La reforma laboral se tratará el 11 de febrero en el Senado y anticipan acuerdo “en el 95%” de los puntos

La reforma laboral de Javier Milei se tratará el próximo miércoles 11 de febrero en el Senado. Así lo acordaron la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, y senadores del PRO, la UCR y fuerzas provinciales, tras un nuevo encuentro donde acercaron posiciones sobre el proyecto. De todos modos, el capítulo fiscal cuestionado por las provincias sigue con final abierto.

El pedido de sesión ya fue firmado por Bullrich y los senadores Martín Goerling (PRO), Eduardo Vischi (UCR), Luis Juez (Frente Cívico), Edtih Terenzi (Despierta Chubut), Julieta Corroza (La Neuquinidad), Carlos Arce (Frente Renovador Misionero), Carlos “Camau” Espínola (Unidad Federal-Corrientes) y Beatriz Ávila (Independencia-Tucumán).

“Prácticamente tenemos el 95% de los temas cerrados”, proclamó Bullrich a la prensa acreditada al término de la reunión, aunque no soltó prenda sobre el contenido de los cambios e insistió en que se darán a conocer al momento de la votación en el recinto.

Sin embargo, la disputa por la rebaja del impuesto a las Ganancias para las sociedades, que impactaría en la recaudación de las provincias, aún no encuentra salida. Bullrich volvió a desligarse del tema e indicó que “esa discusión se está dando entre el ministro de Interior (Diego Santilli), el de Economía (Luis Caputo) y los gobernadores”.

El jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, que reporta al gobernador correntino, Juan Pablo Valdés, reconoció que el capítulo fiscal es uno de los cabos sueltos del proyecto. “Es uno de los temas que nos preocupan, porque tiene que ver con previsiones para las provincias, pero por lo menos lo estamos limando. Tenemos algunas alternativas. Va a depender de las últimas reuniones que tengamos”, afirmó.

Bullrich relevó esas alternativas y se comprometió a llevarlas este miércoles a la reunión de la “mesa política” del Gobierno, integrada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y se suma también el ministro de Economía, Luis Caputo.

Para este mismo miércoles, algunos gobernadores planificaban una cumbre en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en Buenos Aires, pero el Gobierno nacional trabajaba para desinflar la convocatoria, donde no estaba conformado el listado de asistentes. Uno de los mandatarios de la oposición dura, el pampeano Sergio Ziliotto, fue recibido este martes por Santilli y Adorni en Casa Rosada.

Por fuera de la cuestión fiscal, los senadores parecen estar cerca de un acuerdo en torno a otro de los puntos polémicos del proyecto, los nuevos Fondos de Asistencia Laboral (FAL) que financiarán las indemnizaciones por despido con un aporte del 3% de la masa salarial que se descontaría de las contribuciones a la ANSES.

¿Paro general?

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El viernes, en tanto, la CGT reunirá a su consejo directivo para definir si convoca a un paro general con movilización para el 11, bajo presión de los sindicatos. La central obrera comandada por Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo se debate entre priorizar las negociaciones por el proyecto o endurecer su postura en las calles.

Las dos corrientes de la CTA (Central de Trabajadores Argentinos) dejaron de lado las especulaciones y ya convocaron a un paro con movilización para ese día, en el marco de un plenario conjunto donde reafirmaron “el compromiso de luchar para impedir que se apruebe la reforma laboral”. Las protestas comenzarán este jueves en Córdoba y seguirán el martes 10 en Rosario.

Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores) y Hugo “Cachorro’ Godoy” (CTA Autónoma) anunciaron las medidas en conferencia de prensa y no solo le hablaron a la CGT, sino también a los gobernadores: les exigieron que “no convaliden esta entrega de los derechos de los trabajadores”.

“Este proyecto es un ataque directo a los derechos de todo nuestro pueblo y un golpe a la democracia misma. No se trata de ninguna “modernización”, sino de un intento de regresión brutal que pretende retroceder las condiciones laborales al siglo XIX”, advirtió Godoy.

El sindicalista denunció que se busca “eliminar conquistas históricas como las vacaciones pagas, el descanso semanal, la indemnización, la jornada de ocho horas y las garantías mínimas de protección”, y concluyó que “las consecuencias serían más precarización, crecimiento de la informalidad, aumento del desempleo y mayor exclusión social”.

Por su parte, Yasky señaló que el debate se da en un contexto donde “Argentina atraviesa uno de los salarios promedio más bajos de América Latina” y “el sector público es tomado como rehén, con una pérdida de alrededor del 30% del poder adquisitivo, en medio de anuncios de miles de nuevos despidos”.

Corresponsalía Buenos Aires.