Bariloche: recicladores y alcohol cero al volante, dos temas que están en la mira del gobierno de Cortés

Si bien por ahora tiene los cañones apuntados a lograr cuanto antes la aprobación del presupuesto 2024 y la actualización tributaria, el Ejecutivo municipal anticipó esta semana la voluntad de impulsar cambios en otras dos ordenanzas clave que causan perjuicio económico a las arcas públicas.

El jefe de Gabinete, Héctor Leguizamón Pondal, observó que el pago mensual que el municipio le asegura por convenio a la Asociación de Recicladores Bariloche (ahora organizados como cooperativa) representa para cada trabajador una remuneración que «es tres o cuatro veces el sueldo de un empleado municipal» y por eso quieren avanzar con una revisión, a fin de disminuir el impacto de esa erogación.

También detectaron que la nueva ordenanza de «alcohol cero» al volante, tal como está redactada, obliga al municipio a compartir en partes iguales con la provincia lo recaudado por las multas. También allí, entienden desde el gobierno, existe una pérdida de recursos que es evitable y promoverán una ordenanza modificatoria.

Ambas normativas (la de la ARB y la que puso fin a la tolerancia de 0,5 gramos de alcohol en sangre para los conductores) fueron aprobadas en noviembre pasado, poco antes del recambio del gobierno.

Leguizamón Pondal dijo que el convenio con la ARB le asegura a los cooperativistas que trabajan en el recupero de residuos un monto mínimo mensual con actualización automática de acuerdo al precio del gas oil, que se disparó en el último mes, a una tasa muy superior al aumento de los salarios.

Dijo que como intendente interino debió firmar el último miércoles una resolución de pago para cumplir ese compromiso y en concordancia con los desembolsos anteriores dispuso abonar 7 millones de pesos, pero reconoció que por la aplicación del convenio hubieran correspondido 24 millones.

«Se ha desfasado el tema, se le pagan 300 mil a un empleado municipal y mucho más a algunos de la cooperativa, que son free lance, y que no sabemos tampoco cuántos son, nadie nos puede decir», sostuvo Leguizamón. De todos modos asumió que existe un compromiso consolidado en un convenio y una ordenza, de modo que el municipio comenzará a acumular deuda si no ajusta los pagos a la evolución del gas oil.

Por eso en el gobierno del intendente Cortés ganó terreno la idea de «renegociar» en lo inmediato los términos de ese acuerdo. Para el Jefe de Gabinete, «tiene que haber una racionalidad y un cuadro comparativo» en el que la remuneración de los recicladores tengan una proporcionalidad con lo que cobra un trabajador municipal.

«Fuga de dinero» por la ordenanza de «alcohol cero»

En relación con la ordenanza de «alcohol cero», la secretaria de Hacienda Carina Ondarçuhu ya había advertido durante el debate del presupuesto con los concejales que allí había una distorsión injustificada que les urge corregir.

Dijo que la ordenanza que impuso la nueva restricción, en su artículo 3°, adhiere a la ley provincial de tránsito 5.263, y que el efecto automático de esa adhesión es la obligación municipal de derivar un 50% de lo recaudado por multas de alcoholemia a una cuenta de la provincia.

El dinero en juego no es poco, ya que el municipio labra un promedio de 700 actas de infracción anuales a conductores con test positivos de alcohol en sangre y las multas varían desde los 76.000 pesos a los 331.000 pesos. Un cálculo conservador ubicaría la multa promedio en 100 mil pesos, lo que significa que el municipio transfiere no menos de 35 millones a la provincia por este tema.

Leguizamón Pondal dijo que también hace falta una corrección legislativa para que el municipio evite perder ese dinero, porque «no se puede compartir jurisdicciones” en el control de tránsito, que es una atribución “estrictamente municipal».