Sálvese quien pueda
Los economistas más optimistas, o más oficialistas, prevén que la tasa de inflación del año corriente se aproxime al 35%. Otros dicen creer que alcanzará el 50% o más. Mientras tanto, el gobierno quiere que los sindicatos se conformen con aumentos salariales que no superen el 25%. Puede que algunos dirigentes procuren anteponer su lealtad hacia la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a su voluntad de mejorar los ingresos de los afiliados, pero sólo se trataría de una minoría poco representativa. Aunque virtualmente todos entienden muy bien que no les será dado conservar el poder adquisitivo del grueso de los trabajadores, también son conscientes de que no les convendría en absoluto permitir que los afiliados de su propio sindicato pierdan terreno en comparación con los de otros. Por lo tanto, parece inevitable que, como acaba de advertir el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, a partir de marzo algunos gremios “van a salir a la calle a reclamar” aumentos muy superiores a los previstos por el gobierno. Es posible que los más poderosos, entre ellos Camioneros, logren su propósito, pero lo harían a costa de los demás y también de los millones de trabajadores que dependen por completo del estado de la economía, ya que no cuentan con organizaciones capaces de defender sus ingresos. El gobierno kirchnerista siempre se ha afirmado resuelto a hacer más igualitaria la sociedad argentina, razón por la que ha impulsado “planes” destinados a beneficiar a los marginados. Sin embargo, al permitir que la inflación cobre tanta fuerza, se las ha arreglado para ampliar todavía más las diferencias. No sólo es cuestión de la brecha enorme que separa a un puñado de ricos del grueso de la clase media, sino también de la que se da entre quienes trabajan en la economía formal y la informal, o sea en negro. En etapas signadas por la estabilidad monetaria, el sector legal de la economía propende a expandirse, incorporando a los “excluidos”, pero al acelerarse la inflación, la tendencia se revierte. Y para hacer aún más sombrías las perspectivas ante los “estructuralmente pobres”, el Estado no tiene dinero suficiente como para continuar dándoles los subsidios sin los cuales les será muy difícil mantenerse a flote. En algunos países golpeados por la crisis financiera, los gremios se resignaron a subordinar la lucha por aumentos salariales a la defensa del nivel de empleo. Aun cuando los líderes sindicales aceptaran un arreglo, tácito o explícito, en tal sentido, respetarlo no les sería fácil. Tampoco lo sería que lo hicieran el gobierno nacional y los provinciales que en los años últimos han creado una multitud de puestos de trabajo estatales pero que en la actualidad carecen de los fondos necesarios para pagar a los así beneficiados. En cuanto al sector privado que suministra al Estado los recursos que le permiten funcionar, dejó hace tiempo de generar empleos. Al iniciarse una recesión que amenaza con prolongarse, acompañada por una baja abrupta del consumo, con muy escasas excepciones los empresarios son aún más reacios de lo que eran antes a crear empleos permanentes. Es legítimo prever, pues, que en los meses próximos se multipliquen los conflictos laborales, se agraven las dificultades de los muchos que dependen de la evolución de la economía negra, suba con rapidez la tasa de desocupación al intentar reducir costos los gobiernos municipales, provinciales y nacional y caiga el poder de compra de los jubilados y de quienes viven de subsidios. Serán las consecuencias lógicas del regreso de la inflación crónica que, desde mediados del siglo pasado, ha contribuido más que cualquier otro factor a profundizar las divisiones económicas y sociales de la Argentina. De haber actuado a tiempo con la firmeza imprescindible, el gobierno kirchnerista hubiera podido ahorrarle al país una nueva crisis que, como las anteriores, agravará las muchas lacras sociales ya existentes, pero, comprometido como estaba con una ideología penosamente simplista, logró convencerse de que la mejor forma de combatir la inflación consistiría en minimizar su importancia. El gobierno de Cristina ya está pagando un precio político muy alto por tanta ceguera, pero los millones que hasta hace poco confiaron en las promesas oficiales pagarán uno que sea muchas veces mayor.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.124.965 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Miércoles 19 de febrero de 2014
Los economistas más optimistas, o más oficialistas, prevén que la tasa de inflación del año corriente se aproxime al 35%. Otros dicen creer que alcanzará el 50% o más. Mientras tanto, el gobierno quiere que los sindicatos se conformen con aumentos salariales que no superen el 25%. Puede que algunos dirigentes procuren anteponer su lealtad hacia la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a su voluntad de mejorar los ingresos de los afiliados, pero sólo se trataría de una minoría poco representativa. Aunque virtualmente todos entienden muy bien que no les será dado conservar el poder adquisitivo del grueso de los trabajadores, también son conscientes de que no les convendría en absoluto permitir que los afiliados de su propio sindicato pierdan terreno en comparación con los de otros. Por lo tanto, parece inevitable que, como acaba de advertir el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, a partir de marzo algunos gremios “van a salir a la calle a reclamar” aumentos muy superiores a los previstos por el gobierno. Es posible que los más poderosos, entre ellos Camioneros, logren su propósito, pero lo harían a costa de los demás y también de los millones de trabajadores que dependen por completo del estado de la economía, ya que no cuentan con organizaciones capaces de defender sus ingresos. El gobierno kirchnerista siempre se ha afirmado resuelto a hacer más igualitaria la sociedad argentina, razón por la que ha impulsado “planes” destinados a beneficiar a los marginados. Sin embargo, al permitir que la inflación cobre tanta fuerza, se las ha arreglado para ampliar todavía más las diferencias. No sólo es cuestión de la brecha enorme que separa a un puñado de ricos del grueso de la clase media, sino también de la que se da entre quienes trabajan en la economía formal y la informal, o sea en negro. En etapas signadas por la estabilidad monetaria, el sector legal de la economía propende a expandirse, incorporando a los “excluidos”, pero al acelerarse la inflación, la tendencia se revierte. Y para hacer aún más sombrías las perspectivas ante los “estructuralmente pobres”, el Estado no tiene dinero suficiente como para continuar dándoles los subsidios sin los cuales les será muy difícil mantenerse a flote. En algunos países golpeados por la crisis financiera, los gremios se resignaron a subordinar la lucha por aumentos salariales a la defensa del nivel de empleo. Aun cuando los líderes sindicales aceptaran un arreglo, tácito o explícito, en tal sentido, respetarlo no les sería fácil. Tampoco lo sería que lo hicieran el gobierno nacional y los provinciales que en los años últimos han creado una multitud de puestos de trabajo estatales pero que en la actualidad carecen de los fondos necesarios para pagar a los así beneficiados. En cuanto al sector privado que suministra al Estado los recursos que le permiten funcionar, dejó hace tiempo de generar empleos. Al iniciarse una recesión que amenaza con prolongarse, acompañada por una baja abrupta del consumo, con muy escasas excepciones los empresarios son aún más reacios de lo que eran antes a crear empleos permanentes. Es legítimo prever, pues, que en los meses próximos se multipliquen los conflictos laborales, se agraven las dificultades de los muchos que dependen de la evolución de la economía negra, suba con rapidez la tasa de desocupación al intentar reducir costos los gobiernos municipales, provinciales y nacional y caiga el poder de compra de los jubilados y de quienes viven de subsidios. Serán las consecuencias lógicas del regreso de la inflación crónica que, desde mediados del siglo pasado, ha contribuido más que cualquier otro factor a profundizar las divisiones económicas y sociales de la Argentina. De haber actuado a tiempo con la firmeza imprescindible, el gobierno kirchnerista hubiera podido ahorrarle al país una nueva crisis que, como las anteriores, agravará las muchas lacras sociales ya existentes, pero, comprometido como estaba con una ideología penosamente simplista, logró convencerse de que la mejor forma de combatir la inflación consistiría en minimizar su importancia. El gobierno de Cristina ya está pagando un precio político muy alto por tanta ceguera, pero los millones que hasta hace poco confiaron en las promesas oficiales pagarán uno que sea muchas veces mayor.
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