Se retiran los manifestantes del exterior de la Uocra

Fracasó la mediación judicial. Intevino un dirigente del gremio de Centenario. Hubo orden judicial para desalojar la vereda por la molestia que representaba para los vecinos. No interviene la fiscalía en la ocupación porque dice que son afiliados.

“No hay nadie de Uocra en la calle porque garantizaron que no van a tocar a ninguno de los que estamos adentro”. La frase de un vocero de los ocupantes del edificio de Bouquet Roldán definió al terminar la víspera la situación al cumplirse dos días del ingreso al local.

Según informó Luis Ceballos de la Uocra Centenario que apoya a los ocupantes les llegó a media tarde una orden de desalojo pero circunscripta a las personas que estaban en la calle brindando un ruidoso apoyo. La fiscal Paula González tramitó la orden circunscripta a la vereda que es lo que molestaba a los vecinos.

La aceptación de que quienes apoyaban la medida en la calle de irse facilitó que los policías que están en el lugar bajaran su celo y permitieron el ingreso de alimentos y bebidas. “Después de un día y medio los compañeros pudieron comer”, indicó la fuente.

La orden de desalojo establecía un tiempo de cinco horas pero los manifestantes se retiraron antes de cumplirse el plazo. Desde el ministerio Público Fiscal se indicó que la actuación se focalizaba en el espacio público y que no tenía injerencia en las cuestiones internas del gremio, ya que quienes ocupan son afiliados al sindicato.

Hay muchos que han recapacitado, se han dado cuenta de que no es la manera. Desde que comenzó la medida de fuerza se han retirado del edificio varios de los que la habían iniciado”.

Gustavo Pereyra es el subsecretario de Seguridad del gobierno provincial.

Los ocupantes del edificio mantienen la medida desde el lunes y reclaman la renuncia del interventor Víctor Carcar y la presencia del secretario General de la Uocra, Gerardo Martínez.

El gobierno provincial puso en marcha la mediación judicial pero fracasó. Quien intentar un puente de comunicación es Ernesto Riffo dirigente del gremio de Centenario. Sobre la participación de este referente, quien conduce el sindicato en Centenario, los manifestantes indicaron que “no nos representa”, pero reconocieron que “fue el único que vino a preguntarnos que pasa”.

En la sede hay unas 25 personas que afirman ser afiliados, pero que no fueron reconocidos por el interventor Víctor Carcar quien realizó una denuncia penal. Antes del regreso de Carcar a la conducción del gremio, el interlocutor por parte del gobierno provincial fue el ministro de Trabajo, Seguridad y Desarrollo Social, Mariano Gaido, quien ahora permanece alejado del tema por la mala prensa que tiene el conflicto y ante su candidatura a intendente.

El fiscal jefe PabloVignaroli y la fiscal del caso Paula González imputaron a los hermanos Maximiliano y Cristian Baeza por el ataque en el yacimiento Sierras Blancas. Ya son cuatro los imputados por la causa. La fiscalía había acusado a Juan Carlos Levi y Emmanuel “Ellechuga” Sandoval, por la misma causa. Todos fueron detenidos con seis meses de prisión preventiva.
Les imputaron los delitos de abuso de arma, lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego, lesiones leves agravadas por el uso de arma de fuego (cinco hechos), coacción doblemente agravada por el uso de arma de fuego y por tener como propósito obligar a las personas a hacer abandono de su lugar de trabajo y daño agravado en poblado y en banda (tres hechos).


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