Sigue el juicio contra los exresponsables de la cooperativa Quimey Ruca

Están imputados por el delito de defraudación con la venta de lotes. El exfuncionario municipal Oscar Mussio, que estaba en el área de Planeamiento en 2012, relató la intervención que tuvo en ese anteproyecto. 

Hoy se desarrolló la tercera jornada del juicio a los extitulares de la cooperativa Quimey Ruca. (Gentileza)

Hoy se desarrolló la tercera jornada del juicio a los extitulares de la cooperativa Quimey Ruca. (Gentileza)

Los exresponsables de la cooperativa Quimey Ruca, Alberto Fernández, Milton Hernán Mansilla, Joaquín Pérez, Juan Montivero y Héctor Pardo están siendo juzgados como presuntos coautores del delito de defraudación con la venta de lotes destinados a socios de esa entidad, que pagaron pero no accedieron a la tierra.

A los imputados se les atribuye 34 hechos de defraudación, según la imputación fiscal. El juicio comenzó el lunes con la declaración de los acusados que negaron los hechos atribuidos y explicaron que nunca tuvieron ánimo de defraudar a los asociados. Aseguraron que la única intención fue dar respuesta a una demanda social de viviendas, pero que el proyecto se cayó por las denuncias que hizo el Consejo de Administración de la cooperativa que asumió a finales de junio de 2012.

Hoy miércoles declaró Oscar Mussio, exsubsecretario del área de Planeamiento de la gestión del exintendente Omar Goye. Relató ante el juez Ricardo Calcagno la intervención que tuvo en 2012 cuando un grupo de personas de la cooperativa Quimey Ruca presentaron un anteproyecto para lotear una parcela ubicada en la ribera del río Ñirihuau.

Dijo que el municipio tuvo que modificar la normativa en lo relacionado con los loteos porque advirtieron que hubo un incremento en el valor de la tierra porque las cooperativas no eran las titulares de la tierra.

“A partir de ese momento se les exigió a las cooperativas que por lo menos tengan el boleto de compraventa”, recordó. Hasta ese momento alcanzaba con presentar un compromiso de compra ante el dueño de la tierra. Pero esa modalidad causó que los valores suban y además “hubo proyectos que quedaban en la nebulosa”. Aunque aclaró que el cambio se dispuso después de que los responsables de Quimey Ruca presentaran el anteproyecto.

El testigo dijo que se les indicó a los impulsores del loteo que con la cesión del 50 por ciento de la tierra para la municipalidad “era factible que el proyecto entrara en un proceso de análisis”.

Recordó que el arquitecto Pablo Bullaude, que hoy se desempeña como secretario de Desarrollo Urbano de la municipalidad, hizo el proyecto. Recordó que también intervino “el geólogo Beros”.

Mussio sostuvo que el proyecto “estaba para un primer análisis, pero no llegó a ser un proyecto definitivo”.

Los imputados escucharon la declaraciòn del exsubsecretario de Planeamiento municipal. (Gentileza)

Ante una pregunta del fiscal Sergio Pichetto, Mussio explicó: “El tema de la venta de los lotes es posterior a la aprobación del proyecto”. “Nosotros no autorizamos hasta que la obra está aprobada”, recalcó.

También declaró el agrimensor José Palomeque que relató los trabajos que hizo de mensura contratado por Fernández. Pero explicó que no llevaron a presentar la mensura en Catastro del municipio por los problemas que surgieron en la cooperativa.

El agrimensor expuso el trabajo que hizo a pedido de los exresponsables de la cooperativa. (Gentileza)

El abogado Nelson Vigueras defiende a los acusados, mientras que los denunciantes se constituyeron en querellantes, con la representación de los abogados Rodolfo Rodrigo y María Rodrigo, y adhirieron a la imputación del fiscal.

Cuando declararon los querellantes y denunciantes explicaron los incumplimientos que observaron al momento de asumir la conducción del proyecto, la documentación faltante en la presentación de los ejercicios de la cooperativa, entre otros temas.

De qué se los acusa

Según la acusación fiscal, Fernández firmó, en su carácter de presidente de la entidad, el 5 de agosto de 2011 un documento de opción de compra con los dueños de una fracción, con el objeto de celebrar una futura compraventa de una parte indivisa de 198.000 metros cuadrados.

Pactaron un precio total de compra de 3.168.000 dólares. La imputación fiscal indica que cuando firmaron el acuerdo, Fernández pagó 50.000 dólares o su equivalente de 209.000 pesos de ese momento.

Dijo que el compromiso era abonar en 90 días otro aporte de 1.403.100 dólares y el saldo en 36 cuotas. Pero la operación se cayó porque no pagaron el monto comprometido. Sin embargo, siguieron cobrando a los asociados exorbitantes sumas de dinero por un proyecto que había caído en noviembre de 2011. El juicio seguirá mañana jueves por la mañana.


Formá parte de nuestra comunidad de lectores

Más de un siglo comprometidos con nuestra comunidad. Elegí la mejor información, análisis y entretenimiento, desde la Patagonia para todo el país.

Quiero mi suscripción

Comentarios