Lesa humanidad: una docena de causas por esos delitos en Río Negro aguardan justicia 

Días atrás se conocieron los fundamentos del veredicto en la causa «Escuelita VIII”, definido en diciembre del 2024 y que halló culpables a integrantes del sistema judicial neuquino por su complicidad en la última dictadura. Considerada “histórica”, después de siete juicios previos y un largo camino desde 2008, la medida abrió un interrogante en la vecina provincia: ¿qué pasa con los casos en Río Negro?

El tratamiento de causas tanto en Neuquén como en Bahía Blanca, los dos puntos fuertes en cuanto a densidad poblacional y a estructura judicial disponible, motivó que la atención de la ciudadanía, la cobertura mediática y la presión de los grupos de familiares y de defensa de Derechos Humanos se centraran allí. Las enormes distancias entre tres provincias también jugaron en contra. Aún así, testimonios de rionegrinos aportaron a esos procesos, teniendo en cuenta que la metodología de la represión supo incluir secuestros en una localidad y detenciones seguidas por tormentos en otra jurisdicción, en dependencias policiales federales y provinciales e inclusive en cárceles de otros puntos del país.

Pero en el medio, Viedma, capital rionegrina, también registró lo propio. “Como esa parte de Río Negro dependía de las fuerzas militares en Bahía Blanca, necesariamente fue requisito la complicidad policial, del empresariado, de los entregadores, también en la Región Sur, para activar el aparato de seguimiento y persecución”, opinó María Inés Hernández, secretaria de Derechos Humanos del gremio Unter y presidenta del Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro.

Causas por lesa humanidad en Río Negro | Reconstruir 50 años después

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Como ejemplos concretos de esa realidad de la que también fue parte esta provincia, aunque haya quedado en el recuerdo definirla como “más tranquila” que Neuquén o la provincia de Buenos Aires, se puede enumerar una docena de denuncias en trámite que hoy siguen vigentes en el Juzgado Federal de Viedma, que funciona a la par de una dependencia similar en Roca y que tiene dentro de su jurisdicción a los departamentos Bariloche, Ñorquincó, Pilcaniyeu, 25 de Mayo, 9 de Julio, Valcheta, San Antonio, General Conesa y Adolfo Alsina.

12 son en total los expedientes, informaron desde allí, ante la consulta de Diario RÍO NEGRO. En ellos, según se compartió en la medida de lo posible, por las restricciones al acceso público que pesan sobre sus detalles, “algunos cuentan con imputaciones, así como también con querellas presentadas. Varias de estas causas, similar a lo que sucedió en Neuquén con “La Escuelita”, son causas ‘madre’, de las que van desprendiéndose hechos e imputados” para otras derivadas, se agregó desde la Justicia Federal.

En el dato de las querellas, el Archivo Provincial de la Memoria (APM) indicó que dos causas cuentan con la participación de la Provincia de Río Negro como querellante, con representación a cargo de la Fiscalía de Estado, mientras que una tercera también sumó a la Secretaría de DD.HH. de la Nación en ese rol. La mayoría se encuentran recién en la etapa de instrucción y giran “en torno a casos de privación ilegal de la libertad, lo que se traduce en secuestros, traslados a las distintas dependencias policiales, militares y unidades penitenciarias”, sumaron.

Justamente esa oficina civil, que funciona en la Casona de la Memoria, cerca de la costanera viedmense, es el contacto inicial con aquellos que consultaron por una inquietud sobre su historia personal y que al hablar, entendieron que lo que habían sufrido encuadraba dentro de los delitos de lesa humanidad. Desde allí se aportaron a la Justicia datos de todo tipo, en el intento de facilitar la construcción de pruebas y la identificación de involucrados, por situaciones sacadas a la luz décadas después de años de silencio, duelo y dudas.

En 2012 llegó la más antigua que se convirtió en denuncia. Sin embargo, para la Justicia Federal, esos aportes no revisten mayor jerarquía que la de “colaboraciones”, que no compensan lo que ellos valoran como pruebas “directas” o “de primera mano”, recolectadas por el equipo propio, aún cuando reconozcan lo complejo de ese objetivo, en función del paso del tiempo, la cantidad de afectados y el rastreo en otras localidades.

“Las demoras son un factor sumamente álgido que desde los juzgados en general se está tratando de acortar y evitar”, explicaron funcionarios judiciales a este medio. “De hecho, tras la adversidad de la pandemia, se ha logrado encausar pruebas, como por ejemplo declaraciones testimoniales, de forma virtual para poder contar de inmediato con su producción. Antes, esto era por exhortos, que hacían dilatar mucho ese tipo de medidas”, valoraron.

Causas por lesa humanidad en Río Negro | “Impunidad biológica”

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Con todo esto a cuestas, los meses y años transcurren, hundidos en la complejidad de marchas y contramarchas dentro del sistema legal. Una de las denuncias, por ejemplo, tramita desde 2017, en torno a un operativo de la policía de Río Negro de 1977, en el que secuestraron a 13 jóvenes de Viedma, que estaban reunidos festejando un cumpleaños en una casa.

“Varios eran menores de edad, incluida una niña de 3 años, hija de la dueña de la vivienda. Todos fueron trasladados a la Comisaría 1° de Viedma y la pequeña permaneció varios meses allí junto a su madre. Luego de interrogarlos en el juzgado federal, algunos también fueron derivados al Distrito Militar. 12 de ellos pudieron declarar”, repasaron desde el APM. De ese tenor son las situaciones vividas en “la tranquila” Río Negro.

Lo ocurrido en la huelga de trabajadores de HIPASAM (Hierro Patagónico de Sierra Grande Sociedad Anónima Minera), si bien ocurrió meses antes de la última dictadura de 1976, también está contemplado dentro de esta lista de pendientes. Este año, en noviembre, se cumplirá el 50° aniversario de ese reclamo obrero por mejoras laborales, que derivó en detenciones y traslados a las unidades penitenciarias de Viedma, Rawson y Villa Floresta, de hombres y mujeres, según describió el APM.

Uno de los hijos de esos empleados, obligados a abandonar Sierra Grande por la represión, motivó que se logre una ampliación de la investigación, la identificación (y en muchos casos localización) de 138 de las 300 víctimas aproximadamente, incluidas mujeres e infancias que estaban en los allanamientos. “Muchos no volvieron a Sierra Grande hasta el momento en que se hicieron los reconocimientos de los lugares donde permanecieron secuestrados, como el Campamento de HIPASAM, la Villa Hipasam, la Comisaría 13 de la policía rionegrina. De esas víctimas, 24 pudieron declarar. Hay pedido de imputaciones que aún el juez federal no ha resuelto”, remarcaron desde el APM.

Cubrir el rol de titularidad en el Juzgado Federal de Viedma, específicamente, es otra de las deudas. Al momento de esta nota, hacía poco más de 20 días que había asumido como subrogante el magistrado Hugo Horacio Greca, que ya ejercía lo propio en General Roca, donde sí es titular y ahora cubrirá ambos cargos. Ese trabajo repartido por pocos años y que ya intercalaron tiempo atrás con otro colega, Ezequiel Humberto Andreani, se suma a la ausencia de una Fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad dentro del Ministerio Público, como factores que complican aún más la definición y los avances en las causas.

Aún así, las fuentes judiciales consultadas defienden lo realizado, asumen que trabajan con lo que tienen, incluido un presupuesto limitado al igual que la cantidad de jueces que, llegado el momento, como señalaron desde la APDH Neuquén (Asamblea por los Derechos Humanos), viajan desde distintas provincias para poder conformar cada tribunal correspondiente, cuando llega la instancia del juicio propiamente dicho.

Trabas al fin que debilitan la posibilidad de una justicia reparadora, que esclarezca lo sucedido, condene a los responsables y en todo caso, aclare la situación con aquellos que ya pisan los 90 años y que insisten en su inocencia. Todo frente a delitos que no prescriben, pero cuyos involucrados sí van falleciendo en el camino (impunidad biológica) o perdiendo recuerdos valiosos, sin contar a los que bloquean la predisposición, cansados de la revictimización.

En la última estadística difundida por el Ministerio Público Fiscal, desde la Procuración General de la Nación, señalaron que a marzo de 2025 se investigó a 3824 personas por delitos de lesa humanidad en el país, de los cuales se condenó a 1197, mientras otros 1222 ya fallecieron. De los actuales detenidos, 56 cumplen su pena en el servicio penitenciario, 61 en Campo de Mayo y otras dependencias federales pero 498 accedieron al arresto domiciliario.

Causas por lesa humanidad en Río Negro | Enriquecerse en dictadura

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Ante ese panorama, María Inés Hernández fue contundente. Consciente de que estas demoras perjudican a las víctimas, sus familiares y a la sociedad toda, que merece conocer la verdad y cultivar la memoria, afirmó que:

Apuntó a los casos que desde la organizaciones pudieron reconstruir en el Alto Valle y en la cordillera, por ejemplo, en torno a un modelo del que “las Fuerzas Armadas fueron la mano de obra” para permitir la apropiación de bienes y liberar el camino para que distintos rubros económicos queden en pocas manos, borrando del medio a las cooperativas, aseguró.

“Con la muerte, cada uno se lleva información. Y del otro lado, cada vez nos quedan menos Madres de Plaza de Mayo y menos Abuelas. En ellas radicaba el peso de la palabra”, se lamentó la referente. Desde su óptica, por ejemplo, lo vivido en HIPASAM constituyó claramente un “ensayo previo, una prueba piloto” para todo lo que ocurriría después.

Finalmente, para el secretario a cargo de la temática en el actual gobierno provincial y presidente del APM, Roberto Ferraro, todo se trata de una “decisión” del poder judicial en la que costará que el sistema acepte poner en el banquillo de los acusados a ex integrantes de su misma estructura. Es que en las causas aún pendientes de condena, en varios casos, se pidió la imputación de civiles, pero también de integrantes del ámbito judicial, además de miembros de la Policía Federal y de la provincial. “Insistimos en la celeridad pero ‘el poncho no aparece’”, dijo reformulando un dicho popular.

Comparando el panorama rionegrino con los objetivos ya logrados del otro lado del puente, en Neuquén, Ferraro reconoció que esas condenas de la “Escuelita VIII” generaron cierto malestar de este lado del norte patagónico. “La movilización neuquina ha sido históricamente muy fuerte, pero en Río Negro no se ve lo mismo”, asumió. A su entender, por mucho tiempo, los grupos que ocuparon cargos de relevancia en la provincia dilataron las definiciones, buscando invisibilizar responsabilidades, incapaces de reconocer esta posibilidad: “¿Cómo es que uno de nosotros puede ser el malo?”, acusó.