Sistema perverso

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Claramente preocupado por el clima conflictivo que impera en el país y que tal como están las cosas parece destinado a seguir agravándose, el gobierno del presidente Fernando de la Rúa ha decidido aumentar el «gasto social» en casi 300 millones de pesos. Puesto que los diversos organismos encargados de manejar el dinero para atender urgencias son extraordinariamente ineficaces y corruptos, a lo sumo sólo una fracción pequeña del total llegará a los presuntamente beneficiados, detalle que, es de suponer, entienden muy bien los responsables de ordenar el aumento. Es que por razones comprensibles, a esta altura les interesa menos las eventuales mejoras sociales que podrían producir los cambios en el presupuesto nacional, que la actitud de los dirigentes opositores. Si éstos se afirman conformes con los esfuerzos oficiales, el clima no tardará en mejorarse, pero en el caso de que sigan denunciando con vehemencia lo torpe que a su juicio es la gestión delarruista, el malestar continuará intensificándose hasta que estalle una crisis institucional de dimensiones imprevisibles.

Muchos han señalado que la crisis en la que se debate el país desde hace tanto tiempo es esencialmente política. Lo es, aunque no necesariamente en el sentido que tantos suponen. Además de los graves problemas causados por la precariedad de la Alianza y las divisiones peronistas, para no hablar del hecho de que la mayoría de los «dirigentes» parezcan creerse cruzados contra el esquema económico mundialmente dominante, es necesario tomar en cuenta los ocasionados por el virtual reemplazo del Estado por aparatos partidarios que se rigen según principios corporativos y que a través de los años se las han arreglado para apropiarse de una proporción mayúscula de los recursos disponibles. En nuestro país, la política» cuesta muchísimo más que en el Primer Mundo: para que los gastos de las legislaturas provinciales se aproximen a las típicas para jurisdicciones similares en los países ricos, sería preciso reducirlos en por lo menos el noventa por ciento. Pero no sólo es cuestión de las cantidades asombrosas de dinero que necesitan nuestros políticos. Aún más costosas a la larga son las consecuencias de permitirles incorporar pedazos de la administración pública y planes sociales a sus propios imperios clientelares. En nombre de la democracia, estos personajes, muchos de ellos célebres por su propia ostentación, han logrado convertir al país en una inmensa «caja».

Por desgracia, modificar esta realidad no resultará fácil en absoluto. Duchos en el arte de hacer creer que sus propios intereses son idénticos a aquellos del «pueblo» o de «la gente», los comprometidos con el corporatismo prebendario se defienden contra todos los intentos de obligarlos a reducir sus pretensiones desmedidas, acusando al gobierno de estar dispuesto a congraciarse con los «mercados» depauperando a los ya pobres. Se trata de una parodia de la verdad, pero el país está tan acostumbrado a pensar en tales términos que, con escasas excepciones, la ciudadanía la toma en serio, lo cual plantea a los conscientes de la urgencia de reformar todo el sistema político, un dilema sin solución evidente: para empezar a atenuar los gravísimos problemas sociales que afectan a la mayoría de los argentinos, tendrían primero que modificar radicalmente un orden político a la vez costosísimo e intrínsecamente inoperante, pero frente a cualquier amago reformista los resueltos a perpetuar el statu quo contraatacarán desatando una crisis política peligrosa. Puede entenderse la decisión oficial de aumentar el «gasto social», aunque con toda seguridad el gobierno sabe que el dinero en cuestión serviría para prolongar la vigencia de un sistema que ha contribuido enormemente a las penurias de millones de familias: constreñido a elegir entre procurar apaciguar a los «dirigentes» y tratar de impulsar cambios estructurales encaminados a destrabar el país para que pueda aprovechar mejor sus recursos humanos, De la Rúa ha optado por la primera alternativa por miedo a lo que ocurriría si declarara la guerra a un orden cuyo fracaso difícilmente podría ser más patente. Si tiene suerte, tal decisión podría suponerle algunas semanas de alivio, pero no ayudará a mejorar las perspectivas frente al país.