Segunda oportunidad

HéCTOR MAURIÑO vasco@rionegro.com.ar

Unos 250 millones de pesos en concepto de responsabilidad social empresaria; 110 millones por canon para ingresar al yacimiento; 90 millones de pesos de impuesto de Sellos; otros 200 millones por la reducción en un 50% del subsidio al gas de la planta de Metanol. Un total de 12.000 puestos de trabajo; 11.000 millones de dólares por regalías a lo largo de todo el contrato; 9.000 millones de dólares por impuestos… las cifras sobre lo que ha de percibir la provincia por extender 22 años la concesión del área Loma Campana marean. Dicen mucho pero al fin y al cabo no dicen demasiado para el común de los mortales. ¿Es bueno el acuerdo? Es difícil para el hombre común arriesgar un juicio categórico sin resultar poco serio. En todo caso, es positivo que un país que en los últimos años vio disminuir dramáticamente sus reservas de petróleo y gas y paga una factura anual del orden de los 13.000 millones de dólares para importar combustibles pueda contar con su propio recurso. Un país y una provincia, en fin, que afortunadamente tienen una enorme riqueza en el subsuelo –ya no hay duda de ello– pero carecen de los capitales y la tecnología para extraerla. Suficientemente bueno para una provincia que ha visto reducido el peso de las regalías de más de la mitad de sus ingresos a un tercio y que ahora podrá ver duplicada en poco menos de dos años su producción y la cantidad de puestos de trabajo, en cinco. ¿Podría haber sido mejor? No parece posible en las condiciones descriptas. ¿Podría haber sido peor? Sí, porque Repsol intentó bloquear todas las posibilidades de inversión extranjera en YPF. Eso, además de que la multinacional española aplicaba un modelo de negocios con el cual la provincia y el país no iban a salir nunca de la caída permanente en la producción de hidrocarburos, atada como estaba esa empresa a un esquema extractivo a ultranza, sin inversiones y girando la totalidad de las utilidades afuera del país. Por eso, es penoso tener que escuchar ahora algunas críticas inflamadas de nacionalismo entre los que no fueron capaces de alzar la voz cuando el cuadro era ése. Otro tanto les cabe a los que, puertas adentro de la provincia, se rasgan las vestiduras por las supuestas inconsistencias del pliego firmado por Sapag. A fin de cuentas, como suele ocurrir lo posible se abre paso entre lo óptimo y la nada. Sapag lo admitió en una entrevista; la negociación del acuerdo entre la provincia e YPF para hacer posible el convenio previo entre YPF y Chevron insumió ocho trabajosos días: “desde el lunes 15 hasta el 23”, dijo el gobernador. No por nada el día del acuerdo se lo vio a Sapag casi a un lado ante las cámaras que transmitían el hecho a todo el país. Las conjeturas sobre el malestar del gobernador estaban bien fundadas. Según lo que pudo saberse, el acuerdo original Chevron-YPF se consumó a puertas cerradas entre el CEO de la petrolera nacional Miguel Galuccio y el mandamás de la antigua Standard Oil, John Watson, y Sapag, es decir la provincia de Neuquén, fue mantenido al margen. Los funcionarios nacionales y el propio Galuccio no salían de su asombro cuando el diplomático Sapag les hizo ver que el acuerdo pasaba por encima de las potestades que la Constitución nacional reformada otorga a las provincias como legítimas propietarias de los hidrocarburos. Las cosas finalmente encontraron su cauce con la firma de un convenio adicional entre la petrolera ahora nacionalizada y la provincia que reconoce y gratifica en alguna medida los derechos del poder concedente. También con la firma de un convenio con Nación, que constituye un compromiso de inversión respecto de la infraestructura social y económica que será necesaria para absorber un impacto tan fuerte como se evalúa. Se dirá que esto último será trabajoso de llevar a la práctica y será con razón, es conocida la morosidad de los compromisos que han adquirido a lo largo de los años todos y cada uno de los gobiernos con las provincias. Pero, al cabo, es mejor este compromiso que aceptar de brazos cruzados que se ignoren las necesidades locales. Sapag emergió de esta negociación tan agotado como razonablemente conforme con los resultados obtenidos. “Esto es una bisagra en la historia de Neuquén”, afirmó a modo de síntesis el gobernador. Si así fuera, o algo parecido –todo indicaría que la riqueza, que ya ha sido mucha, está a punto de multiplicarse en esta provincia–, lo que la sociedad y en primer lugar los diputados, que deberán aprobar o rechazar todo lo actuado, deberían plantearse es cómo hacer para no desperdiciar esta nueva y enorme oportunidad para Neuquén. El gobernador apela frecuentemente al ejemplo de Statoil, la petrolera estatal de Noruega que ha potenciado la riqueza extraída de los hidrocarburos con un enorme colchón que le permite concretar objetivos sociales. La verdad es que en los 70 Noruega era un país sin petróleo y cuando se descubrieron los yacimientos del Mar del Norte su gente tuvo la inteligencia de generar los niveles de conocimiento y de gestión necesarios para apropiarse de la mayor parte de esa riqueza. Dicho en otros términos: con el petróleo y el gas se puede hacer una Noruega o un factoría, una sociedad más rica e igualitaria o una sociedad opulenta pero desigual. También, y de esto no se habla lo suficiente cuando se manejan cifras tan impresionantes como las que se escuchan por estos días, Neuquén deberá ser capaz de extraer esta riqueza sin dejar un enorme pasivo ambiental a las generaciones venideras. Por mucha que parezca hoy la riqueza, sería efímera para pagar las consecuencias. El país –y la provincia– necesitan incorporar capitales y conocimiento para extraer sus recursos energéticos; de otro modo no habrá un desarrollo sostenido, con ningún gobierno. Pero el precio de poner a la luz esa riqueza debe incorporar, desde el vamos, el costo del equilibrio ambiental. Los neuquinos tienen la palabra.