Se aproxima un ajuste ético
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene motivos de sobra para sentirse preocupada por la evolución de la causa Ciccone. Además de haber puesto fin hace un par de años a la carrera política de su presunto delfín, el vicepresidente Amado Boudou, el asunto amenaza con dejar irremediablemente ensuciada la imagen de su marido, el expresidente Néstor Kirchner. Como es notorio, el prócer santacruceño raramente vaciló en aprovechar una oportunidad para aumentar el patrimonio familiar, como hizo, sin sentirse constreñido a intentar justificarse, al comprar por 50.000 dólares terrenos fiscales en su provincia natal para venderlos poco después por 2.400.000. Según la diputada Elisa Carrió, Cristina “es la heredera de 10.000 millones de dólares que acopió Néstor Kirchner, el jefe de una asociación ilícita”. Aunque se trata de una acusación a primera vista fantasiosa formulada por una dirigente política que, de acuerdo común, es propensa a exagerar, a juicio de muchos lo que dice resulta por lo menos verosímil. Puede que la chaqueña haya sobreestimado las dimensiones de la fortuna supuestamente acumulada por el matrimonio presidencial que había soñado con permanecer décadas en el poder, pero dista de ser la única persona que está convencida de que el expresidente y extinto marido de Cristina se las arregló para adquirir muchísimo dinero por medios heterodoxos. Por cierto, no ha motivado sorpresa alguna el que, entre quienes han seguido de cerca la trayectoria accidentada del aún vicepresidente Boudou, estén los que aseguran que Néstor Kirchner le ordenó al entonces ministro de Economía apropiarse de la imprenta Ciccone y que, luego de la muerte prematura de su jefe, procuró quedarse él mismo con la empresa. De todos modos, el que el expresidente recibiera con frecuencia bolsas llenas de dinero enviadas por socios, como el contratista patagónico Lázaro Báez, es de dominio público desde hace tiempo. En principio, le corresponde a la Justicia aclarar todo lo relacionado con “el dinero K” que, según parece, viajaba con regularidad desde Santa Cruz hacia bancos en Suiza o algún paraíso fiscal antillano, cuando no haya terminado depositado en bóvedas sureñas, pero, a menos que resulte que la opinión pública ha sido víctima de una campaña mediática opositora fabulosamente exitosa, una investigación exhaustiva pondría a la presidenta en una situación insostenible, lo que, en opinión de los que recuerdan lo que sucedió a fines del 2001, tendría consecuencias desastrosas. Puesto que virtualmente todos los políticos quieren que Cristina termine su mandato en la fecha prevista, el 10 de diciembre del 2015, el país se encuentra ante un dilema nada sencillo. De seguir avanzando la Justicia, no le será dado pasar por alto la eventual participación de Cristina en las infracciones atribuidas tanto a Boudou como a su marido, pero si demasiados jueces y fiscales anteponen la estabilidad institucional al respeto por la ley y demoran las investigaciones, sólo lograrían desprestigiarse. La maquinaria judicial ya está en marcha; intentar frenarla motivaría la reacción airada de los muchos políticos y otros que sienten que es necesario tomar muy en serio la corrupción después de haberla tratado como algo meramente pintoresco. A la larga, optar por ahorrarse problemas engorrosos tolerando actos de corrupción que muchos calificarían de anecdóticos suele ser tan peligroso como negarse a reaccionar frente a un rebrote inflacionario a primera vista menor. Andando el tiempo, ambos males suelen provocar tantos estragos que el gobierno de turno se verá sin más alternativa que la de intentar un ajuste traumático. Es lo que han comenzado a hacer los kirchneristas en el ámbito económico, de ahí la devaluación, el aumento de las tasas de interés y la merma casi instantánea de la actividad. Por razones evidentes, no podrán hacer lo mismo en el ámbito judicial, pero parecería que otros políticos, además de ciertos jueces y fiscales que están investigando casos que involucran a personas estrechamente vinculadas con el “proyecto” del matrimonio Kirchner, han decidido encargarse de una tarea que sin duda es ingrata pero que, así y todo, resultará fundamental para que la próxima etapa sea un tanto más sana que la que ya ha entrado en su prolongada fase final.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.124.965 Director: Julio Rajneri Codirectora: Nélida Rajneri de Gamba Vicedirector: Aleardo F. Laría Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA – Martes 3 de junio de 2014
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene motivos de sobra para sentirse preocupada por la evolución de la causa Ciccone. Además de haber puesto fin hace un par de años a la carrera política de su presunto delfín, el vicepresidente Amado Boudou, el asunto amenaza con dejar irremediablemente ensuciada la imagen de su marido, el expresidente Néstor Kirchner. Como es notorio, el prócer santacruceño raramente vaciló en aprovechar una oportunidad para aumentar el patrimonio familiar, como hizo, sin sentirse constreñido a intentar justificarse, al comprar por 50.000 dólares terrenos fiscales en su provincia natal para venderlos poco después por 2.400.000. Según la diputada Elisa Carrió, Cristina “es la heredera de 10.000 millones de dólares que acopió Néstor Kirchner, el jefe de una asociación ilícita”. Aunque se trata de una acusación a primera vista fantasiosa formulada por una dirigente política que, de acuerdo común, es propensa a exagerar, a juicio de muchos lo que dice resulta por lo menos verosímil. Puede que la chaqueña haya sobreestimado las dimensiones de la fortuna supuestamente acumulada por el matrimonio presidencial que había soñado con permanecer décadas en el poder, pero dista de ser la única persona que está convencida de que el expresidente y extinto marido de Cristina se las arregló para adquirir muchísimo dinero por medios heterodoxos. Por cierto, no ha motivado sorpresa alguna el que, entre quienes han seguido de cerca la trayectoria accidentada del aún vicepresidente Boudou, estén los que aseguran que Néstor Kirchner le ordenó al entonces ministro de Economía apropiarse de la imprenta Ciccone y que, luego de la muerte prematura de su jefe, procuró quedarse él mismo con la empresa. De todos modos, el que el expresidente recibiera con frecuencia bolsas llenas de dinero enviadas por socios, como el contratista patagónico Lázaro Báez, es de dominio público desde hace tiempo. En principio, le corresponde a la Justicia aclarar todo lo relacionado con “el dinero K” que, según parece, viajaba con regularidad desde Santa Cruz hacia bancos en Suiza o algún paraíso fiscal antillano, cuando no haya terminado depositado en bóvedas sureñas, pero, a menos que resulte que la opinión pública ha sido víctima de una campaña mediática opositora fabulosamente exitosa, una investigación exhaustiva pondría a la presidenta en una situación insostenible, lo que, en opinión de los que recuerdan lo que sucedió a fines del 2001, tendría consecuencias desastrosas. Puesto que virtualmente todos los políticos quieren que Cristina termine su mandato en la fecha prevista, el 10 de diciembre del 2015, el país se encuentra ante un dilema nada sencillo. De seguir avanzando la Justicia, no le será dado pasar por alto la eventual participación de Cristina en las infracciones atribuidas tanto a Boudou como a su marido, pero si demasiados jueces y fiscales anteponen la estabilidad institucional al respeto por la ley y demoran las investigaciones, sólo lograrían desprestigiarse. La maquinaria judicial ya está en marcha; intentar frenarla motivaría la reacción airada de los muchos políticos y otros que sienten que es necesario tomar muy en serio la corrupción después de haberla tratado como algo meramente pintoresco. A la larga, optar por ahorrarse problemas engorrosos tolerando actos de corrupción que muchos calificarían de anecdóticos suele ser tan peligroso como negarse a reaccionar frente a un rebrote inflacionario a primera vista menor. Andando el tiempo, ambos males suelen provocar tantos estragos que el gobierno de turno se verá sin más alternativa que la de intentar un ajuste traumático. Es lo que han comenzado a hacer los kirchneristas en el ámbito económico, de ahí la devaluación, el aumento de las tasas de interés y la merma casi instantánea de la actividad. Por razones evidentes, no podrán hacer lo mismo en el ámbito judicial, pero parecería que otros políticos, además de ciertos jueces y fiscales que están investigando casos que involucran a personas estrechamente vinculadas con el “proyecto” del matrimonio Kirchner, han decidido encargarse de una tarea que sin duda es ingrata pero que, así y todo, resultará fundamental para que la próxima etapa sea un tanto más sana que la que ya ha entrado en su prolongada fase final.
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