. Los más sensatos analistas de la cuestión palestina afirman que no hay posibilidades de paz en Medio Oriente hasta tanto el Estado de Israel no vuelva a las fronteras pactadas en 1949, levante los asentamientos ilegales en territorio palestino y ponga fin a la construcción del muro. Cada una de esas manifestaciones de violencia ha servido para alentar el terrorismo y los atentados suicidas en la región, haciendo de la coexistencia pacífica una utopía cada vez más lejana.