Otro conductor de Uber fue multado en Villa La Angostura: cuáles son las infracciones millonarias labradas en Neuquén

Otra vez en Villa La Angostura el municipio infraccionó a un conductor de Uber. En la localidad cordillerana es el segundo caso que pasa en menos de un mes. Cuáles son los antecedentes en Neuquén y qué multas pagaron los infraccionados.

Según informó la secretaría de Seguridad, el conductor fue multado por proveer el servicio de transporte de pasajeros en una aplicación que no está habilitada en el municipio.

«El mismo no contaba con la licencia correspondiente ni con la autorización municipal exigida para esta actividad», detallaron.

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Más conductores de Uber multados en Neuquén

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En la ciudad hubo un reciente antecedente, la primera semana de septiembre: durante un operativo de control, un conductor intentó escapar y tras ser interceptado dieron que trabajaba de Uber sin habilitación.

«La habilitación no es un trámite formal, sino el mecanismo de control que permite verificar que los vehículos tengan seguro, condiciones mecánicas adecuadas, higiene, y que los conductores cuenten con la licencia correspondiente», reportaron desde el Juzgado de Faltas.

En aquella ocasión, el conductor debió pagar $1.655.000 por no contar con habilitación e intentar escapar.

Por otra parte, a fines de agosto, un conductor de Uber fue interceptado por el municipio de Centenario operando sin habilitación.

Según informó el secretario de Tránsito, Transporte y Bromatología de Centenario, Benito Torres, el hecho ocurrió sobre la Avenida Libertador, frente al hospital Dr. Natalio Burd. 

En contacto con Diario RÍO NEGRO, el funcionario indicó que personal municipal ingresó a la aplicación de transporte para monitorear el movimiento de vehículos registrados allí.

«Identificamos al vehículo con dominio, foto y nombre del chofer y se detiene. En este caso, los pasajeros manifestaron q era Uber», relató.

El conductor después admitió que estaba transportando pasajeros, lo cual dado a la reciente modificación del Código de Faltas en la ciudad, el municipio procedió a secuestrarle el auto por operar como transportista particular sin habilitación.

Torres indicó que fue infraccionado por falta de habilitación para ejercer transporte de personas, según lo indica el artículo 352 del Código de Faltas, y que la jueza interviniente puede disponer una infracción entre 200 y 2.000 módulos. Aproximadamente, cada uno equivale a $8.000, por lo que la multa varía entre $1.600.000 y $16.000.000.

A esto, el conductor infraccionado también deberá abonar el valor del acarreo y también el tiempo de estadía hasta que pague la sanción (cada día sería un monto estimativo de $1.400).

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Qué pasa con Uber en Río Negro

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A mediados de septiembre, el Concejo Deliberante de Allen aprobó por mayoría una ordenanza que busca establecer un marco normativo para el uso de aplicaciones de transporte como Uber. El primer artículo de la normativa aprobada establece la prohibición de «todo servicio de transporte automotor de pasajeros que no se encuentre regulado mediante las ordenanzas pertinentes y no cuenten con la habilitación municipal correspondiente».

De ser ratificada por el Ejecutivo municipal, la ciudad se convertiría en el primer municipio del Alto Valle de Río Negro en contar con una legislación específica para este tipo de servicios.

En Cipolletti, por su parte, el intendente Rodrigo Buteler anticipó que iba a presentarse un proyecto para regular el funcionamiento de las plataformas digitales que ofrecen servicios de traslado de pasajeros.

Toda se dio en medio de la disputa que hay en la ciudad entre taxistas y los que usan aplicaciones como Uber. El secretario de Fiscalización, Diego Zúñiga, confirmó que la iniciativa se envió al Concejo Deliberante.

Mientras tanto, en Villa Regina el bloque del PRO presentó un proyecto para regular la operación de las aplicaciones de servicio de transporte como Uber, Cabify y Didi a partir de un marco legal para su funcionamiento.

Por último, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro rechazó una acción de inconstitucionalidad presentada por la Asociación de Propietarios de Automóviles Taxímetros (Apat) de Bariloche. 

La entidad buscaba frenar el referéndum popular convocado por el intendente para decidir sobre la posible llegada de plataformas como Uber y Cabify, argumentando que la facultad de habilitarlas corresponde exclusivamente al Concejo Deliberante.