El Gobierno y las universidades acordaron una recomposición salarial, pero sigue el reclamo judicial por el financiamiento
Pese al acuerdo, los rectores ratificaron que continuarán impulsando la causa judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.
Miles de personas marcharon en Roca en defensa de la educación universitaria. Foto: Andres Maripe.
El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) firmaron este martes un acuerdo salarial y presupuestario destinado a aliviar el conflicto que mantienen las universidades públicas por la falta de fondos para garantizar su funcionamiento.
Sin embargo, pese al entendimiento alcanzado, las casas de estudio confirmaron que mantendrán la demanda judicial ante la Corte Suprema de Justicia para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y aún sin ejecución por parte del Poder Ejecutivo.
Los detalles del acuerdo entre el Gobierno y las Universidades públicas
La propuesta acordada contempla una recomposición salarial del 24,33% en dos etapas: un incremento del 21,33% en julio y otro del 3% en octubre. Según se informó, la actualización busca compensar parte de la pérdida acumulada de los salarios universitarios durante los últimos años.
Además, el acuerdo incluye el compromiso oficial de evitar que los haberes de docentes y no docentes continúen perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación durante 2026. También prevé una nueva instancia de negociación paritaria con los gremios del sector.
Entre los puntos destacados se encuentra un aumento del 50% para el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, destinado a estudiantes de carreras consideradas prioritarias para el desarrollo productivo del país. A su vez, se anunció una partida de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios.
Las conversaciones también abordaron la situación de los docentes de establecimientos preuniversitarios, quienes además sufrieron el impacto de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una de las principales demandas planteadas por los sindicatos.
Pese al acuerdo, los rectores ratificaron que continuarán impulsando la causa judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. Actualmente, existe una medida cautelar favorable a las universidades, aunque su aplicación se encuentra suspendida por un recurso extraordinario presentado por el Gobierno. La definición final quedó en manos de la Corte Suprema.
Desde el Ejecutivo sostienen que la ley sancionada por el Congreso es inviable porque no identifica una fuente específica de financiamiento, tal como exige la normativa de administración financiera del Estado.
Por su parte, los gremios universitarios mantienen una postura cautelosa. Desde la CONADU señalaron que todavía esperan una convocatoria formal a paritarias y advirtieron que seguirán atentos al cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos.
Mientras tanto, las universidades continúan en estado de alerta y movilización, a la espera de una resolución judicial y de avances concretos en la negociación salarial.
El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) firmaron este martes un acuerdo salarial y presupuestario destinado a aliviar el conflicto que mantienen las universidades públicas por la falta de fondos para garantizar su funcionamiento.
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
Comentarios