«Siguen imaginando un futuro mejor»: qué reveló el estudio de la UBA sobre jóvenes vulnerables

Casi la mitad de los jóvenes de Argentina vive hoy en condiciones de vulnerabilidad social. Sin embargo, no han renunciado a imaginar un futuro mejor. Así lo muestra un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizado sobre 1.002 casos en todo el país. «Lo que se amplía es la brecha entre esas expectativas y los recursos, las instituciones y las oportunidades que tienen al alcance para poder realizarlas», enfatiza el director del estudio, Juan Cruz Esquivel.

La investigación nació del contacto directo con los barrios populares, cuando el equipo del Ciclo Básico Común (CBC) realizaba talleres de salud mental y convivencia democrática en del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Allí aparecían, una y otra vez, las mismas escenas: trabajos precarios, ansiedad, miedo en por la inseguridad, pero también ganas «progresar».

Así surgió la pregunta: «¿Esto pasa solo acá o es un fenómeno extendido en todo el país?». Esquivel señala que, para responderla, entre diciembre de 2025 y enero de 2026 se hicieron encuestas presenciales a jóvenes considerados «vulnerables» según dos criterios: que tengan como máximo la primaria completa, y quienes, sin importar su educación, viven en hogares con privaciones económicas o estructurales, de acuerdo al índice del INDEC.

El resultado fue contundente: ese universo representa al 48,9% de los jóvenes argentinos, más de 4,1 millones de personas.

Educación: el 60,5% no terminó el secundario

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Dentro del informe «Jóvenes vulnerables en la Argentina», la educación aparece como una fractura central: el 60,5% no terminó el secundario. «La educación secundaria incompleta evidencia una temprana desvinculación del sistema educativo formal», señala el documento. Ese quiebre profundiza la desigualdad y limita las posibilidades de inserción laboral de calidad.

Sin embargo, la escuela también es percibida como la principal llave para salir de esa situación. El 85,7% considera que estudiar le permitiría mejorar su calidad de vida. «El nivel educativo opera como el principal factor protector frente a la vulnerabilidad», subraya el informe. Así, postulan a la terminalidad educativa como un eje ineludible de cualquier política pública.

En cuanto a las intenciones de volver al sistema educativo, Esquivel menciona que «aquellos que han llegado a mayor nivel educativo tienen expectativas de retomar alguna instancia formativa que quedó trunca». Pero para quienes solo completaron la primaria o abandonaron la secundaria hace más tiempo, les cuesta imaginarse volviendo a estudiar. «No figuran en el horizonte el retomar los estudios, sino que la expectativa está en conseguir trabajo o tener un trabajo mejor», señala el investigador.

Trabajo, precariedad y el mito de los “ni-ni”

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En el terreno laboral, el estudio desarticula un discurso instalado en el imaginario social: «Los jóvenes no quieren trabajar». «El 70% de los jóvenes vulnerables trabajan», remarca Esquivel. Aunque solo alrededor del 10% del total tiene un empleo formal en relación de dependencia: el resto se sostiene en changas, cuentapropismo precario, venta ambulante o empleos no registrados.

Entre quienes no tienen trabajo, la búsqueda reciente de empleo alcanza solo a cuatro de cada diez, lo que, según el informe, evidencia «procesos de desánimo profundamente arraigados».

Aparece, además, el grupo de los “triple ni”: quienes no estudian, no trabajan y tampoco buscan trabajo. «Del 30% de jóvenes que no trabajan, un tercio no trabaja, no estudia ni busca trabajo. Esos serían los triple NI», precisa el investigador.

Esquivel señala que los «triple ni» se sostienen por sus entornos más cercanos. «Están en hogares numerosos donde la supervivencia está garantizada por otros», explica. El investigador advierte que no se trata de jóvenes «sin proyecto». «Están insertos en un ambiente social que muestra que el esfuerzo no es garantía para salir de la vulnerabilidad, porque aún los que trabajan lo hacen en condiciones informales, inestables, precarias, y manifiestan no poder llegar a fin de mes», enfatiza.

De hecho, según el informe, en el 57% de los hogares de los jóvenes vulnerables los ingresos no alcanzan para concluir el mes.

Frente a este panorama, Esquivel plantea que «las políticas públicas tienen que pensar, primero, cómo volver a sintonizar la educación con el trabajo». Es decir, ofrecer propuestas formativas que les resulten significativas y que estén ligadas a una inserción laboral «con empleo de calidad y de continuidad laboral».

Pese a las dificultades para sortear el mercado laboral, cuando se les pregunta por el futuro, el trabajo aparece en el centro de sus planes. «Quieren conseguir un trabajo los que no tienen, y buscan conseguir un trabajo mejor los que sí tienen y no están a gusto», comenta Esquivel.

Religión, contención y giro al punitivo

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El informe también ilumina el costado simbólico de estas trayectorias. Las comunidades religiosas aparecen como uno de los pocos espacios colectivos donde los jóvenes vulnerables encuentran refugio. Las iglesias evangélicas concentran el 37,6% de las adhesiones, por encima del catolicismo (30,8%), mientras que casi un 30% declara no tener religión.

«Le preguntamos a los jóvenes si participan de alguna institución o de algún espacio colectivo», cuenta Esquivel. Lo que encontraron fue «una alta fragmentación y un alejamiento de cualquier espacio institucional o comunitario» como punto de partida.

Frente a ese escenario, «las comunidades religiosas siguen funcionando como espacios de contención», mientras que los clubes de barrio y las asociaciones deportivas aparecen en un segundo plano, con una presencia mucho más baja que en décadas anteriores.

En paralelo, se observa un clima social cada vez más duro frente al delito y la migración. De acuerdo a la investigación, seis de cada diez jóvenes vulnerables están a favor de la pena de muerte para delitos graves y una amplia mayoría respalda controles migratorios más estrictos.

Este endurecimiento se refleja también en la urnas: el 38% de los jóvenes vulnerables votó a Javier Milei en las elecciones de 2023. En los sectores de menor instrucción este posicionamiento es más marcado que en aquellos con algún grado de formación.

Este fenómeno puede vincularse con la desprotección que sienten en su vida cotidiana. «En el AMBA se han advertido más situaciones de violencia que en el resto del país e incluso han reconocido residir en un entorno inseguro», afirma Esquivel.

Ante la falta de respuestas del Estado y la fragmentación de los lazos comunitarios, los jóvenes parecen demandar orden y medidas extremas como respuesta a una realidad que los vulnera.

El impacto en la salud mental: la ansiedad y la tristeza «forman parte de la vida cotidiana»

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La precariedad de las condiciones materiales de existencia calan hondo y repercuten en la salud mental. «Los signos de malestar psicológico no constituyen experiencias excepcionales, sino que forman parte de la vida cotidiana», advierte el informe.

Más del 70% de los jóvenes declara problemas frecuentes de nervios o ansiedad, la mitad reporta síntomas compatibles con depresión y tristeza profunda y el 30% reconoce dificultades para controlar consumos problemáticos, desde alcohol y drogas hasta el uso del celular y las apuestas virtuales.

La situación se complejiza, ya que el 78% no tiene obra social ni prepaga y depende del sistema público, sobrecargado ante el aumento de la demanda. «Generalmente el sistema de salud está más preparado para atender las emergencias clínicas y no tanto las de índole de salud mental. Y también del lado del paciente, uno en general reconoce más las enfermedades clínicas que las psicológicas, por lo cual sí, ahí hay un déficit importante a tener en cuenta», afirma Esquivel.

Políticas públicas y expectativas a futuro en los jóvenes de Argentina

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Para Esquivel, este estudio es importante porque permite dimensionar a escala nacional problemas que el equipo solo veía en talleres puntuales. «Nuestro rol como investigadores es poner el lente en determinadas dinámicas o funcionamientos de nuestra sociedad y justamente ponemos a disposición estos datos para que puedan pensarse políticas públicas que tiendan a revertir estas situaciones», sostiene.

Entre las prioridades, el investigador destaca dos grandes ejes: volver a articular educación y trabajo, y poner la salud mental juvenil en agenda. En el primer caso, insiste en que no alcanza con programas de revinculación escolar si luego no hay empleos de calidad que hagan valer ese esfuerzo.

En el segundo, plantea que las políticas públicas dentro de Salud deben incorporar dispositivos comunitarios y preventivos en los barrios donde viven estos jóvenes.

El relevamiento forma parte de la serie “CBC investiga” y busca abrir una línea de seguimiento. «Esta es la primera serie de este relevamiento. Apostamos a poder replicarla para ver la evolución del estado de situación», anticipa Esquivel. La intención es monitorear si en los próximos años disminuye la desocupación, mejora la calidad del empleo, se reduce la informalidad y se fortalecen las condiciones materiales y subjetivas.

Cuando se les pregunta a los jóvenes vulnerables en dónde se ven a cinco años, las respuestas se concentran en conseguir trabajo, mejorar el que ya tienen, continuar los estudios y acceder a una vivienda propia o mudarse a un barrio mejor. Lejos de la idea de una juventud sin rumbo, Esquivel enfatiza: «No hay un problema de falta de expectativas, el problema es que se derrumbaron las condiciones que lo vuelven posible».