Situación límite
Si las circunstancias fueran distintas, aquellos kirchneristas que se creen “revolucionarios” tendrían buenos motivos para sentirse satisfechos con los resultados de sus esfuerzos, ya que han logrado llevar el país al borde de un nuevo estallido social, pero sucede que ellos mismos corren el riesgo de ser los blancos principales de la ira popular. Con la excepción de los militantes del oficialismo que, a pesar de todo, aún creen en las bondades progresistas del “modelo” reivindicado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, todos saben que la crisis económica que se nos está viniendo encima es obra exclusiva del gobierno nacional que ha despilfarrado inútilmente, en propaganda, subsidios y la creación de una multitud de redes clientelistas, la cantidad inmensa de dinero que le reportó “la década ganada”. Parecería que Cristina y sus colaboradores creyeron que siempre habría plata para financiar sus actividades pero, para su desconcierto evidente, ya queda muy poco en la caja para hacer frente a la emergencia. La reservas del Banco Central están por caer por debajo de los 30.000 millones de dólares y el déficit energético, producto típico de la miopía kirchnerista, propende a ampliarse. Mientras tanto, la inflación está acelerándose, erosionando con rapidez los “planes sociales” que servían de diques de contención, y están multiplicándose las protestas, además, huelga decirlo, de saqueos. Se presagiaba que los disturbios que se dieron en Córdoba se iban a repetir en el resto del país, razón por la que tantos gobernadores provinciales e intendentes municipales, sobre todo en el conurbano bonaerense, estuvieron en estado de tensión. Para hacer frente al peligro, el gobierno nacional ha movilizado a efectivos de Gendarmería y la Prefectura, pero sabe que no puede confiar demasiado en tales fuerzas: lo mismo que los policías provinciales, son capaces de autoacuartelarse para pedir aumentos salariales. Por lo demás, puesto que la Gendarmería cuenta con aproximadamente 30.000 efectivos, la multiplicación de los focos de violencia no tardó en desbordarla. Para apaciguar a la policía, no sólo el gobierno de Córdoba sino los de otras provincias han tenido que ceder ante sus reclamos. Por ser tan magros sus haberes, debieron haberlos aumentado mucho antes, pero, desgraciadamente para todos, no lo hicieron hasta producirse motines extorsivos. Asimismo, al ceder así ante la policía distintos mandatarios provinciales, alentaron a los demás estatales que también están disconformes con sus salarios a exigir ser tratados en pie de igualdad, de tal modo asegurando que en estas horas muchos más se declararan en huelga. Aunque a diferencia de los policías, la mayoría de los estatales es prescindible –en los años últimos, se han creado muchísimos puestos de trabajo superfluos en el sector público–, nadie ignora que están acostumbrados a participar en protestas ruidosas, agravando así la tensión social. En muchos distritos las autoridades han procurado manejar la situación intensificando todavía más la presión impositiva, pero los ingresos adicionales que consiguen son insuficientes y la reacción ante los incrementos casi diarios que se ordenan, de lo que queda de la clase media relativamente pudiente, está haciendo aún más asfixiante el clima social. Algunos años atrás el gobierno nacional decidió que le sería menos riesgoso tratar de convivir con la inflación de lo que sería hacer un esfuerzo por frenarla. Para justificar tal actitud, se convenció de que los únicos preocupados por la inflación eran los ricos que “pensaban en dólares” y los opositores políticos a quienes acusaban de sentir nostalgia por los años noventa o por los días ya lejanos de la dictadura militar. El gobierno se equivocaba, claro está: los más perjudicados por la suba constante de los precios son siempre los más pobres, no los acomodados o los integrantes de la clase política. Para minimizar los costos políticos de sus propios errores, los kirchneristas, como sus correligionarios chavistas en Venezuela, han procurado hacer pensar que la inflación se debe a la codicia de los “formadores de precios”, de tal modo brindando un pretexto supuestamente moral a saqueadores que, creyéndose víctimas de un orden social injusto, actúan como si a su juicio fuera legítimo redistribuir el ingreso nacional apropiándose de bienes ajenos.
