Se firmó el polémico “blindaje” para Vaca Muerta
El acuerdo busca impedir medidas de fuerza en los yacimientos. Fue ratificado por el gobierno provincial, sindicatos y cámaras empresarias.
El gobernador Omar Gutiérrez, las cámaras empresarias y sindicatos de la actividad hidrocarburífera “blindaron” hoy Vaca Muerta de medidas de fuerza con la firma de un acta compromiso en Casa de Gobierno.
Los petroleros privados llegaron al encuentro con una movilización desde la sede del sindicato en calle Santa Cruz para acompañar a su secretario general, Guillermo Pereyra. El también senador fue uno de los tres dirigentes gremiales que participó de la firma, en un clima festivo, junto a Manuel Arévalo de Petroleros Jerárquicos y Víctor Cárcar de la Uocra.
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El llamado “marco de entendimiento sectorial” que sellaron hoy ratifica aspectos de la adenda del Convenio Colectivo de Trabajo firmada en enero de 2017. Principalmente, el rol de la Comisión Especial de Interpretación y Resolución de Conflictos como instancia de gestión conciliadora para evitar que se tomen medidas de fuerza.
Es que el acuerdo compromete a los sindicatos a no realizar ni convocar medidas de acción directa de carácter nacional o provincial que puedan afectar la actividad de los no convencionales, pero garantiza que, si se tomase esa decisión “como último recurso”, el reclamo deberá canalizarse antes a través de la comisión.
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El “blindaje” tuvo por protagonistas también a la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y a la empresa de servicios Halliburton.
No firmaron el acuerdo los representantes de Camioneros. El secretario general Carlos Roja adelantó la semana pasada a “Río Negro” que el sindicato “no va a ceder ni un paso en los derechos de los trabajadores” y que, de existir una convocatoria a medidas de fuerza, la acatarán.
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La oposición al acuerdo también llegó desde el sector estatal. El secretario general de ATE y de la CTA, Carlos Quintriqueo, envió una nota al gobernador manifestando “preocupación” ante la iniciativa y reclamó que “desista de dicha intención de recortar derechos de los trabajadores”.
“Nos preocupa que un gobernador tenga como intención regular un derecho constitucional, conquistado y defendido por las organizaciones gremiales y los trabajadores. Entendemos que tiene por objetivo garantizar las ganancias de un puñado de empresarios para que sigan esquilando nuestros recursos”, criticó.
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